La Cámara de Casación revocó la prisión domiciliaria del represor Héctor Horacio Marc, condenado por crímenes contra 220 víctimas. La Sala II del máximo tribunal penal del país revirtió el beneficio otorgado al represor, que fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y que volverá a estar detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, que le había otorgado el beneficio al genocida.
En su voto, el juez Slokar hizo referencia a la situación de violencia familiar denunciada por la excónyuge del represor y la exclusión del hogar que dispuso la justicia civil, para argumentar la necesidad de que Marc vuelva a quedar detenido en una unidad penitenciaria. “Pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga”, planteó Slokar. El juez añadió que “los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”.
Por su parte, el juez Yacobucci señaló que los jueces del tribunal oral “no evaluaron que el informe remitido por el Cuerpo Médico Forense, el 14 de febrero de este año, no demuestra un estado de vulnerabilidad que impida su tratamiento intra muros como sí sucedía en el año 2019”, momento en el cual Marc recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. El magistrado añadió que “no se realizó un correcto análisis respecto de la denuncia efectuada por su esposa, quien expuso que (...) Héctor se sacaba la pulsera y salía a donde quisiera, dejando la pulsera en casa colgada sin preocupación alguna”.
Héctor Horacio Marc, alias “el Ruso”, integró el Servicio Penitenciario Federal y fue condenado -por sentencia no firme- a la pena de 25 años de prisión por crímenes contra más de 220 víctimas, en el marco de la causa que investigó el circuito represivo denominado “ABO” (Atlético, Banco, Olimpo).
