El 11 de julio pasado, seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) llegaron, a bordo de una camioneta oficial, al Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. La excursión duró más de tres horas y terminó con una foto de familia entre legisladores oficialistas y torturadores. La imagen sacudió el tablero político. Sin embargo, tres meses después, la Cámara baja sigue sin pronunciarse sobre la conducta de sus integrantes que empatizan con quienes secuestraron, desaparecieron y hasta se robaron a los hijos de sus víctimas.

Beltrán Benedit se envalentonó después del desfile del 9 de julio, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel simularon haber sellado la paz sobre un tanque de guerra. El diputado entrerriano llamó a otros integrantes de su bloque y los convocó a ir a la cárcel. Les dijo que era una cita muy importante. En paralelo, encargó una camioneta para la travesía.

Benedit ya había estado el 15 de marzo en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados genocidas de la dictadura –entre ellos, el excapellán de la Bonaerense Christian Federico von Wernich. En esa oportunidad, fue acompañado por su compinche de bancada, Alida Ferreyra. Ambos habían estado el día anterior en la casona de Montevideo 871, donde el cura Javier Olivera Ravasi tiene la sede de su fundación, San Elías. El sacerdote –hijo del represor Jorge Antonio Olivera– venía oficiando de aglutinador entre diputados de LLA, abogados defensores y exjueces como Eduardo Riggi, que hasta el año pasado fue parte de la Cámara Federal de Casación Penal.

Olivera Ravasi –que se dice amigo de la vicepresidenta Victoria Villarruel– los había reunido en grupos de chats y después organizaba tertulias en su fundación para tratar distintas iniciativas para favorecer a los detenidos de lesa humanidad. Los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean –que integran Justicia y Concordia– promovían unos proyectos para hacer que la domiciliaria fuera automática a los 70 años y para poner coto a las investigaciones después de pasados 20 o 25 años.

Benedit consiguió una comitiva nutrida para ir a Ezeiza. Además de Ferreyra, fueron de la partida Guillermo Montenegro –que había sido la mano derecha de Villarruel hasta principios de año, cuando no solo se alejó de la vice sino que también lo removieron de la fundación que compartían, Oíd Mortales–, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

El escándalo estalló cinco días después del encuentro con los genocidas, a partir de una publicación de La Política Online. La filtración fue atribuida a Bonacci, la única diputada que no quiso posar para el retrato. Hasta la publicación, Benedit y compañía abrigaban la esperanza de publicar un comunicado en el que reclamaban que se respetaran los derechos humanos de los represores, que se los mandara a sus casas y que se revisaran las causas por las que estaban presos.

Los organismos de derechos humanos pidieron su expulsión del Congreso y que se conforme una comisión investigadora que indagara en el plan de impunidad que se estaba gestando. Sin embargo, tres meses después no obtuvieron respuestas. El tema está a estudio de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales, que se reunieron por última vez hace más de veinte días. Silvia Lospennato (PRO), que preside el plenario, se comprometió a convocar a una nueva sesión para la semana próxima. Si no hay novedades, desde Unión por la Patria (UxP) habrá un reclamo formal.

En la última reunión, Arrieta se había comprometido a responder un pliego de preguntas. Ella fue la única diputada libertaria que procuró dar alguna explicación ante la comisión. El resto hizo descargos por escrito y no se presentó. Hasta el momento, la mendocina no había recibido las preguntas.

Sin respuestas

"Hoy a la mayoría de diputados del PRO y de LLA no se le puede pedir nada en defensa de los valores democráticos”, sostiene el abogado Pablo Llonto. “ Ojalá los diputados y las diputadas que se indignaron por esta conducta pro-dictadura y pro-genocidas de aquellos diputados ‘visitadores’ logren activar el trámite para la expulsión", agrega.

“Me duele tener que estar presenciando esto”, dice Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y participa del debate en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. “Me duele que este mismo Congreso que distinguió a las Abuelas hoy esté haciendo caso omiso frente a los que quieren conseguir impunidad a los que ya gozaron de muchos años de impunidad”, afirma.

Mabel Careaga es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas en diciembre de 1977 tras la infiltración de Astiz en el movimiento de derechos humanos. Ella hace hincapié en el tiempo que transcurrió desde la visita y la demora del Congreso para pronunciarse. “Me preocupa muchísimo la debilidad que tienen las instituciones democráticas que no pudieron resolver que los diputados que fueron a ver a los genocidas sean separados del Congreso, que es la institución democrática por excelencia”.

Careaga insiste en que la dinámica del Poder Legislativo –que blinda los vetos de Javier Milei– tiene una correlación con la nula respuesta frente a los diputados que buscaban favorecer a los genocidas. “Todo tiene que ver con todo. Es un modelo económico que necesita de la represión y que necesita de la reivindicación del terrorismo de Estado”.

La abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) apunta también a la dinámica del Congreso pero también cree que la publicidad del tema ayudó a desbaratar la intentona para que los criminales de lesa humanidad regresen a sus casas. “Parece que el gobierno no está solo. Por el contrario, lo sucedido con los vetos y la falta total de respuesta del Poder Legislativo ante las visitas muestra que cuenta con el aval de otros bloques, que se dicen más republicanos o democráticos. Pero más allá de eso hay que rescatar que el masivo rechazo popular que tuvieron clausuró por largo tiempo la posibilidad de una salida de las cárceles por la vía legislativa, así como en su momento el rechazo al 2x1 clausuró la vía judicial”.

Su colega Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sostiene que el tema debió haberse tratado en el recinto para que todos los integrantes de la Cámara de Diputados se pronunciaran. “La visita no es solo una visita –insiste Bregman. Siempre nos interesó saber qué había pasado, qué habían prometido porque los juicios orales continúan y tenemos procesos abiertos. Muchos bloques estuvieron de acuerdo con que esto pase a comisión. En las comisiones todo se diluye, y eso fue lo que pasó. Al día de hoy no hay avances, cuando la peligrosidad de la visita sigue siendo la misma”.

Victoria Montenegro es otra de las nietas encontradas por Abuelas de Plaza de Mayo. Es, además, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. “Después de tres meses, me parece que terminó ganando la rosca del Palacio por sobre la responsabilidad de quienes deben defender la democracia. No hubo consecuencias reales por la visita más allá de la ruptura de un bloque que sigue reivindicando las banderas que puso en valor la dictadura. Me preocupa mucho que no tengamos la capacidad de entender el peligro que significa correr estos límites institucionales”, alerta.

A Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, ya nada la sorprende. "Vivimos en el mundo del revés. Después de una imagen insólita --como fue la foto entre genocidas y diputados--, seguimos sin que el Congreso diga si ésta le parece una conducta aceptable después de tantos años de reclamar verdad y justicia". 

De los tribunales, tampoco hay mayores novedades. En Lomas de Zamora evalúan si hay responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) --que depende de Patricia Bullrich-- en la visita y la Cámara Federal de La Plata decide si Arrieta puede continuar con su denuncia.