Seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de rutas en Bolivia en defensa del líder boliviano, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Los cortes de caminos se concentraron en la región central de Cochabamba, que durante la jornada registró cuatro puntos de bloqueo y un quinto en el límite de esa región con la oriental Santa Cruz, el motor económico del país. Morales, quien asegura que la causa abierta por la fiscalía forma parte de una persecución urdida por el gobierno del exministro y hoy adversario Luis Arce, permanece resguardado en la provincia cocalera del Chapare, según informaron fuentes de su partido a la agencia AFP.
Cortes, gases y 13 detenidos
Con piedras y tierra, los manifestantes cortaron las vías que conectan Cochabamba, donde Morales tiene su base política, con las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC), que reportó el martes dos nuevas rutas bloqueadas que se suman a las tres del lunes. En Parotani, un poblado en la ruta entre Cochabamba y La Paz, se registraron por segundo día enfrentamientos con la policía.
Los manifestantes lanzaron piedras, petardos e hicieron fogatas. La policía reprimió con gases lacrimógenos, pero no consiguió desbloquear los caminos. Varias personas que viajaban en micro por Parotani tuvieron que pasar a pie por ahí con bultos y valijas a cuestas, en medio de las piedras, tierra y neumáticos usados por los manifestantes para cerrar el paso. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que 300 camiones cisterna con combustible para abastecer a distintas ciudades están parados en las carreteras a causa de los bloqueos.
Desde Parotani, el dirigente campesino Ricardo Cardozo dijo: "Si tocan al hermano Evo, peor va a ser este bloqueo; por dos meses, tres meses, hasta fin de año". El gobierno informó que al menos 13 personas fueron detenidas por posesión de artefactos explosivos y por entorpecer las tareas de la policía. El diputado "evista" del MAS, Pacífico Choque, que acompañó a las personas aprehendidas que más tarde fueron liberadas, calificó el hecho como un caso armado ya que el Ministerio Público no logró encontrar ningún indicio probatorio contra ellos.
"Es un proceso absolutamente montado"
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que cada punto de bloqueo será analizado de manera individual antes de proceder a su desalojo y acusó a Morales de dirigir una "dictadura sindical" con la que está volcando a la gente a las calles. Además de "resguardar la libertad e integridad" de Morales, el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al ex mandatario de 64 años, se movilizó para protestar contra la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible.
El Pacto de Unidad también condicionó su asistencia a cualquier mesa de diálogo a "la abrogación del decreto supremo que establece la pausa ambiental", surgida como una respuesta urgente frente a la devastación provocada por los incendios forestales. "Estas estrategias constituyen la base de cualquier diálogo democrático, sano y transparente ante la profunda crisis que atraviesa nuestra economía”, aseguró el dirigente campesino Enrique Mamani.
El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Humberto Claros, sostuvo que "el gobierno soluciona definitivamente estos problemas en un diálogo sincero o definitivamente se larga del país". Claros denunció que el gobierno está detrás de "la grave persecución política judicial" contra el exmandatario. "Es una grosería lo que se está haciendo contra el hermano Evo Morales, es un proceso absolutamente montado, ensañado, planificado a oscuras", expresó el dirigente.
Los grupos afines a Morales condicionaron cualquier diálogo a que el Ejecutivo reconozca el congreso partidario donde se ratificó a Morales como presidente del MAS y se lo nombró candidato, que les garanticen que está habilitado para ser candidato en 2025 y que levanten los procesos en contra del exmandatario. El gobierno considera que el bloqueo es "político y por temas personales", y advirtió que la medida afecta a la economía popular que Morales y sus seguidores dicen defender.
En medio de la confrontación entre Arce y Morales, el presidente decidió de manera sorpresiva renovar la cúpula de la policía nacional, entre ellos a su comandante y a otra veintena de mandos. Augusto Juan Russo asumió de manera interina para sustituir a Álvaro José Álvarez al frente del cuerpo. Durante su discurso de posesión, Russo remarcó su "férreo compromiso con el pueblo y el gobierno de Bolivia" y anunció que aplacará "cualquier intento de romper el orden establecido".
La denuncia contra Evo
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos de "estupro, trata y tráfico de personas". La fiscalía del departamento de Tarija señala que Morales tuvo una relación en 2015 con una menor, cuando ella tenía 15 años, y que un año después nació una hija de ambos.
Morales rehusó el jueves pasado comparecer a la citación del Ministerio Público. Ante su negativa, la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario. Gutiérrez ya emitió una orden de aprehensión contra Morales a finales de septiembre, pero la justicia anuló su decisión tras una apelación.
La Fiscalía anunció que iba a ordenar nuevamente la detención contra Morales para obligarlo a declarar, aunque se desconoce si el documento fue emitido. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó este martes que por ahora la policía boliviana no recibió la orden de aprehensión contra Morales y aseguró que cuando les llegue, las fuerzas de seguridad la cumplirán.
El ministro dejó en claro que "si alguna vez nos llega una orden de aprehensión en contra de cualquier persona en nuestro país, la policía boliviana no tiene por qué cuestionar si esa orden es buena o mala, la policía debe cumplir con los documentos que le lleguen", y agregó: "La policía boliviana no delibera, no decide, cumple lo que determinan los fiscales y jueces del país".
El viernes la policía detuvo al padre de la presunta víctima de estupro. De acuerdo con la fiscalía, los padres inscribieron a su hija en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios", lo que configuraría el delito de trata y tráfico de personas. De avanzar el proceso, el exmandatario se expone a una pena de hasta 20 años de prisión.
Convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, Morales tilda el caso como una mentira más y recuerda que ésta misma causa ya fue investigada y archivada por la justicia en 2020. Según Morales, el gobierno de Arce reactivó el caso para impedir que concurra a las presidenciales de 2025.
