En un violento operativo, un grupo de policías encapuchados entró durante la noche del martes a la casa de Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana y dirigente social del espacio de Juan Grabois. Los policías le pegaron a una de sus hijas, también la golpearon a ella luego de tirarla al piso agarrándola de los pelos, durante dos horas no permitieron que los abogados que fueron a asistirla ingresaran. Grabois responsabilizó por el hecho al gobierno nacional y advirtió que fue un accionar propio de la dictadura. Aunque más tarde se supo que la causa que sirvió como excusa para este ataque se originó en una fiscalía de San Martín y la policía que actuó fue la bonaerense, las ramificaciones de todo el episodio no están aún claras. ¿Fue un hecho vinculado al narco, cuyo avance ante la retirada del Estado y la crisis económica Miño venía denunciando? ¿Es parte de la ofensiva del gobierno libertario contra las organizaciones sociales? ¿Es nada más que otro accionar brutal de la policía cuando el objetivo es una vivienda de una villa? Lejos de convalidar la gravedad del hecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, salió a cruzar a Grabois. “El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, escribió en sus redes.

La exsecretaria de Integración Sociourbana es una militante del Frente Patria Grande que nació en la villa de La Cava, en San Isidro. Fue catequista durante muchos años, en los que armó en el patio de su casa un centro para dar contención a los niños y adolescentes del barrio. Es esa misma casa, donde sigue viviendo, la que fue allanada.

Miño contó que el martes, luego de hacer una entrevista en el canal C5N en la que cuestionó al gobierno por la paralización de las obras de urbanización de los barrios populares, estuvo en la presentación de un documental de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández. Después acompañó a Retiro a una compañera de militancia y volvió a su casa pasadas las diez de la noche. En la cocina, sus hijas estaban armando una maqueta para la escuela cuando la policía empezó a forzar el portón de entrada. La dirigente tiene cuatro hijas mujeres, que estaban en la casa cuando ocurrió el operativo. Son mellizas de 12 años, una de 16 y la más grande de 21. Fue con ella con la que más se ensañaron: la joven le quiso abrir a los policías, pero ellos rompieron el portón y entraron de la peor manera, golpeándola en la cara. 

Miño estaba en el primer piso de la vivienda y al escuchar los gritos bajó. “Les pedí que no le peguen, que no la lastimen. Entró uno con un escudo y me apuntó con un arma. Cuando les pedí la orden de allanamiento me pegaron”, contó.

Detalló que le dieron un golpe en la nuca y la tiraron al piso agarrándola de los pelos. “Me insultaron y solo decían: ‘Es un allanamiento, es un allanamiento’”.

A su esposo, Juan Carlos Molina, lo mantuvieron también en el suelo, apuntándole con armas largas.

“Nos tuvieron encerrados en nuestra casa incomunicados por dos horas. Buscando, revolviendo, en los cajones de las medias, durante dos horas, como si fuera que iba a meter una moto en los cajones”, cuestionó Miño. 

“No sabemos qué pasó, nos parece muy raro. Se ve que estaban dando vueltas y se metieron atrás nuestro cuando llegamos con Fernanda a casa”, dijo Molina. Detalló que estuvieron  “revolviendo la casa, dijeron que estaban buscando prendas similares a las que estuvieron vinculadas al robo, no encontraron nada, no se llevaron nada ni se llevaron a nadie detenido. Lo raro es que caigan a mi casa a la noche, de esta manera violenta, por un supuesto robo y no se lleven a nadie. Esto tiene olor a algo armado”.

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El motivo alegado para el violento operativo, en el que habrían actuado miembros del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense fue una causa abierta en el departamento judicial de San Martín por el robo de una moto, robo ocurrido el 26 de agosto. El operativo habría sido ordenado por la fiscalía 3 de San Martín, con actuaciones del juzgado de Garantías 2.

“Claramente el allanamiento no era urgente para hacerlo a las diez y media de la noche”, planteó Grabois, que recordó que de hecho, los allanamientos nocturnos no están permitidos por la ley.

El dirigente dió otros detalles judiciales. “Nos dicen ahora que la pista que los llevaba a la casa era un vehículo que perteneció al marido de Fernanda. Ese vehículo -que vendieron y no estaba en la casa de Fernanda- habría participado en el robo”.

“Obviamente Fernanda no robó ninguna moto. Un allanamiento requiere inteligencia previa. Sabían que era la casa de Fernanda. La estaban esperando”.

“En el mejor de los casos, se trata de un atropello policial gravísimo de la bonaerense. Esto en Nordelta no pasa. En el peor de los casos, estamos hablando de un caso de amenaza y violencia mucho más grave para amedrentar la lucha política y social de Fernanda”.

Como se sabe, meses atrás Miño fue acusada falsamente por el gobierno nacional por una supuesta mala administración del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), el fondo con el que se financiaban las obras de infraestructura en barrios populares.

En su política de persecución a los movimientos, el gobierno nacional dijo que ese fondo se trataba de “una caja negra” que estaba en manos de la colaboradora de Grabois.  La campaña mediática contra Miño fue muy fuerte. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas sobre irregularidades. Por el contrario, las auditorías realizadas por el gobierno mostraron que el dinero público había sido utilizado correctamente y que no había motivos para formular reproche alguno. 

Grabois reclamó que el Ministerio de Seguridad bonaerense “tome medidas contra los agentes que ejercieron brutalidad en el ejercicio de sus funciones”, aunque agradeció la solidaridad del gobernador Axel Kicillof con Miño y su familia.

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Grabois había ido a auxiliar a Miño cuando ocurrió el allanamiento, alertado por los vecinos, que también exigieron explicaciones a la policía. En la calle, a la medianoche, se juntaron vecinos y militantes del Frente Patria Grande, junto a los diputados de este espacio político.

La dirigente social contó que por la mañana el gobernador Axel Kicillof se comunicó con ella y hablaron sobre lo sucedido. Miño le dijo que es evidente que la policía estaba esperando a que llegaran, que sabía que mis hijas estaban solas, que es lo más la preocupa. "Sabían hasta los metros que tenía el paredón del patio donde damos la leche a los chicos, el color de las rejas de mi casa, sabían de mi marido y sabían que era yo. O sea que hubo inteligencia". 

Pidió respeto y que es esclarezca qué hubo detrás del accionar policial. "No pretendo ningún privilegio por haber sido funcionaria, pero sí quiero respeto y que me den una explicación".