Las organizaciones ambientalistas Greenpece, Fundación Cebil y Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir solicitaron a los legisladores provinciales no aprobar la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta por entender que el procedimiento con el cual se realizó implica un retroceso en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Pese a los reiterados anuncios de envíos de la iniciativa al recinto legislativo, y de haberse presentado en diciembre del año pasado, el gobierno provincial no presentó todavía la propuesta en la Legislatura provincial para su tratamiento.

Entre otros puntos, las organzaciones ambientalistas cuestionaron que la nueva propuesta no defina qué sucederá con las tierras desmontadas de manera ilegal durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya sea por no estar autorizadas, o por haber sido autorizadas por un decreto que violaba la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Recordaron que las tierras desmontadas bajo la posibilidad del proceso de “recategorización”, “deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN”, y en todo caso, ser restauradas. Lo cual hasta el momento no sucedió.

Cuestionaron también que el nuevo ordenamiento permita el desmonte legal de 721.568 hectáreas, una superficie “sumamente excesiva”, aseguraron; más cuando la provincia ha tenido una alta tasa de deforestación en las últimas tres décadas.

Asimismo, afirmaron que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental, dado que permite el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías 1 (rojo) y 2 (amarillo), en las que no se puede desmontar. En este punto, sostuvieron que el mecanismo propuesto por el equipo técnico que realizó el nuevo OTBN es similar al “utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión”. “Se trata de una zonificación flexible (…), no determina claramente donde se puede y dónde no se puede desmontar”, advirtieron.

La nueva propuesta también habla de una zona de “color marrón”, que es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes. Las organizaciones ambientalistas entendieron que la propia existencia de esta categoría no incluida en la Ley de Bosques “puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y (que) no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.

Además, nuevamente la región de los Valles Calchaquíes queda sin categorizar, como sucede hasta la actualidad, “desconociendo los montes nativos de algarrobos, talas, chañares, y a las especies en peligro de extinción, como los ejemplares en cardones y los retamos”. Este desconocimiento de los bosques nativos “incrementa el desmonte indiscriminado, el avance del agronegocio y genera conflictos socioambientales con las distintas comunidades originarias que habitan el valle”, afirmaron.

Al permitir que algunos desmontes puedan hacerse sobre categorías que estén en rojo o amarillo, se promueve la “fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continas”, agregaron. También criticaron que se haya dejado fuera de la Ley la falta de relevamiento de los territorios indígenas y la falta de talleres interculturales que incluyeran a las comunidades en sus territorios.

Mientras se espera que la propuesta de OTBN obtenga estado parlamentario en Salta, surgió lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó y aprobó una propuesta de OTBN que tenía mucha resistencia. La Dirección de Bosques de la Nación ya observó la propuesta aprobada y sostuvo que cuenta con “graves deficiencias”, algunas de ellas parecidas a las objeciones que realizan los ambientalistas en Salta al nuevo OTBN.