El resultado de las últimas elecciones envalentonó a la derecha macrista. Hasta pareciera que el gobierno ha perdido todo freno inhibitorio, por lo que avanza desembozadamente en todos los frentes de manera simultánea. A la pública persecución política a dirigentes opositores, le ha sumado un ambicioso plan de reformas laborales, tributarias y previsionales,  que tienen en común el avance sobre los sectores sociales más vulnerables. Una vez más, ellos deben pagar el precio de las políticas macroeconómicas que aumentan los privilegios de los ricos y poderosos.

Por razones de espacio, voy a detenerme solo en lo que es una evidente obsesión de todas las derechas del mundo, la “flexibilización laboral”, a la que los neoliberales llaman la desregulación del “mercado de trabajo”. Es decir, la reducción de los derechos de los trabajadores a su mínima expresión. Los neoliberales conciben al salario, sencillamente, como un costo de producción, por lo que el Estado, según ellos, debe generar las condiciones para que ese costo sea el más bajo posible. 

Su único objetivo es optimizar la renta empresarial o patronal. Y el discurso que la precede es siempre el mismo, en cualquier parte del globo: “Hay que eliminar las trabas para generar más empleo de calidad”, “es un sinceramiento necesario de las relaciones laborales, después del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo moderno”, “hay que terminar con la industria del juicio laboral, que desalienta al empleador para tomar nueva mano de obra”. En el caso de nuestro país, se suma el remanido argumento de “llevar a la Argentina al Primer Mundo, que nunca debió abandonar”. 

Todos estos argumentos, más algunos otros, se suelen escuchar hoy en boca de funcionarios macristas, del mismo modo que en la década del noventa los escuchábamos de boca de funcionarios menemistas. O en el 2001, cuando el gobierno de la Alianza llevó adelante su ley de flexibilización laboral mediante el soborno en el Senado. Un dato a tener en cuenta es que tanto en la Argentina como en cualquier otra parte del mundo donde se aplicó esta precarización laboral, jamás se consiguió el anunciado objetivo de generar empleo. Por el contrario, se multiplicó el desempleo. Los motivos son obvios: la patronal, al sentirse liberada de tener que respetar las normas que preservan al trabajador en sus derechos, sencillamente aprovecha para echar a sus trabajadores más antiguos, y, en el mejor de los casos, para tomar nueva mano de obra precarizada. 

La crítica situación que hoy vive el pueblo trabajador, sin dudas, se va a profundizar. Eso es así porque la receta monetarista ortodoxa que está aplicando el macrismo para combatir la inflación tiene como objeto  bajar el consumo interno de los sectores populares, con el objeto de reducir la circulación de dinero, y limitar así la impresión de moneda. Para ello ataca a las medianas y pequeñas empresas por medio de la importación indiscriminada de bienes de consumo, y reduce el salario a través de la precarización laboral. 

El proyecto de reforma pretende, entre otras cosas, la reducción de aportes patronales y de multas para quienes contraten trabajadores en negro, la eliminación o limitación de responsabilidad de las grandes empresas que tercerizan actividades, la baja de indemnización por despido, la eliminación del pago de horas extras, el retorno de los contratos basura. 

Suponer que de este combo puede salir algo bueno para el pueblo trabajador, en el mejor de los casos, es una gran ingenuidad. Por eso, desde el campo popular debemos resistir este nuevo intento de salvaje despojo, para lo que hay que sumar toda la masa crítica posible, sin prejuicio ideológico alguno. 

* Unidad Ciudadana.