Cinco dirigentes gremiales fueron detenidos este viernes en Rosario por los incidentes ocurridos a mediados de septiembre en la Legislatura, durante la sanción de la reforma previsional. Tres son docentes de Amsafé Rosario, uno es militante de la CTA Autónoma y otro es un trabajador vinculado a ATE Rosario. A la cuenta se suma un sexto detenido de la localidad de Teodelina, perteneciente a la Festram. Los allanamientos fueron ordenados por la fiscal María Laura Urquiza, de la ciudad de Santa Fe y todos los detenidos fueron trasladados a la capital provincial este jueves, donde tendrá lugar la audiencia imputativa. Los gremios denunciaron que los allanamientos se dieron de forma violenta y sin dar las precisiones de lo que se estaba investigando. Ayer por la tarde dispusieron un cese de tareas y concentraron en plaza San Martín, para visibilizar la situación. “Todos los allanamientos fueron violentos e innecesarios, porque se podrían haber liberado citaciones a las que hubiésemos asistido”, aseguró Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario y hermana de uno de los detenidos. “Creemos que hay una definición política detrás de estas detenciones y lo que estamos exigiendo es la inmediata libertad de los compañeros”, sostuvo Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario.

Ayer a la tarde, la asamblea interfacultades de la Universidad Nacional de Rosario, que se inició en la Facultad de Humanidades y Artes, con más de 800 asistentes, definió marchar a la plaza San Martín en apoyo a los detenidos, y reprogramar para el viernes la asamblea por el conflicto en la Universidad debido al veto del presidente Milei a la ley de financiamiento. 

Entre los detenidos están los docentes Román González y Franco Casassola, que forman parte de la comisión directiva de Amsafé Rosario; y Diego del Castillo de Curbelo, delegado de escuelas en zona norte. Otro de los detenidos es Maximiliano Molina que además de formar parte de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la CTA Autónoma de Rosario, es hermano de Lorena Almirón, referente gremial de la ciudad. El quinto imputado es Daniel Vázquez, un trabajador estatal recientemente despedido del área de Niñez. El lunes –un día antes de los allanamientos– los trabajadores de Niñez nucleados en ATE Rosario realizaron una manifestación reclamando su reincorporación ante un despido “sin argumentos claros”.

La noticia de las detenciones comenzó a circular desde temprano de forma parcial y los referentes gremiales fueron reconstruyendo la información como pudieron. Para las 11 de la mañana se autoconvocaron en el Centro de Justicia Penal, pero tampoco allí tuvieron demasiadas precisiones. “Aparentemente hay una imputación que tendría que ver con los incidentes en la Legislatura del mes pasado”, explicó Casiello desde el lugar. Pasado el mediodía, los dirigentes fueron hasta la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se encontraban los detenidos, que a las 17 horas fueron trasladados a Santa Fe. Para esa misma hora los gremios realizaron una convocatoria frente a la sede de Gobernación para repudiar los hechos.

Las órdenes de detención fueron dictadas por la fiscal María Laura Urquiza por “daño calificado e impedimento de funcionamiento del congreso”. Los hechos se remiten al pasado 12 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados de la Legislatura santafesina dio sanción definitiva a la ley de reforma previsional, que distintos gremios calificaron como perjudicial para los trabajadores. Aquella jornada transcurrió en medio de un clima tenso, que terminó con incidentes y represión por parte de la policía provincial. Distintos actores pusieron en duda la constitucionalidad de la reforma y acudieron a la Justicia, que justamente este lunes rechazó las denuncias. Para los gremios, el contexto en que se dan las detenciones no pasó desapercibido.

“La orden de oficio se dio el mismo día que se hizo pública la definición judicial de rechazar la inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria por planteos de los sindicatos y el avance de las causas particulares en ese sentido”, expresaron en un comunicado. “También sucedió a menos de 24 horas de haber decretado el cierre de las paritarias provinciales. El gobierno de Pullaro atacó a las organizaciones que masivamente rechazaron la oferta salarial y sostienen un plan de lucha contra el ajuste”, manifestaron los gremios.

Allanamientos violentos

Según los gremios, los allanamientos se dieron de forma “brutal y violenta” en los domicilios de los detenidos. “Sabemos que entraron rompiendo puertas y amenazando con armas de fuego. Realmente es una situación muy grave, con mucha violencia, absolutamente injustificada. A cada casa a la que llegaron actuaron con absoluta violencia y los detuvieron a estos tres compañeros docentes”, denunció Casiello.

En todos los allanamientos se repitió la misma característica: la policía buscaba material con identificación gremial. “Buscaban pancartas, volantes, banderas. La verdad que no sé cuáles son los criterios de la justicia para investigar, pero esa es la información que tenemos”, explicó Cassiello y agregó: “Creemos que hay una definición política detrás de estas detenciones y lo que estamos exigiendo es la inmediata libertad de los compañeros. Claramente es una persecución contra los gremios que no se doblegan y que se mantienen firme contra las políticas de ajuste”.

En el caso de Franco Casassola, la policía allanó tres domicilios antes de dar con su paradero. El docente también es integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Rosario y fue candidato a diputado provincial en las últimas elecciones. En sus redes, el referente de la izquierda en la ciudad, Octavio Crivaro, repudió la detención: “Rompieron su puerta y amenazaron con armas de fuego. Es gravísimo. Un docente tratado como criminal de guerra”.

Otra de las detenciones transcurrió en el domicilio de la madre de Lorena Almirón, donde buscaban a su hermano, Maximiliano Molina. “El domicilio de mi mamá fue allanado de manera muy violenta. Todos los allanamientos fueron violentos e innecesarios, porque se podrían haber liberado citaciones y hubiésemos asistido”, cuestionó la referente de ATE Rosario. La dirigente también recordó que el quinto detenido, Daniel Vázquez, fue “injustamente despedido” la semana pasada y que el lunes hubo una manifestación pidiendo su liberación. “Se menciona la participación de ellos en la movilización en Santa Fe, en el marco de la reforma previsional que impulsó Pullaro. Es muy grave lo que está pasando”, evaluó.

Desde ATE Niñez Rosario también se pronunciaron sobre la detención de Vázquez. Por medio de un comunicado explicaron que trabajaba acompañando a niños de 5 a 13 años sin cuidados parentales, tarea por la que cobraba 240 mil pesos. “Daniel se quedó sin laburo, nos organizamos y pedimos transparencia pero nos cerraron el diálogo, nos amenazaron por nuestra condición de precariedad laboral y nos pusieron policías en la puerta de Niñez”, señalaron. “Hoy es uno de los compañeros con pedido de captura por orden de Pullaro”, añadieron. 

Repudios

Las detenciones generaron repudios de casi todos los actores de la vida social y política de la ciudad y la provincia. Desde la Intersindical Rosario exigieron la inmediata liberación de los detenidos, así como también el resguardo de su integridad. “Nos solidarizamos con los compañeros que fueron detenidos y violentados en sus domicilios particulares por luchar contra la reforma previsional que atenta los derechos de activos y jubilados”, manifestaron por medio de un comunicado.

En tanto, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) apuntaron contra el accionar del gobierno provincial y sus fuerzas de seguridad. “Indudablemente resulta cada vez más evidente el alineamiento político y metodológico del gobernador Maximiliano Pullaro con las políticas del gobierno nacional y fundamentalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”, expresaron en un escrito titulado “El gobierno provincial persigue a sindicalistas”.

 

También organizaciones sociales y políticas se expresaron por el hecho. Desde el Movimiento Evita denunciaron la “persecución a los dirigentes sindicales y sociales que se manifestaron contra la reforma previsional regresiva impulsada por el gobierno provincial”. Mientras que desde Ciudad Futura apuntaron contra la “intimidación a quienes ejercieron su legítimo derecho a la protesta el día en que se aprobó el recorte a jubilados en la Legislatura”.