Finalmente fueron liberados los cinco gremialistas que habían sido detenidos este miércoles en una serie de violentos allanamientos, por su presunta participación en los disturbios en la Legislatura, durante el debate de la reforma previsional. Según la fiscal María Laura Urquiza, a los dirigentes se les imputa “el delito de haber perturbado la sesión de la Legislatura y además haber cometido el delito de daño”. Todos los imputados permanecerán en libertad mientras la investigación avanza, pero deberán fijar domicilio y presentarse una vez por mes ante el Centro de Justicia Penal de Rosario. En diálogo con Rosario/12, la abogada defensora, Gabriela Durruty, señaló que se trata de “un conflicto claramente laboral” y que no es una situación nueva en la jurisprudencia santafesina: “El derecho a la protesta social es superior a los bienes protegidos en los delitos aducidos por la acusación pública”.
Luego de la audiencia imputativa, este jueves fueron liberados los gremialistas detenidos en Rosario, que habían sido trasladados el miércoles por la tarde a Santa Fe. Se trata de Román González, Franco Casasola y Diego del Castillo, de Amsafé Rosario; y Esteban Molina, de la CTA Autónoma de Rosario. En tanto, Daniel Vázquez, un trabajador recientemente despedido del área de Niñez de Rosario, se presentó de forma voluntaria y siguió la audiencia en libertad. En la causa hay un sexto imputado, Mauro Corna, de la localidad de Teodelina, por quien se hizo una audiencia aparte.
Todos fueron imputados por los mismos cargos: perturbación de una sesión legislativa y daño agravado. En el caso de Corna, se le suma la “tenencia indebida de arma de fuego”, luego de que la policía secuestrara un revolver en su domicilio, durante el allanamiento del miércoles. Los dirigentes gremiales quedaron en libertad, pero deberán cumplir con una serie de requisitos, como la fijación de domicilio en la provincia y presentarse cada 30 días en el Centro de Justicia Penal. Tampoco podrán acercarse a la Legislatura provincial.
En ese marco, Durruty explicó que en el relato del tribunal “hubo una sola conducta que se atribuyó a todos los imputados” y consideró que la citación no reunió los requisitos mínimos. “No fue clara, precisa y circunstanciada”, señaló en diálogo con Rosario/12. “Estamos ante un conflicto claramente laboral. Esta situación no es nueva en la jurisprudencia argentina, ni de Santa Fe. Ya sabemos las consecuencias gravísimas de criminalizar la protesta social. El derecho a la protesta social es superior a los bienes protegidos en los delitos aducidos por la acusación pública”, añadió.
La abogada, que asumió la defensa junto a Julia Giordano y Celina Tidoni, detalló que los delitos imputados a los gremialistas son “los de menor pena prevista” en todo el ordenamiento normativo argentino. Por eso llamó la atención la presencia del fiscal regional, Jorge Nessier, algo poco común en las audiencias. También hizo ruido la imagen de los dirigentes esposados y custodiados por policías encapuchados, portando armas largas, cuando eran trasladados para su liberación. “Podemos apreciar que se trata de criminalizar conductas que no deben serlo y entendemos que esto enciende una alarma en la sociedad”, sostuvo Durruty.
En una misma línea se pronunció durante la rueda de prensa que dio desde los tribunales santafesinos, luego de la audiencia: “Estamos satisfechos porque recuperaron la libertad nuestros asistidos. Entendemos que nunca debió llevarse el procedimiento en la forma en que se llevó. Costó mucho recuperar la democracia en nuestro país para que dirigentes o militantes sindicales que están comprometidos con una vida mejor para toda la sociedad se vean allanados y sus domicilios destrozados, sin haber sido citados en ningún momento”.
Pruebas fílmicas
También en conferencia de prensa se pronunció la fiscal, María Laura Urquiza, quien brindó los detalles del caso. Allí explicó que se acordó junto a la defensa que las personas continúen el proceso en libertad, bajo una serie de medidas cautelares. También reconoció que la evidencia principal contra los imputados surge de los registros fílmicos y fotográficos, tanto de las cámaras de seguridad de la Legislatura, como la de los medios de comunicación que realizaron la cobertura desde el lugar: “Todo eso conformó un vasto plexo de evidencia con el que pudimos determinar, de la cantidad enorme de manifestantes que había ese día, cuáles habían cometido específicamente delito”.
La fiscal también deslizó que podría haber nuevas imputaciones a medida que avanza la investigación. “Hay otras personas que bien pudimos ya determinar en sus rostros, o en sus características, fisonomías que puedan ser luego cotejadas y con quienes se procederá también de acuerdo a lo que la investigación requiera en ese momento”, sostuvo.
Allanamientos violentos
Desde Rosario viajó una comitiva de dirigentes de Amsafé y ATE para seguir la audiencia en la capital provincial. Por la tarde, distintos dirigentes se congregaron frente a la sede de Amsafé en Rosario para recibir a los colectivos que llegaban con los dirigentes liberados. “Después de una gran movilización en la ciudad de Rosario y en Santa Fe, la justicia dejó en libertad a los trabajadores detenidos por pelear contra la reforma previsional de Pullaro”, expresaron los gremios en un comunicado. “Un gobierno que claramente arremete contra los derechos de los trabajadores y que persigue a los que luchan, en total consonancia con el gobierno de Milei”, añadieron en el escrito.
También se conocieron las primeras declaraciones de los dirigentes detenidos. En un video difundido por las redes sociales de Amsafé, el docente Román González destacó el acompañamiento del gremio y la solidaridad de gran parte de la sociedad. También se refirió al “destrato” vivido durante los allanamientos: “Entraron a nuestras casas a la mañana temprano, yo tenía el bebé en brazos y nos quisieron tirar al piso. Fue una situación bastante traumática no solo para mí, sino también para mi hijo”.
En tanto, Franco Casasola, también docente e integrante de la comisión directiva de Amsafé Rosario, dio los detalles del “violento operativo” con el que ingresaron a su domicilio. “Rompieron la puerta de mi casa en un operativo de diez policías. Me esposaron, me detuvieron, me quitaron mis pertenencias e hicieron una incautación de volantes y pecheras de Amsafé”, expresó. “Esta violencia es la que impone Pullaro a quienes protestamos. Lo que busca es amedrentar para que nadie en la provincia salga a reclamar por la situación que estamos viviendo, pero me parece que va a lograr lo contrario”, finalizó.
