La comisión bicameral de Trámite Legislativo rechazó el decreto del Poder Ejecutivo que creó la sociedad anónima Corredores Viales, cuyas funciones se superponen a la Dirección Nacional de Vialidad. La comisión había convocado para ayer al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para que concurra a justificar el decreto, pero se ausentó. Tampoco concurrió ningún legislador de Cambiemos.

El proyecto para derogar el decreto 794/2017 que creó la empresa Corredores Viales SA llegará al recinto en los próximos días, luego del dictamen de la comisión. Los diputados y senadores opositores consideraron que la creación de Corredores Viales SA es, en realidad, una privatización encubierta de la Dirección Nacional de Vialidad, dado que los objetivos de la empresa son la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional, es decir, los mismos que tiene el organismo oficial. Y si bien en principio será una sociedad con acciones repartidas entre reparticiones del Estado –el 51 por ciento al Ministerio de Transporte y el 49 por ciento justamente a la Dirección de Vialidad–, el decreto deja abierta la posibilidad de que luego puedan ser vendidas a privados. 

En el comienzo de la reunión de la Bicameral, su presidente, el diputado del Frente para la Victoria Marcos Cleri, reveló que ningún organismo del Estado contestó los pedidos de informes sobre los alcances del decreto de creación de Corredores Viales. Luego, el ex gobernador y diputado peronista José Luis Gioja fue terminante y calificó la iniciativa como “ilegal e inconstitucional” porque “avasalla con todas las normas habidas y por haber, y viene a reemplazar a la Dirección Nacional de Vialidad”. 

La senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ-FpV) alertó que la intención del Gobierno es “echar por tierra Vialidad Nacional” y lamentó la ausencia de representantes del oficialismo en la comisión. “Es lamentable que el oficialismo no haya venido a plantear su postura, y que el ministro no haya venido a plantear que es lo que quisieron hacer con este decreto inconstitucional”, afirmó.

La reunión contó con la presencia de María del Carmen Burgos, delegada de Vialidad Nacional por ATE Capital, quien aseguró que la medida “pone en peligro más de seis mil puestos de trabajo” y “es una maniobra más en sus objetivos de privatizar todo” y reclamó la nulidad del decreto.