La desregulación del transporte automotor de pasajeros por carretera de media y larga distancia anunciada por el ministro Federico Sturzenegger a partir del decreto 883/2024, la cual entre otras medidas deroga la figura de “servicio Público”, elimina obligaciones de conectar recorridos y rutas poco rentables.
Este anuncio significa que el transporte ahora pasa a regirse por la lógica del mercado,
con destinos que por no ser rentables van a dejar de estar conectados, haciendo que las personas paguen más caro para viajar en peores condiciones y con menos seguridad.
Con esta medida las empresas van a decidir libremente los recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios que presten, dejando las necesidades y pedidos de los usuarios fuera de cualquier consideración.
Una vez más Milei decide destruir algo en vez de mejorar lo que funcionaba mal, la desregulación se aplica en países como Perú, donde sus efectos son desastrosos o en Chile, donde los malos resultados hicieron que se abandonara este sistema.
La eliminación de las exigencias para el transporte supone además un riesgo para todos los usuarios. Por la política de ‘silencio positivo’ (establecida en la Ley Bases) cualquier persona o empresa que se inscriba virtualmente puede empezar a operar después de 5 días, nadie va a controlar las condiciones técnicas de seguridad de esos vehículos ni la estabilidad de quienes los manejan.
Esperamos que el gobierno provincial rechace esta normativa y proteja el transporte que conecta a las localidades santafesinas, para garantizar la seguridad de los pasajeros. Es hora de que las provincias empiecen a ponerle límites a la voracidad destructiva de Milei.
Lucila De Ponti.
Diputada provincial del Movimiento Evita. Presidenta de la Comisión de Transportes de la Cámara.
