La exministra de Economía Felisa Miceli explicó por la 750 las tres claves económicas que permiten entender por qué el conflicto que viven las universidades públicas nacionales de todo el país es ideológico y no fiscal, como alega el Gobierno, en medio del ajuste feroz que ha puesto en marcha y tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario. 

La aclaración llega mientras las altas casas de estudio de todo el país están siendo tomadas por los alumnos en respuesta al veto del Presidente Javier Milei a la normativa del Congreso que le otorgaba al sector fondos extra.

En su columna para La García, Miceli señaló que es muy “lindo” ver cómo los estudiantes “son conscientes” de que la universidad pública “es un derecho desde hace muchos años” que no debe perderse “por el capricho de alguien”.

En este sentido, marcó la primera vertiente política del conflicto, y dijo que Milei “quiere dar vuelta las posibilidades de la movilidad social”. “Me alegro de que exista ese darse cuenta sobre la importancia de la universidad pública en Argentina”, dijo.

Además, sumó argumentos económicos que permiten notar cómo es que se trata de un conflicto político y no fiscal: “Hay como un gran vacío en la argumentación del Gobierno, porque en la gran mayoría de las cosas ellos están en deuda”.

“Están equivocados, pero no por los datos, sino porque los usan arbitrariamente. Algunas cuestiones: la caída del financiamiento universitario entre el presupuesto de 2025 y el de 2024 es del 36 por ciento”, señaló en primera instancia.

“Fíjate qué ajuste salvaje. El presupuesto tiene 5,2 billones de pesos para la universidad, pero le corresponden 1,4 billones más porque hubo inflación”, apuntó sobre el debate que arrancará en el Congreso en las próximas semanas.

“Aumentan nominalmente, pero en términos reales eso está cayendo. Quiere decir que faltan 0,18 por ciento del PBI, esto es unos 6 millones de dólares”, puntualizó sobre el ajuste que pretenden estudiantes, docentes y no docentes.

Pero la repuesta al reclamo por parte del Gobierno es llamar “degenerados fiscales” a los diputados y senadores que no dicen de dónde se puede sacar la plata para aumentar los fondos.

Pero, dijo, esto es muy sencillo: “Muy bien, hay privilegios tributarios que están en el propio presupuesto, y ahí dice que hay empresas que reciben 3,5 por ciento del PBI. Y estábamos hablando del 0,18 por ciento que falta”.

Entre los sectores que se benefician con estos privilegios está, por ejemplo, la industria del conocimiento, que “hoy son superganadores, grandes, compiten con las mejores del mundo”.

“Estos beneficios se deben dar cuando una empresa está comenzando su desarrollo. Si no fuera un tema ideológico, el Gobierno podría usar esos recursos para financiar la universidad, que es lo que necesitamos y hace falta”, finalizó.