El jefe narco Fabián "Calavera" Pelozo fue procesado ayer por liderar una asociación Ilícita, lavado de activos y el transporte de estupefacientes, dictada por el juez federal Nº3 de Rosario Carlos Vera Barros. La medida abarca además a su pareja Agustina Aylen Ercoli Navarro, su suegro Mario Angel Ercoli Navarro, a Carlos Andrés Suárez, a Gregorio Gómez, a Daniel Gustavo Marco y a Matías Héctor Nicolás Mansilla, como miembros de la esta asociación ilícita. Pelozo está preso en el penal de Ezeiza y está relacionado con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. El procesamiento es el resultado de un largo expediente en el que son investigados luego que se descubriera que habían acumulado una vasta cantidad de bienes a través del narcolavado.
La investigación actual, llevada adelante por los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad Matías Scilabra, Diego Iglesias y Matías Álvarez, apunta a una cantidad de vehículos e inmuebles que Pelozo, su pareja y su suegro adquirieron en los últimos años. "La actividad narcocriminal liderada por Fabián Gustavo Pelozo ha generado, desde el año 2017, una serie de cuantiosas ganancias económicas que han permitido su inserción en el sistema financiero ocultando su verdadero origen, en el marco de la actividad de la organización criminal investigada", indican los investigadores en la causa. El objetivo, aseguran, es generar ganancias lícitas a partir de inversiones con procedencia ilegal.
Hace solos unos días, el mismo juez Vera Barros había procesado a «Calavera», y cinco personas más por emboscar, secuestrar y asesinar a Silvio David Vitullo y Diego Fabián Segura, dos mecánicos hallados calcinados la tarde del 10 de diciembre de 2022 dentro de un utilitario Citröen Berlingo en Guernica, partido de Presidente Perón.
El crecimiento delictivo de “Calavera”, dio un notable salto en 2018, cuando estableció relación con Jorge Adalid Granier Ruíz, un traficante boliviano que proveía a grupos criminales rosarinos mediante vuelos clandestinos y esta alianza permitió a Pelozo recibir y almacenar grandes cantidades de drogas en una propiedad de su suegro en Monte Maíz, Córdoba. De esta forma, “Calavera” se consolidó como un proveedor de peso en la región, operando con un bajo perfil.
En marzo de 2022, Pelozo fue detenido y se le confiscaron numerosos bienes: nueve vehículos, entre ellos varios 4x4 y una embarcación llamada “Reyna de Reynas”, incautada en Correa. También se le atribuyen la posesión de dos lotes en Carlos Paz, Córdoba, valorados en 182 mil dólares, según la investigación de Gendarmería Nacional.
Por su parte, Agustina Ercoli, nacida en 1995, se involucró activamente adquiriendo bienes y negocios desde 2019. Posee un lote en el Carlos Paz Golf Country Club valuado en más de 100 mil dólares, dos departamentos en el centro de Rosario, y varios lotes en Ibarlucea. Asimismo, es propietaria de un depósito, un camión, múltiples vehículos, y ha abierto dos minimarkets, una escuela de equinoterapia, y un geriátrico.
Y Mario Ercoli Navarro, figura como una pieza clave en el soporte logístico de esta red criminal, proporcionando terrenos para almacenar drogas. Con un historial que incluye una suspensión por dopar a un caballo en el Hipódromo de Rosario en 2017, Ercoli adquirió varios vehículos, incluyendo Toyota SW4, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Peugeot 208, Volkswagen Gol Trend, y un trailer para transporte de caballos. También se le investigan más lotes adquiridos en Ibarlucea.
Las inusuales adquisiciones de bienes y la falta de coherencia patrimonial de los involucrados fueron determinantes en la investigación de las autoridades y según la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), “Calavera” lideró una vendetta en diciembre de 2022 que resultó en un doble homicidio, luego de que le robasen una camioneta cargada con drogas y lingotes de oro.
La pesquisa de los fiscales reveló que desde 2018 hasta su arresto, Pelozo y su círculo íntimo cometieron numerosos actos de lavado de activos, utilizando su red de contactos y bienes para potenciar su operación criminal. Durante este período, la compra de inmuebles y vehículos de lujo en varias provincias argentinas reflejaba un crecimiento patrimonial dificultado de justificar.
