En el contexto de crisis económica actual, la situación se complica aún más para quienes no tienen vivienda propia y deben estirar sus bajos ingresos para pagar un alquiler y sobrevivir. La desregulación de la ley de alquileres ha generado un incremento de la oferta en Salta, pero también mayores asimetrías entre propietarios e inquilinos.
"La situación no está nada bien para nadie en Argentina en este momento, menos para los inquilinos que tienen que destinar más del 80% de su salario para pagar un alquiler y ver cómo comer. Está todo el mundo reajustado y encima los alquileres no terminan de tener un precio estimado, (los propietarios) suben (los montos) a cada rato y no cumplen con los acuerdos", dijo a Salta/12 la referenta de la Unión de Inquilinos en Salta y presidenta de la Fundación Khuyay, Natalia Soraire.
El primer lunes de octubre se conmemora el Día Internacional de los Inquilinos, fecha que coincide con la creación del Día Mundial del Hábitat. En ese marco, en distintas provincias argentinas convocaron a un inquilinazo, para exponer la crítica situación habitacional en Argentina. En Salta no hubo una convocatoria específica pero el escenario es también complicado.
"Los alquileres suben tanto, ahora hay un libre comercio, te pueden cobrar una habitación, un departamento con una habitación 150.000 o una casa de tres habitaciones a 450.000, 500.000 pesos, cuando sabemos que los salarios de los salteños por lo menos no vienen aumentando nada y que no todo el mundo gana medio millón de pesos, imaginate lo que sale hoy la comida como para pagar también alquiler", señaló Soraire. Desde su punto de vista, los únicos favorecidos con la desregulación de la Ley de Alquileres a través del DNU 70/23 "son propietarios que tienen su vivienda mediante inmobiliaria y la inmobiliaria misma".
Respecto a los aumentos, Soraire indicó que en algunos casos "las subas son cada tres o seis meses". "Y al no haber en muchas ocasiones contratos, por ahí suben todos los meses, depende de qué casa o qué lugar". "Hoy no tenemos una ley vigente en donde nos podamos apoyar", señaló.
Insistió con un pedido que viene realizando al gobierno de Salta para que cree una Defensoría de Inquilinos, "que sea provincial, que sea una Secretaría y que exista en cada municipio". Contó que en una reunión con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en febrero, volvió a hacerle ese pedido y también le planteó la problemática de la crisis habitacional y las dificultades que afrontan los hogares monomarentales. Por otro lado, consideró que la dirección municipal de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino "debería hacer algo más que asesoría".
El director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la municipalidad de Salta, Adrián Gerónimo, dijo a Salta/12 que recibe muchas consultas en su oficina, donde realizan conciliaciones e intentan que propietarios e inquilinos se pongan de acuerdo, en una instancia prejudicial.
"La problemática del alquiler ha sido siempre la constante, sobre todo desde la transición de los gobiernos nacionales, donde la nueva gestión nacional derogó leyes anteriores que regulaban lo que es materia de alquiler, que establecían lo que era plazos mínimos, índices para cómo actualizar un contrato, evidentemente porque el país estaba sufriendo una inflación muy importante", sostuvo Gerónimo.
Recordó que con Milei se dictó un decreto que en la práctica desreguló el mercado de alquileres, y "hoy está a criterio de las partes, es decir, propietario e inquilino, establecer las condiciones de cómo va a ser el plazo del contrato, cómo se va a actualizar o ajustar y con qué índice". Sin embargo, el funcionario también resaltó que esta relación contractual entre propietarios e inquilinos sigue regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, y también se aplica la ley de defensa al consumidor 24.240. Además indicó que los contratos que se firmaron con la ley de alquileres, deben respetarse también.
Gerónimo explicó que algunas de las consultas que reciben en la oficina se deben a que los propietarios no quieren acatar los contratos que siguen vigentes y han sido firmados con la plena vigencia de la ley de alquileres. En algunos casos, los propietarios piden pagos por fuera de lo que establece el acuerdo firmado. También hay otros casos en que han tratado pedidos de prórroga de los inquilinos a los que se les vence el contrato y no consiguen donde mudarse, por lo que necesitan tiempo para buscar un lugar, sobre todo en estos tiempos ya cercano al cierre del ciclo escolar.
"Nosotros tenemos esta instancia de conciliación que ofrece el municipio, que es gratuita", destacó Gerónimo. "Tenemos obviamente el criterio de que acá el inquilino tiene una connotación de consumidor, y por ello el desequilibrio está, y nosotros podemos hacer una conciliación". Detalló que el conciliador actúa "con el tema de la legislación, propone acuerdos, sacamos o pedimos informes al Colegio de Martilleros, a la AFIP, si es que se ha inscrito un contrato en su momento, a Rentas, el tratamiento de cuidado es todo en pro, digamos, de que este contrato esté legalmente en regla". "Nosotros vemos esa diferencia, obviamente, esa igualdad que muchas veces no se refleja, entre el dueño y el propietario, y por eso nosotros tenemos una posición no tan neutral", afirmó el funcionario.
Indicó que ahora "hay una mayor oferta de alquileres", "pero todavía no han posibilitado que la gente acceda de acuerdo a sus ingresos". Agregó que dueños e inmobiliarias "están siendo muy exigentes", "piden más de dos garantes, hasta tres, con ingresos también acreditables mayores a 500 mil pesos o un millón" y las y los inquilinos suelen tener dificultades para conseguir esas garantías.
"Muchas veces tenemos contratos verbales, no todos son escritos, muchas veces se alquilan piezas, monoambientes. Hay muchas situaciones así, verbales, en que dicen 'te alquilo y no te doy recibo', ahí se genera un poco más de dificultad para ver cómo eran los acuerdos que habían hecho, aprobarlos o no, pero en definitiva, en muchos casos también terminan acordando", sostuvo.
Hogares monomarentales
El gobierno de Salta lanzó un cupo de 200 viviendas para grupos especiales, entre los que incluye a "madres solas". Pero Soraire consideró que los requisitos del Instituto Provincial de la Vivienda no son accesibles, ya que exige "ingresos entre dos a seis salarios mínimos vitales y móviles", entre otros.
Soraire señaló que la violencia económica que padecen las mujeres que se encargan solas de mantener a sus hijos e hijas y donde el progenitor inclumple con la cuota alimentaria, se agrava al momento de alquilar, ya que muchas son emprendedoras o están en la economía informal, "no tienen la posibilidad quizá de alquilar con inmobiliaria" quedando a merced de la voluntad y de las arbitrariedades de los propietarios. "Las personas o las mujeres que alquilan de manera informal, hoy están haciendo lo que pueden y se están mudando a lugares más chicos, más precarios o a asentar en barrios populares, eso también está pasando", detalló.
Además, muchos propietarios o propietarias, no aceptan alquilar a familias con niños y niñas, lo que complica aún más la situación para las madres que crían solas.
"Todos los días me enfrento con estos casos donde me llaman por teléfono madres que ya no están pudiendo pagar alquileres de 300 mil pesos, más 200 mil pesos, que le vienen impuestos entre luz, gas, internet. Todos los días me están pasando estas cosas y, bueno, hay mujeres que están buscando desesperadamente alquileres, también personas adultas mayores", contó.