Envalentonado después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura planea activar mañana una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado en un dictamen del radical Angel Rozas que le atribuye “mal desempeño” por haber archivado por inexistencia de delito la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman (entre otros) por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA en base al Memorándum con Irán. Rozas se inspiró, a su vez, en una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff. En esencia, no les agradó la decisión del juez que, a la vez fue confirmada dos veces por la Cámara Federal, avalada por el fiscal de la Cámara de Casación Penal y por prestigiosos juristas. Partía de la base de que el acuerdo Irán no podía ser un delito en sí mismo, que en Argentina lo votó el Congreso, que el parlamento iraní no lo refrendó, por ende nunca se aplicó, ni se creó la Comisión de la Verdad que intervendría para que declaren los acusados, ni quedaron en duda las alertas rojas para lograr su captura.

Rozas puso a circular esta semana el dictamen contra Rafecas y el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, lo agregó en el temario de la reunión de mañana para que los consejeros voten si lo citan bajo la fórmula del artículo 20 del reglamento del Consejo, que es comparable a una indagatoria en una causa penal. La denuncia contra el juez cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados. La primera presentación fue hecha por Carrió pocos días después de que Rafecas archivó la denuncia hecha por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento. Tonelli, quien decidió poner el pie en el acelerador, es el mismo consejero que se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler, que fue aprobada por una mayoría circunstancial del Consejo, producto de que le impidieron votar al senador Ruperto Godoy por no tener título de abogado. Freiler y Rafecas, junto a otros, integran una especie de lista negra de jueces que el Gobierno nacional quiere expulsar, y que difunde desde comienzos de año a través de algunos medios afines.

Si el Consejo decidiera avanzar e impulsar el juicio político a Rafecas en función del dictamen de Rozas, será la primera vez que el organismo se lance a acusar a un juez por el contenido de una sentencia. La jurisprudencia del Consejo y de la Corte Suprema en realidad van completamente en contra de esa posibilidad, pero un párrafo del dictamen acusatorio busca establecer una excepción: “Los jueces no responden políticamente por el contenido de sus decisiones, salvo en los supuestos de desvío de poder o de error judicial continuado o con consecuencias gravísimas”, dice el texto de Rozas, que agrega que los juicios políticos consisten en analizar “la idoneidad” para ejercer el cargo.

La denuncia de Carrió acusaba a Rafecas de resolver rápido, sin investigar, abortando la búsqueda de pruebas y con el fin de “congraciarse con el Poder Ejecutivo”. Wolff coincidía en el concepto, y agregó el relato de una reunión con el juez cuando él era vicepresidente de la DAIA, en la que les habría explicado a las autoridades de la entidad sus razones para cerrar la causa. Recriminó que mostrara que Nisman tenía guardados en su caja fuerte dos escritos donde afirmaba exactamente lo contrario que diría su denuncia: evaluaba de manera positiva la actuación del Gobierno en relación al atentado a la AMIA. El diputado además sostuvo que después de darle una entrevista televisiva al periodista Nelson Castro en la que cuestionó la decisión judicial, Rafecas lo “intimidó y hostigó” en una conversación telefónica y aseguró que escuchó una voz de fondo que le gritaba “te vas a morir hijo de puta”.  

Cuando tuvo oportunidad de presentar un descargo en el Consejo, Rafecas argumentó su decisión sobre la denuncia de Nisman: señaló que ni siquiera existía el comienzo de ejecución de un delito, que no había pruebas de que Timerman presionara a Interpol para dar de baja las circulares rojas y que incluso el secretario General de Interpol, Ronald Noble, lo descartó y planteó lo contrario. Respecto de Wolff, reconoció cuestionarle lo que decía en televisión por tratarse de tergiversaciones, pero negó rotundamente insultos o amenazas. Además, y para contrarrestar el argumento de la supuesta falta de investigación y la celeridad, recordó que con la misma lógica archivó una causa contra Mauricio Macri por la emisión de Lebac y deuda externa por tratarse de decisiones de política económica. En este caso, la fiscal Paloma Ochoa le había pedido una lista de medidas de prueba a las que no hizo lugar. La sala II de la Cámara confirmó luego su decisión.  

El dictamen de Rozas, que agrega una tercera denuncia similar a la de Carrió, acusa a Rafecas de mal desempeño y falta de idoneidad moral por supuestamente: incumplir en forma intencional el deber de investigar la comisión de delitos vulnerando derechos de las víctimas; obstaculizar el avance de la causa relacionada con el atentado a la AMIA, calificado como crimen de lesa humanidad; abandonar su función esencial de tutela de derechos y garantías fundamentales y la eficaz prestación del servicio de justicia; negarse a producir prueba, actuar con parcialidad y finalmente desestimar con “insuficientes fundamentos” la denuncia de Nisman de supuesta existencia de un “plan delictivo” para dotar de impunidad a los iraníes. Rozas dice que dictó un fallo de contenido político, que fue parcial y usó elementos no jurídicos. Da por hecho “actos ofensivos al decoro de la función judicial”, sobre hechos de los que no existen pruebas, solo la palabra de Wolff como “haber hecho una llamada para reprochar y hostigar”.   

Dos de los jueces de Casación que, ya con la presidencia Macri, impulsaron la reapertura de la denuncia de Nisman no sólo no figuran en la lista de indeseables del Gobierno sino que están cerca: Gustavo Hornos es un nombre que le gusta al Presidente para Procurador General y Mariano Borinsky dirige la comisión de reforma penal que reporta al Ministerio de Justicia.   

Uno de los temas históricos por los que el radicalismo -y un sector del peronismo- le tienen particular inquina a Rafecas se remonta a la causa de los sobornos en el Senado, del año 2000, que él consideró probados y por los que dispuso enjuiciar al ex presidente Fernando de la Rúa, parte de su gobierno y a ex senadores. El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos y denunció al juez, pero el Consejo desestimó la denuncia precisamente porque avanzaba sobre el contenido de la decisión judicial del juez. Rafecas también fue denunciado por mantener conversaciones informales por WhatsApp con uno de los abogados del caso Ciccone. El plenario del organismo nunca consiguió los dos tercios para mandarlo a juicio.

El texto que presentó Rozas a sus colegas consejeros alude a un pedido de auditoría que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo. Ambas, además, fueron las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Colegio de Montevideo es el escenario que elige Macri para hablar de “la Justicia” y prometer buscar otros jueces si los que hay no satisfacen sus cánones de búsqueda de la verdad. La impronta de esas instituciones quizá explique también el ensañamiento con jueces como Rafecas que han tenido una actuación crucial en las causas sobre crímenes de la última dictadura. En su caso, además, también fue el primero en decir en una resolución que la denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa (finalmente cerrada por su colega Julián Ercolini) debía ser analizada bajo el esquema de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Una postura similar tuvo como camarista el destituido Freiler, quien fue uno de los que firmó -además- la confirmación de la desestimación de la denuncia de Nisman por encubrimiento.

Dos semanas atrás, el Colegio de Montevideo y Será Justicia alertaron al Consejo que a la luz de los primeros resultados de la auditoría de causas de corrupción, Rafecas tenía retrasos. Lo mismo dijo respecto de Ariel Lijo, quien retrucó de inmediato con la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Al Consejo le presentó una explicación causa por causa con todos los movimientos de investigación y medidas procesales. A Rafecas le achacaban demoras en seis expedientes, decían que no había siquiera indagado, y para refutarlo hizo un informe público que precisa que en tres de las causas tomó indagatorias, dos fueron archivadas por falta de delito y una está en pleno trámite. Rozas insiste en que el 30,8 por ciento de las causas del juzgado de Rafecas tienen más de 5 años de trámite, pero en la de Nisman objetó que se tramitara con celeridad. Lijo también integra la “lista” de jueces en la mira del Gobierno, junto con Rodolfo Canicoba Corral y la camarista de Casación Ana María Figueroa. En la comisión de Disciplina, todo indica que habrá mayoría para citar a Rafecas ya que apoyarían el dictamen acusatorio Tonelli, el delegado del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, el abogado Miguel Piedecasas, Rozas y el radical Gustavo Valdés. No votarían o lo harían en contra el académico Jorge Candis, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el senador del FpV Mario Pais. En la comisión con mayoría se puede resolver una citación. En el plenario de 13 consejeros, mientras rija la ley actual, se requieren dos tercios de los votos, lo que hace el escenario más complicado para el oficialismo. Pero la ofensiva está en marcha. Si avanza esta acusación, además, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo.