Todo comenzó con agentes del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, a partir de un oficio judicial que ordenó llevar a cabo todo tipo de diligencias para establecer las identidades de los responsables y partícipes del hallazgo de 29 kilogramos de cocaína en la localidad de Puerto Gaboto. De las averiguaciones realizadas y producto a las intervenciones telefónicas dispuestas por la justicia federal, se identificaron varios miembros de la organización que tendrían participación activa en la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo en toda la provincia. Asimismo se detectó que las ganancias obtenidas de esas maniobras ilícitas, grandes sumas de dinero en efectivo, eran redirigidas para la tramitación de préstamos, la adquisición de bienes inmuebles y automotores, actividades llevadas a adelante por la estructura criminal.

La Unidad Fiscal Santa Fe Área de Investigación y Legitimación, a cargo de Walter Alberto Rodríguez, puso en manos de la policía la investigación del caso, con el objeto de establecer en forma precisa las diferentes maniobras constitutivas de lavado de activos de origen ilegal verificadas y el aporte efectuado por cada uno de los investigados en las diferentes operaciones para lograr la colocación, estratificación y/o integración de los activos en los diferentes sistemas financieros.

Se iniciaron diversas tareas de campo donde se constató que ninguno de los involucrados registraba ingresos provenientes de una fuente de trabajo declarada, ni remuneraciones por el ejercicio de una profesión, las cuales les permitieran la obtención de los bienes muebles o inmuebles adquiridos. Se localizaron 15 domicilios en la ciudad de Santa Fe y en Santo Tomé y Arroyo Leyes, algunos de los cuales eran alquilados por los integrantes de la estructura delictiva y vinculados con las maniobras ilícitas. Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe a cargo de  Carlos Vera Barros, ordenó la realización de 15 allanamientos a las fincas mencionadas, donde se incautaron varios títulos de propiedad, boletas de impuestos, comprobantes de trasferencias, contratos de locación, 2 motovehículos y gran cantidad de documentación de interés para la causa.