Julio Alak anunció la suspensión de las obras en alrededor de 400 emprendimientos urbanos ilegales en la ciudad de La Plata. Todas habían sido impulsadas por la gestión del intendente del PRO, Julio Garro, pero ninguna contaba con el debido procedimiento administrativo para su ejecución, algo que había sido advertido por la Provincia. 

Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos platense, explicó a Buenos Aires/12 que, por el volumen de trámites iniciados de forma irregular y las constantes observaciones y solicitudes del Gobierno provincial que fueron ignoradas, “no se puede hablar de un error”. El funcionario municipal explica que se trata de barrios privados construidos sobre lotes que, según el código vigente, son rurales y tendrían valuaciones que oscilan los 50 mil dólares. Luego se subdividían en lotes a un valor de 30 mil dólares para ser vendidos para la construcción de viviendas. “Hicieron algo muy irresponsable”, sostiene Resa.

Además, un enorme porcentaje de estos emprendimientos están instalados en el cordón frutihortícola. A lo largo del año pasado, este medio contó las complejidades que transitaban los pequeños productores porque los precios de sus alquileres crecían exponencialmente y eran obligados a abandonar sus chacras ante la imposibilidad de renovar el alquiler.

Luego de sacar a la luz el escándalo de cientos de cadáveres arrumbados en el cementerio de La Plata y de exhibir el pésimo estado en el que estaban los centros de salud locales, el decreto firmado por Alak se sustenta en que la gestión de Garro, según explicaron desde el municipio, sancionó y aplicó ordenanzas que modifican el Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de La Plata “sin la indispensable convalidación legal y técnica por parte de los Ministerios de Gobierno y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, tal como establece la Ley provincial N° 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo”.

Según el comunicado que circuló desde la Municipalidad, la ejecución de obras sin la debida convalidación provincial, y violando el artículo 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, “conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. “Ello sin perjuicio de la posible existencia de otros delitos penales, como fraude a la administración pública”, apuntaron.

“Acá hubo en el medio gente que dejó hacer esto, como sancionar las ordenanzas y no convalidarlas, y después aprobar emprendimientos generando una dispersión tan grande con un negocio inmobiliario de fondo”, advierte Resa.

A su vez, Resa asegura que esta situación acarrea “problemas ambientales”, porque recarga el acuífero, se construyen pozos absorbentes que contaminan las napas, y todo en una plano de “descontrol enorme”.

Ante los hechos que se hicieron públicos, el ex intendente Garro, que viene de ser eyectado de la gestión de Javier Milei por una opinión desafortunada respecto a la Selección Argentina de fútbol, justificó sus acciones. “Hay barrios que crecieron de manera irregular pero están consolidados, entonces no hay que perseguirlos, hay que ayudarlos a escriturar”, indicó el dirigente macrista a Cadena Cool.

“Es inaudito perseguir al privado, tiene que ser un aliado, un socio, porque al que apuesta hay que acompañarlo, pero hoy se pone palos en la rueda al que quiere invertir en La Plata”, dijo.

Antes estas declaraciones, Resa subraya que, desde la gestión de Alak, apuntan a que “las inversiones vengan en un contexto de legalidad, que son las verdaderas inversiones”. “Sino, después las familias no pueden escriturar y se constituyen ilegalidades alarmantes”, resalta.

De cara a los propietarios que adquirieron tanto los lotes o que comenzaron a construir sus viviendas en estos barrios, Resa señala que se está trabajando con la mayor velocidad posible. “Somos un equipo donde todos somos docentes de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de La Plata, y entendemos que el problema tiene la gente es que alguien le vendió un terreno que no tenía posibilidades de escriturarse ni de subdividirse, que no es casual, pero estamos encaminados en encontrar la mejor solución para todos”.

Otro escándalo más

Resa detalla que, una vez que asumieron el gobierno municipal, comenzó un trabajo de recopilación de la información. Explica que estaba segmentada y dispersa, donde distintas secretarías actuaban sobre una parte de los expedientes, lo que generó una demora cercana a los cinco meses para conocer el estado de situación. Allí detectaron lo más sorpresivo: la Provincia, reiteradas ocasiones, notificó a la gestión de Garro que no podía aplicar las modificaciones votadas en el Concejo Deliberante.

Sucede, indica Resa, que se impulsaron múltiples ordenanzas para casos particulares, una para un determinado emprendimiento, cuando las ordenanzas deben ser de índole general sobre un tema. “Queremos volver a ordenar todo el sistema de producción de suelo urbano porque cuando no hay control ganan los más poderosos y pierden los bien intencionados que invirtieron sus ahorro”, subraya el titular del área de Planificación Urbana municipal.

Con este panorama, Resa se dirigió a las autoridades provinciales y se optó por la suspensión por 180 días de los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados en el marco de 76 ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial. De igual modo, quedaron suspendidos por el mismo plazo todos los procedimientos administrativos de proyectos de urbanizaciones que se enmarcan en la Ley N° 14.449.

Según los datos recabados por Resa y su equipo, los 400 barrios privados tramitados de forma irregular en La Plata duplican el espacio urbano en la capital bonaerense. Para comprender el dato, el funcionario explica que, hoy en día, la zona urbana de la ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados donde viven 800 mil vecinos, de los cuáles 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente. Los nuevos emprendimientos adicionan otros 200 kilómetros cuadrados de urbanismos sin contemplar la pavimentación, el agua, las cloacas y otros servicios básicos para la calidad de vida, como la educación y la salud.

El mismo informe especifica que, de querer llevar adelante las obras necesarias para regularizar esta situación, la Municipalidad de La Plata debería invertir más de 700 mil millones de pesos, lo que equivale a 22 presupuestos municipales de obra pública.

Lo que aclara Resa, es que esta parate de las obras no viene acompañado de inacción. Tras el convenio firmado en julio de este año entre la Municipalidad y la Provincia, se avanzará en un nuevo Plan y Código de Zonificación Urbana que será analizado en el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, recientemente creado por la Ordenanza N° 12.583, la cual fue aprobada por unanimidad en el HCD platense.

El nuevo código se encuentra integrado por cuatro unidades académicas provenientes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. A su vez, contará con representantes de los Colegios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata. Todos estos organismos tendrán la responsabilidad de dictaminar el contenido del nuevo Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial.

 

“Con el Concejo FederaI de Inversiones vamos a hacer un plan ordenamiento para estos barrios, y para ello contratamos a la Fundación CEPA que ha hecho planes urbanos en toda la Argentina y otras partes del mundo, y todo pasará por el Consejo Consultivo”, detalla Resa.