"Hay que exigirle a los Estados que cumplan los acuerdos y garantías que nos deben"

Silvia Trujillo Cordobés es socióloga, docente e investigadora. Nació en Uruguay en 1970, vivió su infancia en plena dictadura y posiblemente eso haya determinado los temas que le interesan: la defensa de la vida y los derechos humanos. En diciembre de 2001, se fue de Argentina y llegó a Guatemala, donde decidió quedarse. En charla con Las12 comparte su visión como comunicadora feminista y migrante.

En varios países de Latinoamérica compartimos un momento de avasallamiento de políticas públicas de género, ¿con qué herramientas cuentan hoy mujeres y disidencias para lograr la equidad y luchar contra las opresiones?

--Estos gobiernos regresivos y antidemocráticos que se han instalado en distintos países del continente, parecen tener un mismo libreto, se alimentan de su ignorancia, de su misoginia y de sus egos maltrechos para obturar los logros y la institucionalidad de las mujeres. Pero no solo, intentan arrasar con derechos fundamentales, violentan la libertad de expresión, atentan contra las universidades públicas, reprimen, encarcelan y obligan al exilio a quienes defienden derechos, la vida, la tierra, los territorios. Creen que, utilizando todo el aparato del Estado para imponer sus fines, lograrán, por fin, acallarnos. Frente a esa violencia institucional, el camino que elegimos las mujeres es el que hemos conocido y construido por años: seguir luchando y generando fuerza colectiva. Con ética feminista, conocimiento, dignidad, historia, seguirnos aliando, creando redes nacionales, regionales, continentales. Pero también quiero hacer una advertencia. Hay que exigirle a los Estados que cumplan con las garantías que nos deben.

¿Cómo se remonta desde el activismo feminista esta situación de desigualdad cuando la libertad de expresión se ve amenazada?

--Una herramienta muy importante que tenemos las feministas es nuestra propia historia. Nos toca seguir disputando narrativas, contrarrestar campañas de desinformación y descrédito, salir a las calles nuevamente, utilizar el medio digital como territorio de lucha, ocupar espacios con nuestras palabras y acciones, ser para las otras “ese apoyo que no pueda ser minado” como dijo Adrienne Rich. Pero también hay que hacerse cargo de las contradicciones, profundizar la autocrítica, aceptar los disensos, desmontar las violencias entre nosotras, identificarlas, reconocerlas y desautomatizarlas. Hacernos cargo. Explicitar las reglas y responsabilidades. También es importante que descolonicemos nuestros pensamientos y acciones para que podamos dialogar sin violencias ni imposiciones. Importantísimo, reconfigurar alianzas políticas.

¿Cómo se responde a las políticas de odio?

--Potenciando la denuncia y evitando que se normalicen los actos violentos. Enfrentar con datos e historias las campañas de desinformación. Reforzar la organización, fortalecer lazos y retejer alianzas. Crear entramados fuertes que sean cobijo para nosotras y las otras. Además, ser persistentes con el sistema de justicia, aunque no les hagan caso a nuestras denuncias, no investiguen y nos nieguen el acceso, seguir registrando allí los actos violentos. Para poner en evidencia su omisión.

¿Cómo viven las mujeres guatemaltecas las violencias cotidianas?

--En Guatemala el riesgo es ser mujer, las brechas son aún enormes. Pero, como si eso fuera poco, el trabajo periodístico en el país se realiza en condiciones de mucha inseguridad -es el lugar 138 de 180 en la clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras-. Yo he investigado por varios años este tema y la violencia contra las periodistas es específica, busca el silenciamiento, pero sobre todo, acallar las voces críticas, las que cuestionan los sistemas de opresión, por eso, no es casualidad que las mujeres sobre quienes se han desatado campañas más agresivas son aquellas que denuncian las violencias de empresas extractivas, las que visibilizan los atropellos contra las comunidades indígenas y campesinas, las que denuncian corrupción y mal uso de fondos públicos o redes político-económica ilícitas, así como aquellas que reclaman derechos sexuales y reproductivos en Guatemala.

¿Qué características tiene esa violencia?

--Tiene características particulares, no se dirige solo a ellas, generalmente también implican a su entorno familiar, y para muchas cargar con esa responsabilidad es un peso que sí les derrumba las certezas sobre su profesión. Además, las campañas de desinformación o de descrédito en su contra apuntan con suma frecuencia a atacar su sexualidad, reforzando ideas androcéntricas alrededor de la vida de las mujeres. La violencia contra ellas facilitada por la tecnología está cargada de discurso misógino y violencia sexual, con el agravante que no hay regulación clara para delitos cibernéticos.

Y la violencia es mayor hacia las mujeres indígenas.

--Ser mujer indígena, comunicadora comunitaria, joven o perteneciente a un grupo poblacional históricamente discriminado implica mayores riesgos porque en ellas se entrecruzan múltiples opresiones. Muchas ejercen en solitario, se movilizan en territorios rurales sin el respaldo o protección de un medio, no cuentan con seguridad social y, mucho menos, con un salario fijo porque le pagan sus notas a destajo. Algunas trabajan de forma independiente y publican en sus propios portales web lo cual las deja más a expensas de la violencia digital. Viven, entre otras, violencias cargadas de racismo y colonialidad. Por ejemplo, la violencia epistémica que las niega como sujetas de conocimiento o les niega el uso de sus idiomas. En Guatemala, un país donde más del 40 por ciento de la población se identifica como parte de alguna de las 22 comunidades lingüísticas mayas, la inmensa mayoría de los medios utiliza el idioma español.

¿Cuál es el grado de responsabilidad de los Estados para promulgar marcos normativos que generen las condiciones necesarias para poder trabajar libremente?

--El grado de responsabilidad es total. Son los Estados los que deben impulsar esos marcos legales que garanticen condiciones de trabajo dignas. Pero, no solo no lo hacen, sino que en muchos países en lugar de garantizar la seguridad y prevención de delitos son los principales agresores, o actúan por omisión, tolerando de forma directa o indirecta que la violencia contra las y los periodistas siga sucediendo. En Guatemala, por ejemplo, el Estado guatemalteco adquirió el compromiso internacional de creación de un Programa de Protección a Periodistas en 2012 y aún seguimos esperando que se cumpla.

¿Cómo actuar frente al silenciamiento que quieren imponer?

--Lo mejor que podemos hacer es responder con mejores coberturas, más investigación y mayor organización. Romper la invisibilidad y la falta de registro de Estados ginopes creando observatorios alternativos, proponiendo otros medios de registro, tanto a nivel local, como regional y luego difundiendo esa información por los canales que las redes feministas internacionales tienen. Desarrollar nuestros propios protocolos de seguridad, exigirles a los medios en los que trabajamos que generen protocolos de espacios seguros. Prevenir, prevenir, prevenir, porque una vez que el hecho sucedió, ya lo que queda por hacer es muy poco. Impulsar mecanismos gremiales de alerta temprana y activar investigaciones prontas frente a casos de violencia. Nos costó muchísimo salir del silenciamiento impuesto y no estamos dispuestas a volver. Como decimos en Guatemala #NoNosCallarán. Porque la historia pasada y reciente nos ha enseñado que frente al oprobio la peor respuesta es el silencio.