Hace más de cuarenta años, en la Argentina y en el resto del mundo, florecieron las radios alternativas, un gesto colectivo que surgió por la necesidad de encontrar nuevos canales de comunicación para los distintos sectores de la sociedad, empujados por la conciencia de que era posible democratizar las comunicaciones.
El 10 de octubre de 2009, gracias a la militancia de distintos sectores sociales, se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA, conocida como ley de medios. Lo que estuvo en el corazón de la norma fue garantizar desde el estado el derecho a la existencia y el funcionamiento de distintos espacios de comunicación, a lo largo y ancho del país, tanto públicos, comunitarios, como cooperativos.
“La ley y la política pública que la acompañaron fueron el resultado de la demanda de un conjunto de actores que sostuvo la necesidad de democratizar las comunicaciones. Se promovió la diversidad y el pluralismo en un ecosistema mediático que durante los 90 se había tornado cada vez más reducido”, recordó la doctora Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA sobre la norma.
La nueva Ley reemplazó a la de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura cívico eclesiástico militar que, de este modo, quedó derogada.
“Desde su creación, las radios a las que se llamaba truchas buscaron un marco legal y fueron mejorando su calidad técnica. Acá en La Matanza, en el 2000, los nuevos actores del territorio se juntaron, se extendieron por todo el oeste bonaerense y nació UCAYA, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines”, dijo a PáginaI12 el presidente de la entidad, Guillermo Saucedo, quien acompañó la lucha por el proyecto de la ley 26522. “Juntos encontramos entonces mejores orejas para ser escuchados. Ya con la ley sancionada se promovió el impulso de los medios locales para solicitar políticas públicas en las comunicaciones”.
“Acá las radios son predominantemente pymes”, explicó la periodista Moira Mc Loughlin, ex secretaria de Comunicación del Municipio de Marcos Paz durante la sanción de la LSCA. “En ese marco, pudimos inaugurar la Radio Pública, que es municipal, y para cuya programación invitamos a formar parte a las organizaciones e instituciones intermedias, porque consideramos que había que integrarla con producciones propias de la comunidad”.
Sin embargo, con el gobierno de Javier Milei, la situación cambió radicalmente. “Bajo su gestión se multiplicaron las agresiones a la prensa con amenazas, causas judiciales, insultos a periodistas y cierres de medios, se trata de un ataque inédito sobre los derechos de las y los trabajadores de la comunicación”, dijo el periodista Luis Lazzaro, magister en Educación, Lenguajes y Medios y ex gerente de Télam. “Las políticas del gobierno contra los trabajadores se expresan además en la pérdida del poder adquisitivo del salario, la destrucción del empleo y el ataque a sus organizaciones sindicales”.
La sanción de la ley fue un trabajo horizontal, producto de la labor de mucha gente que caminó el país y articuló la diversidad de las militancias, expandiéndose hasta llegar a los medios y sintetizando sus necesidades en una nueva normativa.
“Si bien no se logró ponerle freno a la concentración mediática, hubo medidas beneficiosas como el fondo de fomento para medios comunitarios, populares e indígenas a través de la asignación de un porcentaje de los impuestos para la promoción y fortalecimiento de estos medios”, aportó Kejval. “Hoy no se está implementando, pero la población debería acceder gratis a la televisación del fútbol, que fue recapturada por el mercado obligando a pagar abonos. Otro aspecto positivo fue la construcción de órganos colegiados en los que participaban las provincias, las universidades nacionales, los medios comunitarios, las y los trabajadores de medios”.
Según Saucedo, en el ámbito de las comunicaciones ocurrió desde el último diciembre lo mismo que con docentes, jubilados y trabajadores. “Se les retacean recursos y con mucha imaginación y poco sostén, algunos medios comunitarios siguen funcionando. Los costos de infraestructura y servicios se multiplicaron en un 500 por ciento. En muchos casos se bajó la potencia o se apagaron los equipos y se dirigen a la audiencia de manera online. La política oficial es muy dañina, quieren que el estado desaparezca y lo maneje todo el mercado, los medios locales son un espejo del estado de la comunidad, que ya venia arrastrando la falta de apoyo”.
“Milei ataca el concepto de pluralidad, pero los gobiernos anteriores tampoco completaron su apoyo a la ley, que aunque se sancionó nunca se aplicó de forma completa. Aparecieron además las redes pero la asignación de sus frecuencias, sus permisos, son cuentas pendientes a las que se suma el debate interno para ampliar la demanda. Hay que incorporar lo digital, los sitios web, los youtubers, los streaming, analizar el grado de participación y garantizar la democracia en esos espacios”, dijo Saucedo.
“La situación actual de los medios pymes y comunitarios es preocupante”, sumó Mc Loughlin. “Están atravesando la misma problemática que la mayor parte del país: su preocupación central es como pagar la luz o el alquiler. El contexto económico los asfixia. Por otro lado, la discontinuidad de políticas públicas de apoyo y fortalecimiento de experiencias comunitarias impacta directamente en el mapa de la comunicación y reduce la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Hoy en día la única fortaleza en el ámbito de la comunicación popular y comunitaria es la creación de redes para organizar espacios de resistencia”.
“El gobierno de LLA avanzó a contramano de las normas democráticas desmantelando por decreto a los medios públicos e instituciones de fomento sectorial”, señaló Lazzaro. ”También intervino los órganos reguladores de la convergencia comunicacional y la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, avasallando las competencias de ambas cámaras del Congreso Nacional en su gestión y conducción. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Radio y Televisión Argentina (RTA) y los medios públicos están sometidos a un ajuste salvaje y a la pérdida de sus funciones legales. En el caso de Télam han clausurado el servicio informativo, mientras la programación regional de Radio Nacional es reemplazada por conferencias del vocero presidencial y contenido porteño. Existe un verdadero apagón informativo, que cuenta con el silencio cómplice de medios que antes reclamaban por un sistema público sin injerencia gubernamental. Los fondos legalmente creados para la promoción del cine nacional, el teatro argentino, la música independiente, el sistema de medios comunitarios e indígenas, así como para la conectividad a internet en zonas con vulnerabilidad social o geográfica, están pisados. El uso discrecional de la pauta afecta la sostenibilidad de medios pymes, comunitarios, universitarios y cooperativos. Todo ello ha creado un estado de emergencia informativa y cultural que afecta la calidad de la democracia”, aportó Lazzaro quien definió a la actual como “una etapa atroz”.
Volviendo al proceso que ahora se evoca y fue consecuencia de un trabajo de articulación y de activismo de mucho tiempo, Kejval, autora del libro Libertad de antena, remarcó que “Fue fundamental la convergencia para la comunicación democrática, la elaboración de activistas, medios populares alternativos, sindicatos de trabajadoras y trabajadores de los medios, referentes de organismos de derechos humanos, de otros sindicatos y de organizaciones sociales que lograron ponerse de acuerdo en las cuestiones básicas de las comunicaciones”.
La sanción de la LSCA fue un trabajo horizontal, producto de la labor de mucha gente que caminó el país y articuló la diversidad de las militancias, expandiéndose hasta llegar a los medios y sintetizando sus necesidades en una nueva normativa. Si ocurrió una vez, ¿porqué no pensar que en un futuro pueden recuperarse e incluso ampliarse esas conquistas?
“Si bien no se logró poner freno a la concentración mediática, hubo medidas beneficiosas como el fondo de fomento para medios comunitarios, populares e indígenas a través de la asignación de un porcentaje de los impuestos para la promoción y fortalecimiento de estos medios. Hoy no se está implementando, pero la población debería acceder gratis a la televisación del fútbol, que fue recapturada por el mercado obligando a pagar abonos. Otro aspecto positivo, que se desmanteló, fue la construcción de órganos colegiados en los que participaban las provincias, las universidades nacionales, los medios comunitarios, las y los trabajadores de medios”, sumó Lazaro.
La ley sigue vigente aunque durante el macrismo sufrió modificaciones que limitaron la participación y dejaron vía libre a la concentración. Hoy se asiste a un cambio tecnológico que reconfiguró brutalmente el sistema, con una presencia cada vez mas fuerte de corporaciones de capital transnacional, modificando los modelos de negocios y dando lugar a las plataformas como nuevas empresas empaquetadoras de contenido que requerirían de una regulación que garantice y promueva la producción, el trabajo y la identidad nacional.
“Se requieren nuevas regulaciones y políticas públicas, pero el espíritu de la ley continua vigente: limitar la concentración, promover la diversidad y el pluralismo informativo y comunicacional a partir de un rol activo del estado, también propiciar la producción local y la soberanía”, finalizó Kejval.
