A través del Decreto 902/2024 publicado en Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei bajó la tasa del registro a la propiedad inmueble de la Capital Federal. Antes, se disponía que toda inscripción, anotación, preanotación o reinscripción que no estuviera gravada abonaría una tasa especial del 2 por ciento del monto de la operación contenida en cada documento que se pretendía registrar. Ahora esa tasa descendió al 1 por ciento.

"En el proceso de desregularización de formalidades legales de los Registros, la baja de tasas y aranceles es una medida, que junto por ejemplo a la derogación del impuesto nacional a la transferencia de inmuebles (ITI), favorece el flujo del mercado inmobiliario no sólo en costos sino además en trámites burocráticos", aseguró en diálogo con PáginaI12 el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) Mariano García Malbrán.

El comunicado oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aclaró que cuando el documento presentado no estableciera monto de la operación, la tasa se calculará sobre la valuación fiscal del o de los inmuebles comprendidos, vigente al momento de solicitar la registración.

Al mismo tiempo, se establece que, cuando se trate de la compra de inmuebles con destino a vivienda propia, mediante planes oficiales de vivienda, se reducirá al 0,5 por ciento la tasa general. El extremo legal será acreditado mediante declaración jurada del interesado, efectuada bajo su responsabilidad civil y/o penal, formulada en el documento respectivo. 

Esta medida entrará en vigencia a los 15 días de su publicación en Boletín Oficial, es decir, el 29 de octubre. Se instruyó al Ministerio de Justicia para readecuar y simplificar el sistema de contribuciones especiales establecido en la Ley N° 17.050, en beneficio al usuario

No es el primer guiño que el gobierno le da al sector inmobiliario. Con la promulgación de la Ley Bases y el paquete fiscal, se derogó el Impuesto a la Transferencias de Inmuebles (ITI), que obligaba a los propietarios a pagar el 1,5 por ciento de la venta de una propiedad que había sido adquirida antes de diciembre de 2017 y que no era vivienda única ni permanente. Hasta julio de este año, quien vendía una propiedad, por ejemplo, por US$100.000 comprada antes del inicio de 2018 y en la que no vivía, debía pagar US$1500, al valor del dólar oficial en concepto de ITI.