Lila Calderón, referents del Barrio Obrero e integrante del movimiento popular La Dignidad, dialogó con la 750 acerca de las más de 700 obras de urbanización paralizadas por el Gobierno de Javier Milei.
"En principio, claramente es un robo, porque estos son convenios que veníamos ejecutando desde hace ya un tiempo largo", sostuvo Calderón.
La Mesa de Barrios Populares elaboró un informe sobre el panorama a nivel nacional en el que detalla que hay 716 obras que el Estado se había comprometido a hacer y están pendientes de ser terminadas. Son proyectos iniciados por la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) en la gestión del gobierno anterior, cuando estuvo a cargo del área Fernanda Miño.
Hoy está al frente de la Secretaría Sebastián Pareja, un funcionario muy cercano a Karina Milei, que es además es quien se ocupa del armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
"Hay convenios firmados, compromisos. Contábamos con un fideicomiso como parte del impuesto a las grandes fortunas. Había una cantidad de dinero que no se ejecutó. Lo que han hecho es vaciar la Secretaria y llevarse todo el dinero que era para las obras de los barrios populares", denunció la referenta de Barrio Obrero.
"Estamos denunciando esta situación, planteando que hay miles de familias en los barrios populares que no cuentan con los servicios como electricidad intradomiciliaria, veredas, cloacas. Cortaron la posibilidad de que los barrios tengan un buen vivir. Esto hace un retroceso en la vida cotidiana de los vecinos. Hoy son más de 30 barrios que suman al amparo colectivo. Seguramente más barrios se irán sumando. Esto es un robo hacia los barrios populares", concluyó.
