La plataforma X (Twitter) volvió a Brasil. Para lograrlo, Elon Musk tuvo que cumplir todas las exigencias que le fueron impuestas por el juez del Tribunal Supremos Alexandre de Moraes. Entre Musk y Moraes hay un fuerte conflicto político. En el centro del problema está la discusión por la libertad de expresión y la necesidad de regular la difusión de los discursos de odio.

El magistrado brasileño había suspendido temporalmente el acceso a la red social, acusándola de no cooperar en la eliminación de contenidos que difundían información falsa, fomentaban la desinformación, los discursos de odio y la incitación a la violencia.

El juez Moraes temía que Twitter fuera un canal por donde se dispararan durante los comicios municipales celebrados recientemente las noticias falsas y las acusaciones infundadas producto de la polarización que vive el país. Pero no pudo impedir que ocurriera con otras redes sociales.

“Decreto el fin de la suspensión y autorizo el retorno inmediato de las actividades de X Brasil Internet LTDA en territorio nacional y ordeno a Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) que adopte las medidas necesarias para implementar la medida en 24 horas”, sentenció Moraes en su fallo.

Si bien el conflicto tuvo un origen político --Musk es un fiel partidario de Bolsonaro y Moraes se inclina por Lula-- la suspensión puso de relieve la creciente tensión entre las plataformas digitales y los gobiernos que buscan regular su contenido en defensa de la seguridad pública.

En septiembre, la Justicia ordenó suspender temporalmente el acceso a X porque la plataforma se negó a eliminar una serie de publicaciones que se consideraron falsas y dañinas para el clima social del país. 

Uno de los detonantes del conflicto y de la suspensión fue la amplia difusión de mensajes que incitaban al odio, en particular en los ámbitos políticos y raciales, en un contexto de fuerte polarización por las elecciones.

La legislación brasileña, que desde hace varios años endureció su posición frente a las grandes empresas tecnológicas, establece penas severas para aquellas plataformas que no cumplan con las regulaciones locales.

Para conseguir que el magistrado levantara la suspensión de Twitter, Musk tuvo que bloquear 9 perfiles de simpatizantes de Bolsonaro, acusados de incitar el odio.

También debió pagar multas por unos 5 millones de dólares y nombrar una abogada con matrícula activa en Brasil.