Los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta revocaron la prisión domiciliaria a Oscar Mario Aguirre, de 71 años de edad, quien fue condenado en abril último a 11 años de prisión por haber intentado perpetrar un femicidio contra la hija de quien era su pareja, un hecho cometido el 3 de agosto de 2022.

En septiembre último la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio, María Montoya Quiroga, quien había condenado a Aguirre, le concedió la domiciliaria, a cumplirse en una finca ubicada en las afueras de la ciudad de Salta, sin pulsera electrónica y sólo con rondas policiales periódicas.

La fiscala de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, y el abogado querellante Federico Ruiz Mattei, apelaron esta decisión y pidieron que se dejara sin efecto la domiciliaria aduciendo que existía peligro de fuga y que los nuevos informes médicos realizados sobre el imputado no eran determinantes.

Los jueces Juan Marcos Ezequiel Molinati y Guillermo Akemeier, de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, resolvieron los recursos de casación revocando el arresto domiciliario y ordenaron que el condenado vuelva a la cárcel.

Los jueces destacaron que la sentencia condenatoria fue confirmada por el Tribunal de Impugnación tres días antes del otorgamiento del beneficio de la domiciliaria, por lo que se debía haber hecho efectiva la condena. 

Lo primero que señalaron Molinati y Akemeier es que la jueza Montoya Quiroga podía tomar medidas de naturaleza cautelar respecto a la modificación del estado de privación de la libertad, "hasta tanto la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, lo cual además hace nacer la competencia de otro magistrado especifico, esto es el Juez de Ejecución". 

También indicaron que la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico) dio dos informes negativos respecto de la factibilidad de monitoreo electrónico de Aguirre. Y advirtieron que tampoco se realizó "informe pericial, junta médica o examen" para que un profesional se expida sobre la viabilidad de que Aguirre pudiera cumplir con su tratamiento en el Servicio Penitenciario o su inconveniencia. 

Montoya Quiroga se había basado "solamente en un examen médico" que "lejos de aconsejar la medida dispuesta se limita a consignar el estado actual de salud, esto es sin lesión alguna, un psiquismo lúcido, y de condiciones físicas generales buenas, todo lo cual, pese a adolecer de hipertiroidismo, hipertensión arterial y síndrome prostático, resulta insuficiente para concluir que dichas afecciones no pueden ser tratadas en el marco de la privación de la libertad en el Servicio Penitenciario", dijeron los jueces de Impugnación.

La vivienda que se había propuesto para que se alojara Aguirre está ubicada en un predio rural entre los cerros y a una distancia aproximada de 120 metros de otra vivienda. Los jueces apuntaron que en el lugar la señal de celular es muy baja. Y allí “se encontraría desamparado ante cualquier inconveniente de salud, contando eventualmente con la asistencia del vecino que tiene 74 años de edad”. También analizaron que el dueño de la vivienda que aparece como responsable judicialmente del cumplimiento de las medidas no habitaría en la misma propiedad.

"Tampoco obra urgencia alguna acreditada en el expediente", advirtieron los jueces, para haber "omitido la realización de los pasos necesarios para la concesión del beneficio, esto es, el informe médico que así lo aconseje, el informe del Servicio Penitenciario al respecto, la conformidad del Sr. G. como persona responsable y la notificación de lo dispuesto a la víctima, entre otros".

Para los jueces de Impugnación, lo resuelto por la jueza Montoya Quiroga no cumple con lo dispuesto en el artículo 10 inciso a del Código Penal y el artículo 33 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, por lo que revocaron la resolución dictada el 23 de septiembre pasado y ordenaron la inmediata detención del condenado, que ya se concretó.

El agresor condenado es ingeniero civil, fue presidente del Instituto Provincial de Vivienda y ministro de la Producción y Empleo durante el gobierno del actual senador nacional Juan Carlos Romero. También tuvo un cargo político de la Secretaría de la Gobernación en 2008 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Además, en 2022 fue contratado como gerente de Coordinación entre el Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas de Municipalidad de la Ciudad de Salta en asuntos de Obras y Servicios Públicos. Según dijo la víctima, Aguirre también decía que era asesor en el Congreso y que por ello viajaba a Buenos Aires, aunque no aportaba a la economía del hogar y desde la pandemia no lo vieron trabajar.

El 3 de agosto de 2022, a las 23, Aguirre intentó matar a S., la hija de su pareja a quien apuñaló 13 veces, estando con su hijo pequeño al lado. La mujer fue hospitalizada y logró salvar su vida aunque quedó con secuelas. S. tiene 42 años, es odontóloga y reclamaba garantías ante la domiciliaria que se le había otorgado a Aguirre en una finca, con dificultades para el control y sin monitoreo electrónico o consigna policial fija.