Para la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, las más de 110 audiencias de producción de prueba en el más reciente juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en la zona bastaron para probar la comisión de secuestros, torturas, homicidios, abusos sexuales, asociación ilícita y robo de bebés cometidos contra 321 personas durante la última dictadura cívico militar en la Zona de Defensa 5 del Ejército. Así, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y les auxiliares fiscales Paula Molini y Pablo Fermento solicitaron penas de prisión perpetua para 20 de los 35 acusados en el debate oral y público y condenas de entre 18 y 25 años de encierro para los otros 15.
“El juicio contó y graficó todo el circuito represivo de la zona V del Ejército. Logramos probar las responsabilidades y los roles que tuvo cada imputado en las distintas unidades” de esa zona represiva, reforzó Palazzani en diálogo con este diario, a la espera de que la sentencia se condiga con el análisis realizado por la parte acusadora y las querellas particulares, que empezaron a alegar este mismo jueves al cierre de la exposición fiscal. “Si la sentencia admite los pedidos de la Fiscalía y de las querellas, las víctimas podrán tener algún alivio de todo el sufrimiento. Sin embargo, faltan responder las preguntas que hicimos al final de nuestro alegato: ¿dónde están los niños apropiados? ¿dónde están nuestros desaparecidos?, insistió el fiscal.
A lo largo de dos años y medio de audiencias –el juicio comenzó en febrero de 2022–, el debate oral abordó el entramado criminal encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército y que integró el Batallón de Comunicaciones 181 y sus dependencias, el regimiento de Infantería de Montaña 26, hasta la Policía Federal y bonaerense y el Servicio Penitenciario Federal. Dentro de ese entramado funcionó el centro clandestino “La Escuelita”, uno de los escenarios de los crímenes analizados: secuestros y torturas, asesinatos, desapariciones, abusos sexuales y violaciones, apropiación de bebés.
Los delitos sexuales –dos casos de abuso deshonesto y tres casos de violación– fueron especialmente peleados en este debate, al poder ser involucrados por la vía recursiva, luego de que la Cámara Federal de Casación convalidara la acusación ampliada durante el debate. La Fiscalía señaló en su alegato que “el estado de existencia de la mujer, desde que era secuestrada hasta su liberación o muerte, constituía una absoluta supresión de su ámbito de autodeterminación sexual y una situación de cosificación extrema”, reseñó el sitio informativo del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía desplegó su alegato de cierre de juicio a lo largo de los últimos seis meses, ofreció argumentos que respaldan su definición de los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio. El análisis de los hechos encontró su punto probatorio en el testimonio de 189 testigos que declararon ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Bahía Blanca. También en la inspección ocular de varios lugares que fueron escenario de los hechos bajo juicio, como la Unidad Regional V de la Policía bonaerense y el Batallón de Comunicaciones 181, y en documentación respaldatoria, como legajos de servicio de los acusados.
La acusación por parte del Estado solicitó las penas máximas para todos los acusados según los cargos que resultaron probados a lo largo del debate. Así, la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para Osvaldo Páez, oficial retirado de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército; para Antonio Seghighi y Alberto Rey Pardellas, que se desempeñaban en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181; para los exintegrantes del Departamento II de Inteligencia Osvaldo Sierra, Enrique José del Pino --recientemente condenado en el tercer tramo del juicio por los crímenes del centro clandestino Puente 12–, Carlos Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Condal; para sus colegas en el Destacamento de Inteligencia 181 Jorge Granada, Carlos Taffarel y Victor Aguirre. La misma pena exigieron para el integrante de la “Agrupación Tropas” Jorge Masson; para los exintegrantes del Regimiento de Infantería de Montaña 26 Bernardo Cabezón, José Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio González y Raúl Domínguez quienes participaron del funcionamiento de “La Escuelita”; y para Humberto Adalberti y Adalberto Bonini, médico y enfermero del Ejército. Por último, la pena máxima fue solicitada para Claudio Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La imposición de 25 años de prisión fue requerida para Roberto Brunello, al tiempo de los hechos jefe de la Compañía Combate "My Keller" del Batallón de Comunicaciones 181; para José Antonio Maidana, Ricardo Gandolfo, Alejandro Lawless, Raúl Andrés, Enrique Stel, Eduardo Videla, Martín Gutiérrez Velasco y Vicente Flores, integrantes entonces del Batallón de Comunicaciones del Comando 181; para Mario Torres, del Departamento III y para Héctor Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
Por último, la Fiscalía pidió que se condene a 22 años de cárcel a Héctor Abelleira, quien se desempeñaba como oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal; a 20 años de prisión para Ernesto Etchart, jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181; a 18 años a Carlos Ferreyra y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas” del Comando del V Cuerpo del Ejército.
El alegato también incluyó el pedidos e medidas reparatorias, como la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un lugar destacado y visible en el diario “La Nueva”, la reparación de legajos laborales y de servicio, así como la nulidad de sentencias dictadas e el marco de los denominados “Consejos de guerra”. También la Fiscalía solicitó la investigación “de la existencia de lugares de enterramiento clandestino en los terrenos del Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181” y que para ello se convoque al Equipo Argentino de Antropología Forense. Por último, la revisión de las prisiones domiciliarias de los imputados detenidos bajo esa modalidad.
