Pasan las horas y el reclamo de las universidades parece acrecentarse cada vez más tras la aprobación del veto a la Ley de financiamiento. En este contexto de toma de decenas de casas de altos estudios a lo largo de todo el país y de clases públicas, los sindicatos que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocaron a un paro nacional para este jueves 17 de octubre.
En esta línea se detalló que algunos paros serán de 24 y 72 horas y otras durarán hasta el viernes inclusive. También se acordó cortar calles y marchar a Plaza de Mayo y el Palacio Pizzurno.
Reuniones entre el Consejo Interuniversitario Nacional y estudiantes
Este martes continuarán las reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional y los estudiantes, con el objetivo de "sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático".
En tanto, el comunicado también convocó a un nuevo paro nacional de 24 horas para este jueves 17 de octubre y una semana de lucha a partir del lunes 21.
En este sentido, el Frente Sindical señaló que será "fundamental" comenzar a preparar las condiciones para una nueva marcha nacional universitaria "organizada desde las regiones", es decir, desde el interior del país.
El Gobierno ahora permite que la SIGEN audite universidades
Mientras el presidente Javier Milei insiste en que él "no va a ceder" ante las tomas que se registran en universidades de todo el país, les estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA convocaron a un "cacerolazo" para este miércoles las 18 en la intersección de Púan y Rivadavia, a pocas cuadras de la sede universitaria.
En paralelo, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó un dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoria General de la Nación (AGN), órgano de control que no depende del Poder Ejecutivo.
La medida, que vulnera la autonomía universitaria al someterla al control del Poder Ejecutivo, como reconoce la Constitución, abre un seguro camino a la judialización. Desde el Ministerio de Capital Humano celebraron la decisión de Barra y rechazaron que se viole la autonomía universitaria.
