Juan López fue asesinado el pasado 14 de septiembre en la ciudad de Tocoa, al norte de Honduras. Era un reconocido líder comunitario y defensor de la tierra y del Río Guapinol. Juan estaba próximo a cumplir 47 años y era concejal municipal por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Tras el crimen, la mandataria hondureña, Xiomara Castro, pidió esclarecer el asesinato de manera inmediata.
Juan llevaba más de una década de lucha contra el avance minero de Los Pinares, un proyecto extractivista ampliamente repudiado por la población local por la amenaza que supone a los bienes naturales y al ambiente en general. Liderar esta oposición a la minería a cielo abierto se tradujo en años de ser objeto de criminalización por parte de las autoridades locales en alianza con la empresa minera.
La situación continuó hasta el día de su siembra -término usado en las comunidades para referirse al entierro de sus integrantes- cuando un juzgado de la costa norte reactivó un caso de 2018 contra Juan y otros defensores locales. De esta manera revocó el sobreseimiento definitivo otorgado a los defensores del CMDBCP en febrero de 2022 tras permanecer casi tres años en prisión preventiva por oponerse a la minería en sus municipios.
Un tejido social minado
Que el caso de criminalización contra los defensores del Río Guapinol haya sido reactivado el día del entierro de Juan encierra un mensaje. “Es muy simbólico de la crisis que hay en el sistema, el dolor de las familias es un código que casi nadie rompe. Pero el día del sepelio de Juan se reactiva el caso para que vuelva a comenzar la criminalización contra él”, explica Edy Tábora, abogado del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP).
La estigmatización, criminalización, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes y lideresas comunitarios son parte de lo que Tábora describe como un patrón integral de situaciones de violencia que se aplica en el marco de los proyectos extractivistas en diferentes partes del mundo.
“Empieza con el rompimiento del tejido social. Vigilancia por parte de exmilitares que trabajan para la empresa minera y también de las fuerzas de seguridad del Estado”, explicó.
Lo que sigue son campañas de estigmatización contra defensores como Juan. “Mucha gente migra por las condiciones de rompimiento del tejido social; cuando las personas son identificadas con la lucha después no pueden conseguir trabajo”, añade el abogado hondureño.
Desde 2018 la fiscalía hondureña criminalizó a más de tres líderes comunitarios e integrantes del Comité de Defensa de los Bienes Comunes por protestar contra el avance minero en el Río Guapinol. El proyecto minero de Los Pinares impacta de forma directa a 34 microcuencas que suministran el agua a los municipios de Tocoa, Sabá, Olanchito, Bonito Oriental, Gualaco y San Esteban.
“Estamos luchando porque la lucha es por vivir, no por perder la vida en el transcurso. Necesitamos tener la protección para hacerlo. Las comunidades que vivimos en nuestro territorio no queremos emigrar, no queremos irnos”, remarcó.
En el marco de los esquemas que hace la policía, Juan es señalado como “líder de los antimineros”. Se trata de esquemas realizados por la policía principalmente para identificar a bandas de crimen organizado. Pero en este caso el esquema es usado para criminalizar la protesta de ciudadanos hondureños y apuntan directamente contra los principales liderazgos comunitarios.
“Primero señalan a Juan, luego a Leonel George, que recibió muchas amenazas y también es concejal del gobierno local. También a Reynaldo Domínguez, que está desplazado y a quien entre enero y junio de 2023 le asesinaron a dos hermanos y más el desplazamiento forzado de más de 40 miembros de su familia”, detalla Tábora sobre la estructura de liderazgo que hace la policía sobre el trabajo de defensa territorial del Comité Municipal.
Los hermanos de Domínguez eran Aly, de 34 años (asesinado junto a Jairo Bonilla también del CMDBCP en enero de 2023), y Oquelí, de 42 años, cuyo crimen ocurrió en junio del mismo año. Poco después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección a Juan López.
"Lo que demuestra es que es un esquema que hizo la policía con información proporcionada por la empresa”, detalla el apoderado legal del Comité de Defensa. “Los perfilamientos que hace la policía también son parte de la violencia que reciben (los defensores). La mayoría son hombres pero desde que se hizo visible la lucha en 2018 también hay compañeras que de manera constante reciben amenazas”, agrega.
"Vigilancia, disparos, rumores"
“Es como una intervención de contrainsurgencia porque de manera constante hay vigilancia, disparos, rumores, intervenciones militares y policiales para cuidar la empresa, se generan rumores diciendo que van a asesinar a personas. Y no lo hacen a escondidas. Es para enviarle un mensaje a la gente que además está totalmente desprotegida”, puntualiza.
Según Tábora, el contexto de criminalización a los integrantes del Comité de Defensa viene desde 2018. El agravante en la actualidad, explica, se debe a la falta de atención por parte del Estado para atender la crisis vinculada a la exigencia de la cancelación de dos concesiones mineras que se terminaron convirtiendo en un gran proyecto minero energético. “Han ido minando la base de la lucha”, precisa.
Por eso desde el Comité de Defensa y los familiares exigen que se realice una investigación independiente para indagar el vínculo entre el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y la empresa Los Pinares. En este caso, existe un vínculo entre el asesinato de Juan López y Los Pinares porque “la empresa utilizaba a la municipalidad como mecanismo para proyección social sin rendición de cuentas”, explica Tábora.
Investigación independiente
La principal línea de investigación es a Lenir Pérez, sus ejecutivos y empleados (en gran parte exmilitares). Pérez es dueño de la empresa minera Los Pinares junto a su pareja Ana Facussé, hija de Miguel Facussé, fallecido empresario conocido como “el palmero de la muerte” por la forma violenta y muchas veces fraudulenta con la que acumuló tierras en el Valle del Bajo Aguán para el monocultivo de palma africana para su empresa Corporación Dinant. Según un informe de 2020 publicado por la Alianza Centro Americana Frente a la Minería, sólo entre 1990 y 1994 tres cuartas partes de la tierra viable para cultivo en el Aguán fueron adquiridas por miembros de la elite de Honduras. Facussé fue uno de ellos y se convirtió así en el mayor terrateniente de la región.
Por otro lado, en los últimos 10 años Juan encabezó una lucha frontal para denunciar el proyecto minero por su impacto ambiental y también porque fue obtenido a través de tráfico de influencias. Tábora explica que cuando López se convierte en regidor municipal le suma alguna presión a esas denuncias que venían de las comunidades y resalta la corrupción existente al interior de la municipalidad.
En ese momento también existía una fuerte presión para que no salga el decreto 18-2024 impulsado por el gobierno de Xiomara Castro para la restauración del Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, que lleva el nombre de un defensor ambiental asesinado en 1997 por oponerse a los monocultivos de palma destrucción ambiental que dejaban a su paso en el Bajo Aguán de la mano de Dinant.
El decreto 18-2024 reestablece el trazado original del Parque Carlos Escalera que había sido modificado en 2012 a través de un decreto del Congreso que le redujo más de 200 hectáreas a la zona núcleo del parque. Luego en 2014 el Estado hondureño le otorgó en concesión 200 hectáreas a la minera Los Pinares.
Otro factor que marca la necesidad de una investigación independiente es la situación de hostilidad de las autoridades locales hacia los y las defensores de la tierra: desde su criminalización hasta en los momentos en los que líderes comunitarios realizan denuncias. “Ciertos actores locales han servido como agentes jurídicos de elites económicas vinculadas a los proyectos”, finaliza Tábora.
