El juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Andrés Gallardo propuso avanzar con consultas populares legislativas para ponerle fin a una dinámica política basada en vetos presidenciales a las leyes aprobadas por el Congreso, y su posterior respaldo basado en los “acuerdos ocultos” con otros partidos, como se observó en el último mes con el veto a la ley de Financimiento Universitario y la que establecía una nueva fórmula para calcular los aumentos jubilatorios. 

Por la 750, el magistrado porteño explicó que, así como dijo Leopoldo Marechal, del laberinto institucional del Gobierno de Javier Milei se sale “por arriba”. En este caso, empleando con determinación este atributo disponible en la Constitución Nacional.

“Estamos en una encrucijada institucional que hace tiempo no vivía el país. Necesitamos ser creativos y explorar todas las posibilidades que nos da el marco jurídico. En este caso, la propuesta fue realizar una consulta popular parlamentaria”, afirmó.

La propuesta - explica el juez Gallardo - implicaría que el Congreso llame a consulta para los "temas trascendentes". Y que a través de esa consulta queden descartadas "todas las posibilidades de transacciones políticas y acuerdos ocultos, todas esas cosas que vemos a diario y que escandalizan al electorado y a la sociedad civil”.

Gallardo explicó que la figura de la consulta popular fue incorporada en 1994 a la Constitución y que funciona cuando en el Congreso se consigue más de la mitad de los votos totales a favor de avanzar con esta medida, que queda inmediatamente a cargo del sistema electoral.

De lograrse el consenso, la normativa se vota a partir de los 60 días de convocada la consulta, lo que resulte votado -si cuenta con un mínimo de participación del 35 por ciento del padrón electoral- queda inmediatamente afirmado con peso de ley y el Presidente no puede vetarla.

“Porque esto que vemos con los "87 héroes" es un fraude a la voluntad popular. Tenemos que animarnos a usar esta herramienta que está en la Constitución, porque vemos que ellos se animan a cualquier cosa. Nosotros tenemos que animarnos a usar la Constitución en defensa de las instituciones y los derechos humanos”, finalizó.