A mediados de mayo, el subcomisario mayor retirado Ramón Amarilla acaparó la atención de los principales medios nacionales como vocero de los uniformados misioneros alzados contra el gobierno provincial por reclamos salariales. Fue, en los hechos, la primera protesta sectorial con acciones influyentes (en ese caso, la virtual toma de un comando radioeléctrico de Posadas con un multitudinario acampe) desde que Javier Milei es presidente. Rápidamente se sumaron, aunque con otros modos, personal de educación púbica y de la salud. Algunos lo leyeron como un tiro por elevación al gobierno nacional aliado con la gestión de la Renovación, como se conoce coloquialmente en Misiones al armado político que administra la provincia desde 2003.

Y si bien en un momento convivieron en la provincia simultáneos focos (como los cortes de ruta de docentes o la toma del Ministerio de Salud), el acampe policial captó centralidad púbica a partir de las encendidas alocuciones diarias de Amarilla, quien capitalizó en su voz la atención nacional sobre el conflicto misionero.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de aquello que los uniformados en protesta calificaron como gesta, la suerte de Amarilla, su principal referente, es completamente distinta: está desde el 20 de septiembre en la cárcel de Cerro Azul, un penal de mediana seguridad a 70 kilómetros de la capital de Misiones. Lo acusan “sedición” y “conspiración” junto a otros siete policías que también están detenidos preventivamente en esa prisión. Según la causa, se los investiga por planificar una serie de acciones en septiembre que presumiblemente incluían la provocación de incendios en pastizales para capturar los vehículos oficiales que acudirían al siniestro y la toma de la Jefatura de Policía de la Provincia.

Más allá de la atracción mediática que generó el múltiple conflicto misionero hasta bien entrado junio, y cuando la provincia ya estaba libre de corresponsales, Amarilla fue el primero en desacelerar la protesta: aún se recuerda en las calles del barrio Palomar cuando los uniformados terminaron pactando con el gobierno una paritaria por debajo de lo reclamado, rompiendo de ese modo el frente común de acampe sobre la avenida Uruguay celebrado con los docentes pocos días atrás. En ese momento se entendió que el arreglo incluía también la amnistía a las posibles causas derivadas de la protesta frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.

Sin embargo, el fiscal René Casals lleva adelante una investigación por sedición y hurto de autos en el marco de aquella protesta policial que incluyó un momento de quiebre: la caravana por las calles céntricas con patrulleros capturados y detonaciones que nunca quedaron claro de donde provenían. Dos días después eso, Amarilla anunció que habían llegado a un acuerdo y dio, de ese modo, su último discurso como vocero de la protesta.

La causa que tiene al subcomisario retirado y a otros siete policías detenidos va por otro carril: la tramita Fernando Verón en el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas y refiere a las denuncias de sedición y conspiración por un hecho revelado de una manera particular: hubo una delación interna y luego se confiscó un teléfono con un grupo de Whatsapp presuntamente integrado por los ahora acusados. La fortuna de Amarilla parece atada a unos mensajes por celular que, de momento, parecen ser las únicas pruebas en su contra.

Esas ocho capturas fueron acompañadas además por destituciones, todas anunciadas en un mensaje oficial que especialmente ofreció el gobernador Hugo Passalacqua en compañía de su ministro de Gobierno, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Legislatura y su antecesor en La Rosadita, sede del poder ejecutivo en la provincia. La Renovación construye y capitaliza un conflicto a su medida mientras busca darse músculo de cara a un 2025 electoral.

Aunque ahora todos están en Cerro Azul, Ramón Amarilla fue trasladado allí casi instantáneamente, a diferencia de los demás, que estuvieron tres semanas en una comisaría de Posadas antes que les fuera confirmada la prisión preventiva. Amarilla, a través de su abogado, denuncia “un uso desproporcionado de la justicia” por una excarcelación que se le niega. Y el juicio está claro que no se realizará antes de 2025. Un pronóstico similar se presume para la otra causa resonante de ese penal misionero: la que allí tiene detenidos a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de consumo y circulación de material de abuso sexual infantil.