La jueza federal de Garantías de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación por el delito de tráfico ilegal de personas contra un ciudadano boliviano que fue detenido en la localidad de Rosario de la Frontera, cuando viajaba con dos adolescentes de 15 y 17 años supuestamente a su cargo, pero sin la documentación respaldatoria.

La acusación contra Benito Castro Cáceres fue requerida por la fiscalía federal en el marco de una investigación iniciada el 28 de septiembre pasado, a partir de un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta nacional 34, en Rosario de la Frontera, en el sur provincial.

En la audiencia la auxiliar fiscal Florencia Altamirano repasó que Castro Cáceres fue detenido tras detectarse irregularidades en la documentación de viaje respecto a las dos personas menores de edad que iban con él, un varón de 17 años y su hermana de 15, quienes al ser consultados dieron datos contradictorios con la versión del ahora acusado.

La auxiliar fiscal detalló el hombre y los dos adolescentes habían salido del pueblo de Aguas Blancas, en el departamento Orán, e iban a la ciudad de Mar del Plata, y que, si bien los hermanos reconocieron que Castro Cáceres era su tío, entre ellos no se conocían.

Además, se estableció que los adolescentes habían iniciado el viaje en taxi desde la localidad boliviana de Tarija y luego ingresaron a territorio nacional por un paso ilegal.

Asimismo, Altamirano agregó que Castro Cáceres pagó el viaje en micro y el taxi y además tenía en su poder los documentos del chico y la chica, a quienes, en primera instancia dijo desconocer pero después dijo que es su tío.

En esa línea, la auxiliar fiscal dijo que en todo momento el hombre ejercía cierto control sobre los adolescentes y que él tenía sus teléfonos, sin los chips colocados. También se encontraron certificados de salud de la chica que alarmaron a las fuerzas de seguridad.

Por esta situación y dado que las tres personas reconocieron el ingreso ilegal al país, la fiscalía solicitó la detención de Castro Cáceres y la retención de los hermanos, quienes primero quedaron en dispositivos de la Secretaría de la Niñez de la provincia y luego fueron entregados a sus padres y finalmente se propició su retorno a Bolivia, a través del Consulado de ese país en Salta.

La fiscalía sostuvo en la audiencia que uno de los adolescentes no quería hablar con sus padres y contó que viajaba a ver a su abuela en Mar del Plata, en tanto el segundo indicó que iba al mismo destino, pero su intención era trabajar y reunir dinero para adquirir accesorios para una moto.

Pese a ello, el equipaje que llevaban era muy escaso y no se correspondía con la cantidad de prendas para una larga temporada.

Asimismo, la auxiliar fiscal dijo que en la entrevista mantenida con los padres a su arribo a Salta, se pudieron advertir ciertas inconsistencias. Uno de los progenitores, por ejemplo, desconocía que su hijo estaba de viaje.

Además, la familiaridad con Castro Cáceres no era tan estrecha ya que sería primo de la madre de los adolescentes, pero no se conocían. En lo que sí todos coincidieron fue en que tenían familiares en Mar del Plata, donde trabajan como agricultores, lo que profundizó las sospechas de la fiscalía respecto al verdadero motivo por el cual los menores eran trasladados.

En función de estos argumentos, y sin descartar la posibilidad de otros delitos de mayor magnitud, la auxiliar fiscal formalizó la imputación contra Castro Cáceres por tráfico ilegal de personas.

Como medidas de coerción, a pedido de la fiscalía, la jueza le impuso a Castro Cáceres la obligación de no entorpecer el proceso y la prohibición de salir del país.