El juicio contra la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador opositor, Luis Fernando Camacho, por el caso "golpe de Estado I" comenzará este lunes, donde la Fiscalía de Bolivia los acusa de "terrorismo, sedición y conspiración" por sus roles en la salida forzada de Evo Morales en 2019.
La primera audiencia del juicio oral para la causa, programada el pasado 30 de septiembre por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, está fijada para las primeras horas de la mañana del lunes, de forma presencial.
La Fiscalía sustentará la demanda con 133 pruebas y 131 testimonios obtenidos durante el procedimiento previo, entre las cuales figuran aportes de testigos que participaron de reuniones y protagonizaron los conflictos del 2019, además de declaraciones de los acusados y otras documentaciones que buscan demostrar la participación individualizada de cada imputado.
Los abogados defensores recibieron la notificación de apertura del juicio la semana pasada, donde también será procesado el exlíder cívico de la región de Potosí, Marco Pumari, quien colaboró con Camacho, y dos que actuaron como ministros durante el proceso: el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el de Defensa, Fernando López.
El director de Régimen Penitenciario y de Supervisión boliviano, Juan Carlos Limpias, informó que los responsables de las cárceles donde están detenidos los acusados ya han recibido las instrucciones de salida para que los mismos asistan a esta primera audiencia.
La logística del traslado implica llevar a los acusados al acto judicial desde tres cárceles distintas. Áñez está recluida de manera preventiva por este caso en el penal de Obrajes, en La Paz, desde marzo de 2021, donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Camacho está preso en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto, desde diciembre de 2022, mientras que Pumari guarda reclusión en el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí, desde diciembre de 2021.
Golpes I y II
La denuncia que derivó en la apertura del caso "Golpe de Estado I" fue presentada por la ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en el año 2020. A partir de la presentación, la Fiscalía boliviana tuvo que dejar pasar cuatro años para presentar la acusación formal contra los procesados.
El proceso busca investigar los hechos que derivaron en la salida del poder del expresidente Evo Morales en 2019, luego de la anulación de las elecciones de ese año. Este suceso desató una crisis política y social a raíz de las observaciones a los resultados de los comicios, según los cuales Morales lideraba con un 47%.
El entonces mandatario renunció a su cargo, denunciando ser víctima de un golpe de Estado en medio de manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial a nivel nacional y con el explícito pedido de la cúpula militar para que el jefe de Estado dejara al cargo.
Jeanine Áñez, quien asumió el mandato como representante interina en condición de segunda vicepresidenta del Senado, habría vulnerado en su accionar los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados, según la fiscalía, poniéndose en sucesión constitucional y adjudicándose la presidencia tras la renuncia de Morales, por encima de los que, por ley, estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.
La defensa de la ex mandataria de facto argumenta que su llegada al poder estuvo justificada por el "vacío de poder" que dejó la renuncia de Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Este caso se suma al preexistente 'Golpe de Estado II', por el que Áñez ya fue condenada a 10 años de prisión en junio de 2022. En aquel juicio, la Justicia boliviana la encontró culpable de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución" por su participación en la crisis política de 2019.
