Juana, una mujer madura, lleva en su pecho la foto del “Negro”, un tipo joven. Dice que es su marido y que desapareció días después de la toma del Palacio de Justicia, en 1985. “El ejército ocupó ese edificio de la esquina de la plaza y lo transformó en un centro de tortura”, dice. “A él lo secuestraron.” Los dos militaban en el M-19, la organización que tomó la construcción más grande de líneas simples que domina la escena de un conjunto de edificios públicos enormes, construidos con una piedra amarillenta que parece oxidada.

 Tampoco en Bogotá hay árboles en el centro. El Ministerio del Interior, frente al Palacio, es un desangelado edificio cualquiera de oficinas. No como esa mole donde hace 32 años murieron 98 personas, entre ellos 11 jueces, y quedó más de una docena de desaparecidos.

 En el segundo piso del Ministerio del Interior está el Auditorio Luis Carlos Galán, que homenajea al candidato a Presidente por el Nuevo Liberalismo asesinado por orden de Pablo Escobar en 1989. Ahí se llevó a cabo la semana pasada el seminario internacional “Importancia de la garantía de los derechos humanos en los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, como aporte a la construcción de la paz”.

 En la apertura, el embajador argentino Marcelo Stubrin destacó que nunca existió entre Colombia y Argentina tanto intercambio como en estos días. Una delegación por semana recibe el embajador, que ganó algunos kilos desde que era Marcelito, el joven diputado de la UCR elegido por primera vez en 1985, el mismo año de la toma del Palacio, pero no ha perdido nada de su elocuencia. Una virtud en la que descollaron los radicales de la primavera alfonsinista, entre ellos el propio líder, incomprensible para los millennial que asoman a la política en estos tiempos de balbuceos new age y pastoreo electrónico.

 En la sala cambian opiniones funcionarios de ambos países y familiares de víctimas del conflicto tanto como de crímenes de Estado.

 “Luchamos por un país mejor y seguimos creyendo que otro mundo es posible”, dice Juana.

 En la Colombia de hoy el salario mínimo no llega a 300 dólares. El PBI per cápita es algo menos de la mitad que el argentino, según datos del

 Banco Mundial de 2016. El desempleo bordea el 10 por ciento y creciendo, en datos del INDEC colombiano. La pobreza multidimensional es del 17 por ciento con tendencia a descender. La pobreza monetaria, en cambio, anda por el 30 por ciento.

 Moneditas son las que piden los mendigos que aparecen cada dos pasos. Piden con amabilidad colombiana. Acompañan por muchas cuadras, quizás toda la travesía entre esas calles bohemias con nombres tan propicios para el chiste fácil: “Calle del Carnero”, “Calle del Chorro de Egipto”.

 En un barcito de la Avenida 19, atendido por un matrimonio mayor, el hombre discute con un guardia de seguridad privada.

 –Quedamos que en esta cuadra no se da, para mantenerla limpia.

 –Yo no voy a negarle agua a nadie.– 

 En Colombia, a diferencia de la Argentina de los “dos demonios”, un conflicto armado que realmente sucedió permite que las partes reivindiquen sus identidades políticas. Inclusive lo hacen las organizaciones político militares.

 Los funcionarios escuchan con respeto. Todos parecen apostar en serio a la paz. “Ocho intentos de paz van”, me explica la funcionaria que lleva la batuta del evento.

 María es una mujer mayor. Sindicalista comunista, como su padre, que vivía en la Guajira. “Sindicalista con cuarenta años de lucha, toda una vida dura peleando.” Lo desaparecieron a los 78 años.

 Ella y su hijo lo buscaron, claro. Por buscarlo, su hijo de 20 años fue asesinado.

 Desde la desmovilización de las FARC, me dicen, ha bajado la intensidad del conflicto. Hay un dato incontrastable: la abrupta caída de la cantidad de cadáveres que cada día ingresan a las morgues. Pero Doña Blanca se queja. “¿Y con los crímenes de Estado fuera del conflicto qué hacemos? ¿Con los crímenes de los paramilitares qué? Todo se ha pensado solamente para el acuerdo de paz.” El marido de Doña Blanca era un originario de los llanos, médico no tradicional respetado por la comunidad porque “él era muy de dar”. Fue asesinado por los paramilitares.

 Su hija de 15 años años partió a los pueblos de la zona para vender sus artesanías Con lo que ganara solventaría un ritual de homenaje al padre muerto. Fue capturada por los paramilitares, violada y asesinada.

 Su cuerpo apareció en un espejo de agua, con signos de tortura. Para que nadie tenga que imaginar nada, Doña Blanca reparte las fotos que tomó la fiscalía. Se ve a una jovencita de robustez caribeña vestida con jeans y el torso desnudo. Unos cortes paralelos recorren su cuerpo desde el cuello al pubis.

 “Picaditos”: así llama Isla, la antropóloga del Servicio de Medicina Legal, a esa costumbre de cortar seres humanos. Su tesis, célebre en el mundo de los antropólogos, trató sobre los desmembramientos en el puerto de Buenaventura. Allí a los muertos se los desmembra para evitar que resuciten y tomen venganza. Con menos influencia afro, en la ciudad los desmembramientos son solo una forma de tortura y asesinato.

 “Los colombianos somos muy malitos, quizás porque también somos tan buenos”, dice Isla sin perder nunca la sonrisa.

 Entramos en un enorme salón, donde un antropólogo reconstruye un esqueleto. Está solo y se podría pensar que es un asistente terminando los detalles menores de un trabajo ajeno. Error. Jorge es peruano y ha recorrido el espinel del mal en el mundo: Irak, los Balcanes, su patria; ahora Colombia. Rápidamente sintoniza con Paula, su colega de la comitiva argentina. Se conocen de las capillas académicas. Me aparto y escucho al Eje del Bien.

 –Yo me apago –dice Isla.

 Así explica cómo soporta ese trabajo extremo para no dimensionar que cuando descarna un esqueleto para extraer ADN del hueso hace eso, descarnar un cuerpo humano.

 Todos entienden y asienten.

 –Yo pixelo -dice Paula–. Trabajo pero no veo. Me dicen que en las fotos que me toman trabajando parezco ida. Pero después sueño.

 Isla agrega que apagándose puede trabajar con cadáveres de niños.

 –Pero no tengo hijos. Si los tuviera no podría.

 De las médicas del Servicio de Medicina Legal que sí han procreado dice con admiración Isla: “Son muy berracas, en las necropsias de niños de la edad de sus hijos una las ve quebrarse pero se afirman y siguen”.

 El Servicio está en el barrio donde fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán, crimen que desató el “Bogotazo”. La zona quedó destruida desde entonces. Recién ahora se está poniendo en valor.

 –Ahí empezó todo –me dice un genetista, el más veterano.

 Gaitán era el líder del ala izquierdista del Partido Liberal. Fue asesinado en 1948 cuando se celebraba la IX Conferencia Panamericana que perseguía la creación de la OEA para detener el comunismo en América. Por ahí andaba el general George Marshall, el del plan para la reconstrucción de Europa y el mismo del inicio de la Guerra Fría. A la par, se llevaba a cabo el Congreso Internacional de Estudiantes, ideado por un joven alumno cubano de Derecho de apellido Castro, que algunos años después sería El Caballo. Se comenta que ese Congreso fue financiado por el gobierno argentino, que no quería marxistas pero tampoco yanquis.

 Para los argentinos, el pasado queda en 1976. O en 1983.

 Para los colombianos el ‘48 instaló una etapa que ahora, después de la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC, tratan de desmontar.

 –Todavía los familiares recelan del Estado, pero vamos avanzando–dice Isla.

 Sobre la mesa de trabajo alrededor de la cual conversamos, el antropólogo peruano reconstruye un cuerpo con un cráneo deshecho en decenas de trozos. Es un adolescente desaparecido en 2000. Prepara la entrega a su familia. Manipula los restos con un respeto y una precisión que conmueven.

 Salimos. Mientras caminamos por el barrio La Candelaria se mezclan aromas de canela, de albahaca y de lima. La charla fluye. Definitivamente, argentinos y colombianos nos llevamos bien. Mientras arrastramos los pies a 2500 metros sobre el nivel del mar, me cuentan que el M-19 tomó el Palacio de Justicia porque el presidente Belisario Betancur había asumido en 1982 con esta frase: “La guerrilla volverá a sus casas cuando se termine la injusticia”. Los guerrilleros querían que la Corte enjuiciara a Betancur por incumplir su promesa de pacificación.

 Su lema de campaña en el ‘82, la primera realizada en Colombia con recursos publicitarios modernos, fue el original que después plagió Barack Obama: “Sí se puede”.

* Félix Crous es abogado y fiscal.