El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamó ante la prohibición que le impuso el Departamento de Estado estadounidense, tanto a él como a su familia directa, de aplicar para el visado, impidiendo su ingreso al territorio, una medida que también se ha aplicado a su vicepresidente, Jorge Glas, quien actualmente se encuentra encarcelado.

En un mensaje difundido en redes sociales, Correa insistió en su inocencia frente a la condena de ocho años de prisión impuesta en 2020, en el llamado "Caso Sobornos", tras ser imputado por influir psíquicamente en las licitaciones estatales, junto a varios de sus colaboradores.

"La maldad humana... obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por 'influjo psíquico' y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos. Meten hasta a mi familia ¡No hay derecho!", expresó Correa a través de X.

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La prohibición fue comunicada mediante una declaración, en la que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que tanto Correa como Glas "no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato".

Según la administración de Joe Biden, el exmandatario y su compañero de fórmula habrían abusado de sus cargos públicos "aceptando coimas a cargo de conceder contratos del Estado favorables", expresó en un comunicado el embajador estadounidense en Ecuador, Arthur Brown.

En el texto, la embajada también comunicó que la prohibición sería extendida a sus familiares más cercanos de Correa y Glass. De esa forma, será prohibido el ingreso a territorio estadounidense para la esposa belga de Correa, Anne Malherbe, así como sus hijos mayores de edad, y lo mismo ocurre con la ex esposa de Glas y su hijo.

Para el ex presidente, la extensión por consanguinidad es "una barbarie de la premodernidad mantenida actualmente solo por las mafias", agravada por el hecho "nombrar a los miembros de mi familia uno por uno, poniendo en riesgo su seguridad", según reza su comunicado.

El jurista español Aitor Martínez, abogado de la defensa internacional de Correa y Glas, dijo a CNN que “el sistema de sanciones de Estados Unidos es un instrumento político” y esta medida “una decisión unilateral” impuesta por el gobierno estadounidense.

Asimismo, Martínez condenó la inclusión de los familiares en la decisión, debido a que no están imputados de forma alguna. "La designación busca hacer daño”, remarcó el defensor.

Una "sanción arbitraria"

La condena por cohecho agravado, expedida por la justicia ecuatoriana, se basa en una investigación que reportó irregularidades en los aportes por parte de contratistas del Estado, con Correa siendo acusado de influir en las licitaciones de forma psíquica.

Ante la nueva sanción, basada en esta condena, ex presidente destaca que la sentencia no cuenta con el respaldo de una orden internacional de detención, y que ambos condenados han recibido asilo en países con "un Estado de derecho tan sólido como México, Canadá o Bélgica", por considerarlos perseguidos políticos.

En su comunicado, Correa denuncia que este sistema de sanciones del poder ejecutivo estadounidense supone un régimen "arbitrario y antijurídico" , orientado por un "contenido político" que descarta "la verdad y los derechos humanos". A su vez, niega que ni él ni los miembros de su familia hayan solicitado “visa alguna” para los Estados Unidos.

Para el ex mandatario, la prohibición de su entrada a Estados Unidos puede suponer una posible venganza por darle asilo a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en la embajada ecuatoriana en Londres, mientras era requerido por la Justicia estadounidense.

El pasado 2 de octubre, Correa publicó una fotografía con Assange durante su reunión con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde el sudafricano fue declarado preso político.

También ponderó que la maniobra puede ser "un distractor para desviar la atención del desastre del Gobierno de Daniel Noboa, en su peor momento", en medio de los apagones programados que causa la crisis energética que atraviesa el país.

Asimismo, Correa subrayó que, con las elecciones presidenciales ecuatorianas a meses de distancia, en las que la candidata del su partido, Luisa Gonzáles, figura como la favorita, esta decisión puede deberse a un "involucramiento en la campaña electoral ecuatoriana" por parte de Estados Unidos. "No nos quebrarán", concluyó el ex gobernante, condenado en ausencia.

Prisión obligatoria

Glas, que ejerció como vicepresidente del último mandato de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril, en un asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas sobre la Embajada mexicana en Quito, a donde Glas había llegado en diciembre de 2023, en búsqueda de asilo diplomático.

Inicialmente encarcelado en 2017, el ex mandatario logró su libertad en 2022 gracias a la anulación del proceso judicial por parte de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, debido al incumplimiento del debido proceso.

Su captura, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad ecuatorianas bajo disposición del presidente Noboa, causó la ruptura de las relaciones con México y una demanda mutua ante la Corte Internacional de Justicia, sobre la base de la arbitrariedad del arresto.

Al momento de su arresto, Glas acarreaba una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al terremoto de 2016, en el cual es acusado de malversación de fondos públicos.

Ambos diplomáticos consideran que las causas en las que fueron imputados son parte de un intento de lawfare o guerra legal por parte de la oposición, en un caso que ambos identifican como persecución política.