Ni bien se conoció que la Cámara de Diputados de la Nación convalidó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, un conjunto de estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta tomaron las instalaciones del Rectorado. Lo hicieron tras una asamblea que se desarrolló en la Facultad de Humanidades.
Tres diputados nacionales por Salta votaron por el rechazo al veto: Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Pablo Outes (IF). Curiosamente, se ausentó Yolanda Vega, también de IF, que se excusó en un malestar. A favor del veto votaron los tres integrantes del bloque de La Libertad Avanza: María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, los tres, egresados de la Universidad pública salteña.
Tras la toma del edificio del Rectorado, se conformó una asamblea que, pasadas las 20, emitió un comunicado en el que aseguraron que la medida se daba como un “gesto de hermanamiento con la lucha de las universidades nacionales de todo el país" en defensa de la educación pública y “en respuesta al ataque radical de los representantes de la democracia” que “han arrinconado a la educación pública en todas sus formas”.
Estudiantes y docentes sostuvieron que la situación es crítica y requiere unir esfuerzos con las distintas luchas que se están llevando adelante en el país, como la de los trabajadores de la salud del Hospital Laura Bonaparte, las manifestaciones de los jubilados, y la protesta de organizaciones sociales que denuncian la vulnerabilidad en la que han terminado los comedores comunitarios, las salitas médicas y los clubes barriales.
Afirmaron asimismo que la situación de la comunidad universitaria no es distinta como consecuencia de los ataques del gobierno nacional. Como ejemplo, recordaron los recortes en las becas Progresar, al financiamiento de la ciencia y la técnica, y la postergación de la toma de posesión de las becas sostenida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Quienes hemos decidido participar y organizar la toma, somos estudiantes, docentes y no docentes organizados de manera autoconvocada que llamamos al resto de las facultades y sedes regionales de nuestra casa de altos estudios a sumarse a la lucha”, expresaron, afirmando que no cuentan con el apoyo de los representantes de los centros de estudiantes ni de las autoridades de la Universidad. “El presupuesto sólo será arrancado al gobierno en la medida en que nuestras fuerzas se generalicen”, convocaron.
"No sólo estamos ante golpes económicos, sino también culturales”, alertaron. Más aún cuando “el rol de las universidades como espacio de libre desarrollo de las ideas, se ha puesto en duda en los discursos del presidente Javier Milei, que va en contra de la clase obrera trabajadora”.
Repudio y adhesión al paro
Antes de que se emitiera el comunicado, participantes de la asamblea denunciaron el ingreso al predio de la Universidad de efectivos de la Polícia Federal, que llegaron hasta las escalinatas del Rectorado, asegurando que habían recibido una denuncia anónima por disturbios. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad (ADIUNSa) impidió la permanencia de los policías recordando la autonomía universitaria.
Tanto este gremio como la Asociación del Personal No Docente de la Universidad (APUNSa) adhirieron al paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para este jueves 10 de octubre. Por un lado, la ADIUNSa informó la suspensión de todas las actividades, pero con presencia en la Universidad para desarrollar actividades gremiales. Mientras que la APUNSa adhirió a la medida de no asistir a los lugares de trabajo definida por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
En las redes oficiales de la UNSa se compartió el último comunicado del CIN, que repudió “la postura de diputadas y diputados nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento”. Ratificó que el reclamo “es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre”.
“Hoy el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras; se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano. Nada de eso les importó”, sentenciaron los rectores reunidos en el CIN.
Además, afirmaron que la universidad es parte de la historia argentina, y de la identidad como Nación. “Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinas y argentinos. No vamos a permitir que se destruya”, finalizaron.
