Los principales empresarios del supermercadismo presionaron al Gobierno para que los cambios tributarios y laborales se apliquen con mayor velocidad y profundidad. En el evento anual de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) los popes del sector se mostraron en clara sintonía con el espíritu pro empresarial del Gobierno nacional pero advirtieron que “con este nivel de impuestos no van a llegar las inversiones”. Fuera del plano de la cercanía ideológica (e incluso familiar) entre los dueños de los supermercados y los funcionarios del Gobierno y del optimismo que de ello se desprende, los empresarios aseguraron que este año la rentabilidad será negativa a raíz de un muy flojo nivel de ventas que se monta sobre el pésimo 2016 (ver aparte).

Los empresarios perciben con mucha claridad el clima de época, al punto que prefieren evitar concentrarse en el deterioro económico de sus propios negocios durante el Gobierno de Macri por la reducción del mercado de consumo masivo para en cambio envalentonarse con la agenda de reformas de Cambiemos, e incluso le corren el arco al Gobierno.

“Cuando no te escuchan, como pasaba antes, no hay razón para hablar. Ahora cuando desde el Gobierno nos preguntan les decimos que bajen los impuestos. Para invertir se necesita bajar impuestos. El Gobierno está en esa línea pero nos gustaría que fuera más rápido”, comenzó Alfredo Coto, dueño de la cadena homónima. “A la hora de decidir una inversión para una empresa multinacional, la Argentina está en desventaja. El camino que está tomando el Gobierno es el correcto. El desafío es la velocidad que le imprima”, agregó Agustín Beccar Varela, presidente de Walmart Argentina. En tanto, Federico Braun, de La Anónima, se quejó de que “lo que se está pagando de impuestos municipales es grosero. No resiste el menor análisis. Hay que ver qué rol juegan las provincias y los municipios a la hora de discutir la reforma impositiva”.

“La reforma laboral para nosotros es muy importante, todo lo que es normativa laboral tiene un impacto muy fuerte porque tenemos muchos empleados. Nuestro primer costo es el laboral, es entre el 18 y el 20 por ciento de las ventas. Cuando yo entré, ese número era del 6 o 7 por ciento. Creo que en los últimos años se entró en una dinámica que tenía un buen propósito como el aumento del poder adquisitivo de la gente, pero cuando eso se hace de manera exacerbada, puede ser perjudicial”, analizó Daniel Fernández, presidente de Carrefour Argentina, la evolución del salario en el Gobierno anterior. El directivo de la empresa francesa pidió por mayor “flexibilidad operacional, de horarios”.

“Que se hagan las reformas tributarias y laborales, sino va a ser muy difícil. Somos optimistas”, agregó Federico Braun, quien es tío de Miguel Braun, actual secretario de Comercio, y familiar también del jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun. Lo paradójico es que, tal vez por la comodidad de saber que esas relaciones lo blindan de cualquier represalia, Federico Braun fue el único que se animó que ser explícito a la hora de analizar lo que pasa con el consumo masivo: “La inflación a raíz de la devaluación, las altas tasas de interés y la suba de tarifas atentan contra el consumo. Por eso estamos en rojo”. Fernández (Carrefour) dijo que “llevamos dos años de pérdida de volumen de ventas. La mayor parte de las compañías vamos a perder plata este año”. Matías Videla, de Jumbo, también señaló que “el sector está en una situación compleja con la rentabilidad”. Hizo hincapié en los “costos laborales”. “Todo esto se evalúa para decidir una inversión. Queremos que el Gobierno aplique cambios más rápidos”, pidió.

El sector supermercadista podría ser uno de los principales beneficiarios de la rebaja de las contribuciones patronales prevista en la reforma tributaria que presentó el Gobierno. Según datos publicados ayer por este diario, las grandes cadenas comerciales gozarían de un descuento cercano al 40 por ciento en el monto que abonarían al sistema de seguridad social en caso de mantener el régimen vigente. El beneficio sectorial representa alrededor de 15.600 millones de pesos anuales que el sistema de seguridad social dejará de percibir, una suma equivalente a financiar a cerca de 180 mil jubilaciones mínimas de hoy durante un año.