"¡No quiero que me saquen a mi abuela!", fue el grito desesperado de una adolescente que era consolada por un familiar en el momento en que la policía jujeña sacaba a su abuela Clemencia Farfán, de 99 años, en silla de ruedas, de la casa donde vivió toda su vida en la localidad de Guerrero, en la provincia de Jujuy.
"¡No me quiero ir! De esto vivimos nosotros ¿qué vamos a hacer?", repetía llorando otra mujer campesina indígena que miraba a su alrededor, pedía por sus animales, y yacía impotente en el suelo mientras la consolaba una compañera de esa comunidad del Pueblo Kolla, que le repetía "ya vamos a salir de esto".
En los videos que se viralizaron el mismo día del desalojo, el martes último, se escuchan llantos de niños y niñas de fondo. Uno pregunta a su madre: "¿lo van a llevar detenido a papá?". Varios miraron con angustia cómo los efectivos policiales transportaban todas sus pertenencias a un camión mientras Pablo Quipildor, miembro de la comunidad, se resistía a ser llevado por la policía. Gritaba desesperado: "denuncio a Guillermo Jenefes y a su hijo, Juan Jenefes, y a toda esta corrupción".
"Guillermo Jenefes dió la orden, nos están desalojando y la doctora Lis Valdecantos (Bernal) es cómplice de todo lo que nos están haciendo", ratificó Quipildor ante una periodista de la revista Cítrica que lo filmaba. Aludía a la jueza jujeña que ordenó el desalojo y está a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial. Quipildor permanecía sobre la caja de una camioneta policial, esposado con los brazos hacia atrás. Poco podía hacer por Máxima Bustamante, presidenta de su comunidad, Nélida Bustamante, Jorge, Santiago e Ivana Cruz. Todos pedían por favor a los policías que los dejaran libres. Sin embargo, fueron trasladados en esas camionetas -los hombres en la caja, esposados- y luego demorados por algunas horas en la Comisaría de la localidad de Reyes.
Los Jenefes representan una de las familias fuertes de Jujuy. El empresario Guillermo Jenefes es dueño del multimedio Canal 7, fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015 en la administración de Eduardo Fellner, pero apoyó a Gerardo Morales (UCR) cuando ocupó una banca como convencional constituyente en la polémica reforma de la Constitución jujeña llevada a cabo en junio de 2023. Su hijo, Juan Jenefes, ocupa hoy una banca como diputado provincial por el PJ de Jujuy.
Los Jenefes son también titulares registrales de varios catastros en las yungas jujeñas al oeste de San Salvador de Jujuy. Justamente, sobre esos catastros a los que se accede por el camino que lleva a Termas de Reyes y a Guerrero, mantuvieron hasta el desalojo del martes, un conflicto con las familias de la comunidad kolla que tomó el nombre de esa localidad. A ellos, los Jenefes los acusaron siempre de ser usurpadores y cuestionaron su condición de habitantes ancestrales. "No eran campesinos sino usurpadores", fue la primera respuesta que dió la abogada de esa familia, Leonor Palomares, a las consultas de Salta/12.
Las comuneras y comuneros tiene otra versión. "Nosotros no somos una comunidad inventada. El día del desalojo nos violentaron todos nuestros derechos", afirmó Lorena Durand de Cruz, secretaria de la comunidad kolla. "Guillermo Jenefes maneja el poder político y policial en Jujuy. El día del desalojo la policía no respondió al Estado jujeño sino que le respondió directamente a él", denunció. "Había más de 150 policías para sacar a cinco familias" con mayoría de "personas adultas, mujeres y niños". Recordó que "los niños estuvieron totalmente afectados" y denunció que a su hijo de 10 años de edad, "un policía le dobló los brazos hacia atrás porque estaba tratando de ayudar a su abuela".
"A mi suegra (Máxima Bustamante), que es la actual autoridad de la comunidad, un personal policial hombre se le tiró encima", continuó. "Cuando mi esposo (Jorge Cruz) y mi primo (Pablo Quipildor) se acercaron a ayudarla a levantarse, otros policías los agarraron y los detuvieron diciendo que se estaban resistiendo a la autoridad", relató.
La comunidad tiene personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Años más tarde, entre 2017 y 2018, obtuvieron la carpeta técnica del relevamiento territorial y consta como resolución 62/2018 en el Boletín Oficial de la Nación. En su anexo está el plano catastral que marcó los límites de la ocupación actual, tradicional y pública.
Justamente, el meollo del conflicto entre los Jenefes y la comunidad kolla gira en torno a interpretaciones disímiles entre la propiedad colectiva o comunitaria del territorio que reconoció el INAI en favor de esa comunidad y la propiedad registral de los Jenefes según catastros a nombre de Susana Carrillo, integrante de la familia Jenefes Quevedo.
La personería jurídica de la comunidad kolla y el relevamiento territorial del INAI fueron anulados por el gobierno jujeño por medio del decreto 2696 del 21 de febrero de 2021. Gerardo Morales -en ese momento gobernador de la provincia- ordenó "dar de baja la inscripción en el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas" a la personería jurídica registrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a favor de la Comunidad Kolla Aborigen de Guerrero, que se la otorgó en 2008 por medio de la resolución 485.
La interpretación estuvo en la línea de argumentos que sostuvo la abogada de la familia Jenefes ante este diario, siempre en relación al desalojo en Guerrero. Palomares dijo que en Jujuy esta comunidad no tiene personería jurídica. Recalcó que en 2007 la comunidad pretendió "apropiarse de tierras que sabían que no les pertenecían", en referencia al momento en que comuneras y comuneros decidieron organizarse tras la sanción de la ley 26.160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y ordena el relevamiento de los territorios de ocupación ancestral. "No son aborígenes ni vivían como comunidad aborigen ni residen desde épocas de la conquista o colonización", insistió la representante legal de los Jenefes Quevedo.
"Fue un acto completamente irregular", afirmó por su parte, el abogado de la comunidad, Carlos Alberto Mamaní Cruz. El letrado cuestionó la anulación de la personería jurídica que otorgó el INAI a la comunidad. Agregó que en Jujuy "la cuestion es el poder económico que tiene el señor Jenefes, que es quien inició esta causa", refiriéndose a Juan Jenefes, actual diputado provincial e hijo del empresario y político del PJ jujeño.
Mamaní Cruz recordó que la acción de reivindicación que presentaron los abogados que le precedieron en la causa tuvo el objetivo de restituir las tierras a la comunidad. Sin embargo, ese expediente espera resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal donde donde finalmente derivó el trámite tras sucesivas apelaciones a fallos de la justicia jujeña. "Ese trámite no quedó firme y, pese a que la Corte todavía no se expidió, lo
mismo avanzaron", sostuvo el abogado.
Sobre ese trámite en el máximo tribunal de la Nación la abogada de los Jenefes Quevedo aseveró lo contrario. "La sentencia sí se encuentra firme desde el año 2019. El recurso de queja que presentaron los usurpadores", por la comunidad kolla, "no fue admitido hasta el día de la fecha", sostuvo. Recordó además que "la mera interposición de un recurso de queja no suspende el proceso".
En medio de la disputa legal, las familias desalojadas están en situación de calle. La noche del martes, todas sus pertenencias se mojaron por la torrencial lluvia que precipitó en San Salvador de Jujuy. "Nos comunicaron que están sacando nuestros animales. Además nos aseguran que hay una notificación circulando para que saquemos a nuestros familiares muertos del cementerio", denunció Lorena de Cruz.
Si bien este diario no pudo acceder a una documentación oficial que dé cuenta formalmente de esa decisión de la jueza que interviene en la causa, la abogada de los Jenefes Quevedo desmintió la versión. "Desconozco a qué alude la versión que circula con el término cementerio familiar", aseveró. "El único cementerio que conozco en la zona es el cementerio de Guerrero", dijo y recordó que "no se acreditó relación parental" con los miembros de la comunidad kolla. "La gente enterrada eran habitantes del pueblo de Guerrero, familiares de empleados y ex empleados de la Susana Carrillo de Quevedo Cornejo", la familiar de los Jenefes Quevedo que todavía figura como titular de los catastros del conflicto, según consta en la Dirección Provincial de Rentas jujeña. Son los que se superponen -en parte- al territorio relevado por el RENACI a favor de la comunidad kolla que fue desalojada el martes.
Según afirmó Palomares, mientras Susana Carrillo vivió, comuneras y comuneros ingresaban "a las tierras de propiedad de la difunta supeditados a la condición de mantenerlo limpio". Mientras tanto, el abogado de la comunidad aseveró que continuará con las acciones legales que inició desde que tienen a su cargo la defensa de la comunidad: un recurso de revocatoria para cambiar la resolución de desalojo, un jury contra la jueza que ordenó el desalojo, y una acción autónoma de nulidad que invalide actos judiciales contra comuneras y comuneros. Sobre la jueza, Mamaní Cruz solo afirmó: "creo que fue colocada en ese lugar y quien digitó su llegada fue el señor Guillermo Jenefes".
