La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) acusó a los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero, de “encubrir a los encubridores del crimen” de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Chubut luego de estar desaparecido durante tres meses. Desde hace más de un mes, los camaristas tienen que decidir el fuero que debe investigar la denuncia que en agosto pasado ese organismo de derechos humanos presentó en contra del presidente Mauricio Macri, parte de su gabinete y la cúpula de Gendarmería Nacional. “La decisión es sencillísima: se investiga en Capital Federal o en Esquel. Pero no avanzan y nadie sabe por qué. Pedimos públicamente que se hagan cargo de la maldad que están generando”, advirtió el secretario de LADH, José Schulman. 

“Los tiempos de esta Justicia son arbitrarios”, denunció Schulman. La LADH y el Instituto Sampay denunciaron, a fines de agosto, en los tribunales de Comodoro Py, a Macri; a su jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al jefe de Gabinete de esa cartera, Pablo Noceti; al ministro de Justicia, Germán Garavano; al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; y a las autoridades de Gendarmería. Los acusaron de encubrir la desaparición de Maldonado, que sucedió el 1 de ese mes en el marco de un operativo represivo de Gendarmería contra la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut; de haber violado los deberes del funcionario público y de abuso de autoridad. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó medidas al juez a cargo, Rodolfo Canicoba Corral, durante los primeros días de septiembre. Pero Canicoba se declaró incompetente y sostuvo que la causa debía seguir en Esquel, lugar en donde ocurrieron los hechos. Con la apelación de los denunciantes, la historia continuó en la Cámara Federal. 

Los jueces Bruglia y Ballesteros oyeron a las partes el 10 de octubre pasado. Desde entonces, deben definir si le dan la razón a Canicoba Corral o si la investigación permanece en los tribunales de Retiro. “El expediente no se movió de ahí. Cada vez que pedimos hablar con los jueces, nos contestan que están ocupados”, planteó Schulman.  

“¿Por qué no deciden en qué jurisdicción debe continuar la causa? Nadie lo responde. Creemos que es porque, una vez que tomen la decisión, se deben empezar a hacer efectivas las medidas que pidió el fiscal. El Gobierno debe explicar qué hizo para buscar a Santiago, por ejemplo. A fin de agosto empezamos esto y la impunidad ha encontrado su camino en la Justicia”, se lamentó el referente del organismo de derechos humanos. Los denunciantes temen que, si tras el 24 de noviembre, fecha en la que se espera que se conozca el resultado de a autopsia de Santiago Maldonado, al juez Guillermo Lleral –a cargo del expediente por la desaparición y muerte del joven– se le ocurre cambiar la carátula de la causa, eso genere un efecto dominó sobre la denuncia de encubrimiento y ésta acabe por desmoronarse. “No sabemos si van a tomar ese camino –remarcó Schulman–, lo que sabemos es que no hay explicación válida para esta demora.”