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La agenda pública salteña sigue cooptada por el crimen organizado y sus infiltraciones en la política. Las novedades de ayer mostraron esa imbricación. Hubo acciones en el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el gobierno provincial y el nacional, y en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta donde un concejal pidió la renuncia de Benjamín Cruz, vocal del Tribunal de Cuentas municipal, que está imputado porque habría facilitado que el asesor político Darío Monges, asesinado poco después, pudiera visitar a un sicario en la cárcel de Orán.
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió ayer con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, "para avanzar en un nuevo programa de acción y colaboración entre Provincia y Nación denominado Plan Güemes", informó el gobierno provincial.
Añadió que la ministra confirmó la creación de una Base Naval en Aguas Blancas y el envío de fuerzas de seguridad a Orán para combatir el crimen organizado en la zona fronteriza. "Este operativo se enmarca en una estrategia similar a la implementada en Rosario, donde se logró un notable éxito en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos”, dijo Bullrich.
Según indicó el gobierno, se reforzará la presencia de la Gendarmería Nacional, además de la llegada, por primera vez, de la Prefectura Naval a Aguas Blancas, un punto considerado "crítico" por su conexión con el Estado Plurinacional de Bolivia.
“Por primera vez en la historia Prefectura Naval Argentina va a estar en Salta para la vigilancia del puerto de chalanas que une a través del río Bermejo las localidades de Aguas Blancas en Argentina y Bermejo en el Estado Plurinacional de Bolivia”, destacó el gobernador.
Sáenz utilizó sus redes digitales para confirmar la presencia de las fuerzas de seguridad nacionales en la frontera. “Nuestra provincia contará con delegaciones de todas las Fuerzas Federales de Seguridad lo que representa la profundización y optimización del vínculo entre las fuerzas provinciales y nacionales”, aseguró.
El mandatario dijo que en la reunión con Bullrich se decidió nombrar Güemes a este Plan, en homenaje "a quien fuera el mayor defensor de nuestra frontera norte argentina”.
La cuestión Benjamín Cruz
La presencia del crimen organizado en el norte salteño, particularmente en el departamento Orán, viene siendo denunciada al menos desde 2023 por el procurador general, Pedro García Castiella. Sin embargo, a mediados de septiembre ganó mayor relevancia cuando el propio gobernador reveló que se había descubierto una conspiración para atentar contra el jefe del Ministerio Público Fiscal.
Detrás de ese plan estaba el sindicado jefe de sicarios Cristian "Gringo" Palavecino, detenido en octubre del año pasado, a instancias precisamente del procurador general.
Por aquello de la trama del crimen organizado, en uno de los teléfonos de Palavecino se encontró un video de una reunión con el asesor político Darío Monges, cuyo asesinato, cometido en septiembre de 2022, está siendo ventilado en la Justicia Federal. Aunque el Gringo no está acusado por este crimen, ese video fue aportado en este juicio porque aparece la víctima.
Monges, que trataba con el Gringo beneficios para el detenido sicario Oscar "Cabezón" Díaz, le dijo que llevaba el ofrecimiento del entonces ministro de Seguridad, Abel Cornejo, y del secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, de liberar la ruta.
La difusión de este video robusteció las sospechas sobre Benjamín Cruz, ahora vocal del Tribunal de Cuentas de la municipalidad de la ciudad de Salta, que ya está imputado por tráfico de influencias, porque habría dado la orden para que Monges ingresara al penal de Orán a ofrecerle beneficios a Díaz a cambio de una coima.
Ayer, haciendo referencias a ese video, el concejal libertario Pablo López pidió la renuncia de Cruz al Tribunal de Cuentas.
El edil manifestó su preocupación por el avance del narcotrafico en Salta. "No nos puede parecer normal que hayamos tenido un secretario de Seguridad que luego haya sido imputado por tráfico de influencias por facilitar a Monges una visita a la cárcel de Orán”, sostuvo. Y si bien reconoció que el Concejo Deliberante no puede tomar medidas para obligarlo a dejar el cargo, le pidió que "dé un paso al costado”. “Le pido que muestre transparencia y demuestre que la política es diferente”, ratificó.
En cambio, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, dijo al programa De Buena Fuente que “no corresponde al Concejo Deliberante pedir algún tipo de explicación” a Cruz. Madile opinó que “hay una operación política detrás del video".
Que vuelvan a prisión
En otro escenario de los hechos, ayer la Unidad Fiscal que investiga interferencias en una causa penal, presentó un recurso de apelación en contra de la decisión por la que el juez de Garantías 1, Raúl López, rechazó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario con consigna policial fija al abogado Roberto Ortega Serrano y al ex intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo "Conejo" Martínez.
La Unidad Fiscal consideró que la decisión del magistrado "parte de un grave error" en la interpretación del artículo 386 del Código Procesal Penal de Salta ya que "se limita a exponer como requisito indispensable" para "la afectación de la libertad, la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad" y "no alcanzó a entender que la postura fiscal se dirige a los otros supuestos que autoriza la aplicación de la prisión preventiva".
En el caso de Ortega, la fiscalía aseguró que hay un "riesgo concreto" de que entorpezca la investigación. Recordó en este sentido que al "ser allanado en otra investigación evitó el secuestro de su celular arrojándolo a una propiedad vecina". Además, "transfirió información" a una persona que iba a ser allanada antes de que se ordenara la ejecución de esta medida, "información que habría obtenido indebidamente valiéndose de su condición de abogado".
En cuanto a Martínez, al riesgo de entorpecer la investigación le sumó "la posibilidad de la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo" porque tiene un antecedente de condena. Sostuvo que el ex jefe comunal "desarrolló artilugios para influir en la declaración de testigos".
Sobre ambos, sostuvo que el arresto domiciliario "no es una medida adecuada para mitigar el peligro de entorpecimiento" porque desde sus domicilios "pueden seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas a través de medios tecnológicos a los que tienen fácil acceso".
Además, en el caso de Martínez, consideró inconveniente que el domicilio consignado para cumplir el arresto esté ubicado al frente de la Municipalidad de Aguas Blancas. Según pudo saber este diario, el fondo de esa vivienda está a solo 200 metros de la frontera con Bolivia. El Ministerio Público Fiscal también señaló la conmoción social provocada por estos hechos.
Ortega Serrano y Martínez están encausados en un trámite en el que también está acusado el juez Claudio Parisi, que está detenido. Los delitos que se les atribuyen se habrían cometido en el marco de la causa por el asesinato por sicarios del hermano del ex intendente, César "Oreja" Martínez.
