Tres meses después de la foto entre genocidas y diputados oficialistas, desde Unión por la Patria (UxP) y la izquierda continúan insistiendo con que la Cámara Baja sancione a los seis legisladores que fueron a visitar a Alfredo Astiz y al resto de los genocidas que están presos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. Para evitar que el tiempo siga jugándoles a su favor, hay un proyecto de Gisela Marziotta para que el Congreso suspenda y deje sin sus dietas a los libertarios amigos de los represores mientras se arriba a una definición. 

Guillermo Montenegro posó junto a referentes de La Libertad Avanza (LLA) en Parque Lezama, desde donde los hermanos Milei celebraron que tenían un partido con ramificaciones nacionales. Beltrán Benedit fue uno de los héroes que invitaron a cenar a Olivos y el vocero Manuel Adorni lo mostró en una foto pagando con su tarjeta black por la comida. Alida Ferreyra fue una de las diputadas que se le abalanzó a Javier Milei cuando fue a presentar el presupuesto al Congreso. Estas misceláneas muestran que hace tiempo que el gobierno no se esfuerza en esconder a los legisladores que empatizan con el reclamo de libertad de los genocidas.

El escándalo por la visita estalló el 16 de julio, es decir, cinco días después del cónclave en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la exUnidad 31 de Ezeiza. Desde entonces, los organismos de derechos humanos vienen pidiendo que se investigue lo que describen como un plan de impunidad en el que participaban legisladores oficialistas, exjueces, abogados defensores y hasta un cura.

El tema se analiza desde el 20 de agosto en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento –que preside Silvia Lospennato (PRO). Después pasó a un plenario con la comisión de Asuntos Constitucionales –que quedó en cabeza de María Eugenia Vidal (PRO) porque tuvo que correrse el presidente, Nicolás Mayoraz (LLA), porque habría participado de los chats en los que se discutían distintas iniciativas para mejorar las condiciones de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Tanto el peronismo como la izquierda pretenden que se investigue y que posteriormente se decida la sanción para los seis diputados. Lospennato insiste en que no se puede investigar en la comisión, que se debe dictaminar y llevar el tema al recinto.

Días antes de que se pusiera en marcha la discusión en la comisión de Peticiones, la diputada Marziotta (UxP) presentó un proyecto para que se suspenda a los seis libertarios hasta que la Cámara de Diputados resuelva la sanción disciplinaria que les corresponde. En la iniciativa, se apunta a que no perciban dieta. Es decir, algo que tenga un impacto real.

En el recinto, Marziotta había pedido el 14 de agosto la expulsión de los seis diputados mileístas. Nicolás del Caño (FIT) también presentó una moción para discutir el tema con toda la Cámara presente.

En las comisiones, el tema se fue desinflando. Este viernes se cumplieron tres meses de la visita. Para víctimas de la dictadura y referentes de organizaciones de derechos humanos, la falta de respuesta causa desazón.

La última vez que hubo plenario de comisiones por este tema fue el 17 de septiembre. Ese día se esperaba que los seis diputados fueran a hacer sus descargos. Cinco lo hicieron por escrito: Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Ferreyra, Montenegro y Araujo. Benedit entregó su escrito más tarde.

Desde entonces, las comisiones no volvieron a reunirse. En el Congreso dicen que Lospennato habría hecho saber que tiene previsto convocarla en los próximos días. En UxP advierten que podrían reclamar una próxima reunión.

Arrieta, que terminó fuera del bloque de LLA, pidió que le enviaran un pliego de preguntas para responder acerca de cómo se gestó el encuentro entre diputados y genocidas. En su entorno dicen que no lo recibió.

La mendocina presentó una denuncia penal en la justicia federal de Lomas de Zamora por la visita. Su presentación fue desestimada por el juez Ernesto Kreplak. Sin embargo, Arrieta apeló. La que debe decidir si la diputada continúa en el expediente es la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. 

Mientras tanto, el fiscal Sergio Mola analiza la documentación que llegó desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich. El representante del Ministerio Público debe decidir si encuentra alguna irregularidad en la forma en la que se gestionó el ingreso de los diputados al penal de Ezeiza. Tanto el abogado querellante Pablo Llonto como el fiscal Félix Crous habían apuntado que se incumplió con la normativa para favorecer el encuentro entre legisladores libertarios y los represores.