El primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, anunció un recorte presupuestario para el próximo año, mientras que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, indicó que el gobierno busca profundizar en políticas antimigratorias facilitando las expulsiones de extranjeros al ejercer presión sobre los países de origen para que los acepten, regularizando a cuentagotas a los que están en Francia y adelantando la aplicación del pacto europeo sobre inmigración y asilo.
El rechazo de la izquierda
Los partidos de izquierda en Francia criticaron los presupuestos de Barnier porque creen que afectan al "modelo social francés". El plan incluye un recorte de 40.000 millones de euros en gastos y un aumento de 20.000 millones en impuestos, lo que, según ellos, perjudicará la economía y llevará al país a una recesión.
El coordinador de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, afirmó en una entrevista televisiva que estas medidas representan el mayor plan de austeridad que ha vivido Francia. Señaló que los 60.000 millones equivalen al 2% del PBI y lo comparó con el plan impuesto a Grecia en 2010, el cual --según dijo-- redujo su PBI en un 25%. A partir de esto, dedujo que tendrá un efecto recesivo para Francia.
El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, criticó en una entrevista radial la manera en que el Gobierno de Emmanuel Macron presenta sus presupuestos, destacando que, aunque se anunció un aumento de impuestos para los más ricos y las grandes empresas, ese incremento será limitado y temporal.
Además, destacó que mientras esto ocurre, se están afectando pilares del "modelo social francés" con medidas como la falta de revalorización de las pensiones, el aumento de los costos médicos y el incremento del impuesto a la electricidad. "Serán los pensionistas los que van a pagar y también los enfermos y todos los franceses", reprochó el líder socialista.
En paralelo, Faure recordó que la propuesta de la izquierda es aumentar los ingresos públicos con 49.000 millones de euros, entre otras cosas restableciendo el impuesto sobre la fortuna (ISF) que suprimió el presidente, Emmanuel Macron, cuando llegó al Elíseo en 2017, y que según sus cálculos reportaría 15.000 millones de euros. "Llega un momento en que todos deben contribuir", subrayó.
El Ejecutivo justifica estos presupuestos restrictivos debido al aumento del déficit público, que este año alcanzará el 6,1% del PBI, más del doble del límite establecido por el Pacto de Estabilidad europeo. El objetivo de Barnier y de sus ministros es reducir ese déficit al 5% del PBI en 2025. La situación de las cuentas públicas francesas pasó al primer plano en los mercados desde que Macron convocó elecciones legislativas anticipadas tras su severa derrota en las europeas del 9 de junio, lo que abrió un periodo de inestabilidad política que no parece tener fin. En ese tiempo, el costo de la deuda francesa ha superado al de Portugal y España, lo que refleja el nivel de riesgo que le atribuyen los mercados.
Avance contra la inmigración
Al compás del anuncio del plan presupuestario, el Gobierno expresó sus intenciones de enfatizar en medidas antimigratorias. "Queremos recuperar el control de la inmigración", subrayó dl nuevo ministro francés de Interior, Bruno Retailleau, en una entrevista publicada en el diario Le Parisien, en la que insistió en que se trata de responder a la urgencia y a lo que piden los franceses y que para eso tiene intención de poner en marcha una estrategia internacional, una europea y otra nacional.
En el terreno internacional, para facilitar las expulsiones de extranjeros delincuentes o sin papeles, afirma que hay que utilizar todos los dispositivos para presionar a los países de origen que tienen que dar su visto bueno, y es el elemento que ahora bloquea el proceso (menos del 10% de las expulsiones dictadas por las autoridades francesas se materializan). En ese sentido, explicó que utilizará para negociar con esos países la concesión de visados, las ayudas al desarrollo y los aranceles que se aplican a sus productos. También pretende recurrir a "países de tránsito" para expulsar allí a personas que no se pueden enviar a sus países de origen, como es el caso de Afganistán, porque las normas actuales impiden hacerlo a lugares donde correrían peligro.
En la Unión Europea, se revisará la directiva de retorno, que establece las condiciones mínimas para las expulsiones en los 27 países miembros, como la protección legal de los extranjeros o el tiempo máximo en centros de retención. Además, se anticipará en seis meses la aplicación del pacto sobre inmigración y asilo, adoptado por el Parlamento Europeo en mayo, para que entre en vigor desde enero de 2026.
En el terreno interior, Retailleau anunció que enviará en las próximas semanas a los prefectos (delegados del Gobierno) dos circulares, una de ellas para sustituir la que se conoce por el nombre del entonces titular socialista de Interior, Manuel Valls, que concretaba las condiciones de regularización de inmigrantes clandestinos. El objetivo del actual ministro es restringir esas regularizaciones para hacerlo a cuentagotas, y hacerlo únicamente sobre la base de la realidad del trabajo y de ciertos criterios de integración.
Al ser preguntado sobre el impacto negativo que tendría para la economía francesa la expulsión de personas sin papeles que están trabajando, Retailleau respondió que ya hay medio millón de extranjeros legalmente desempleados. "Seguimos cerrando los ojos con el trabajo clandestino? Cuando hay personas que han venido de forma regular, que no han violado nuestras fronteras y están sin trabajo, hay que ocuparse de ellos para formarlos y darles cualificación", señaló el ministro.
