Los querellantes de Wenance realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para solicitar su intervención “ante la eclosión de distintos fraudes y estafas financieras”, en referencia tanto a la que encabezó Alejandro Muszak, “el Madoff de Olivos”, como a la reciente de RainbowEx, con epicentro en San Pedro, y a Generación Zoe, cuyo cabecilla, Leonardo Cositorto, enfrenta ahora su juicio oral.

La misma lleva la firma del letrado Alejandro Liporace, que anteriormente había presentado una denuncia ante la justicia federal por lavado de activos, que tiene en sus manos Daniel Rafecas. 

La presentación de Liporace ante el Consejo de la Magistratura obedece a un cúmulo de razones.  En diálogo con Buenos Aires/ 12, el letrado sostiene que esas tanto esas estafas como otras, menos resonadas, tienen elementos comunes que ameritan ser observadas como un fenómeno. 

"Primero, el crecimiento exponencial de este tipo de práctica, apalancadas en aplicaciones y herramientas tecnológicas y en la desesperación de grandes franjas de la población, por la crisis económica y social, que obliga a complementar ingresos de alguna manera. Luego, la dificultad de muchos juzgados y fiscalías que con escasos recursos deben encarar investigaciones complejas y hacer frente a organizaciones delictivas sofisticadas, cuyas ramificaciones no terminamos todavía de dimensionar", explica.

Otro grupo de querellantes, que prefirió mantener sus nombres en reserva, traaja en otra presentación ante el mismo consejo. En este caso, para que se evalúen las actuaciones de la jueza Paula Verónica González, hasta hace poco subrogante en el juzgado penal 43, acusada de favorecer a Wenance a través de sucesivas demoras y omisiones. 

Para el letrado, ese antecedente justifica y abona  su tesis de que este tipo de delitos complejos debe ser abordado desde un cuerpo especial, como el que se conformó ad hoc en Estados Unidos para investigar al Madoff original, Bernard, a mediados de la década de los noventa.

A dónde va la causa

Con fecha del pasado miércoles 16, el fiscal ante ese tribunal, José Luis Agüero Iturbe, recomendó que ambas causas por lavado contra Wenance, la de 2021 y la presentada por Liporace, se unifiquen en el juzgado 3, invocando el principio de economía procesal y ratificando así la tesis de Rafecas.

“De esta manera, la decisión más acertada implica aplicar las reglas de conexidad y remitir la causa al fuero Penal Económico para su acumulación, en tanto intervendrá el fuero federal especializado para el conocimiento de conductas como las aquí denunciadas por Liporace, que se encuentran en directa relación con el objeto procesal de la causa número 980/2021 del Juzgado en lo Penal Económico número 3”, sostiene Iturbe.

“Así las cosas, los hechos denunciados conformarían la misma matriz de actuación delictiva, razón por la cual, la división de su investigación y juzgamiento, contradice los principios de economía procesal y pronta administración de justicia”, aclara en el mismo escrito. 

También la causa penal contra Alejandro Muszak y sus laderos, Paola Vallone y Pedro Viggiano, está trabada por un incidente de competencia, entre los juzgados 43 de Ciudad de Buenos Aires, ahora en cabeza de Vanesa Peluffo, y 3 de San Isidro, a la espera de una definición de la corte suprema. 

Muszak también enfrenta procesos judiciales en Uruguay, donde el Banco Central de ese país lo multó con aproximadamente 2 millones de dólares, le revocó la licencia y le impide operar, y en España, donde operaba bajo la marca Abuntia. Fuentes con acceso al expediente no descartan el inicio de acciones legales contra el financista también en Estados Unidos.

Wenance y RainbowEx

Wenance es la fintech que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población. Desde 2016 fue demandada sucesivas veces por usura y cobros abusivos a los tomadores de crédito. En julio de 2023 dejó de cumplir sus obligaciones con los inversores.

La investigación penal confirmó que Muszak realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central (BCRA). Su operación consistía en emitir títulos de deuda por esos préstamos y colocarlos, tercerizando así el riesgo. Llegó a vender hasta seis veces el mismo préstamo, lo que constituye una típica conducta de esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagan los beneficios de los anteriores.

Las empresas fintech, apócope de finance technology, como Wenance tienen escasísimo control por parte del BCRA, debido a que la ley de entidades financieras todavía vigente, sancionada por la última dictadura cívico militar, los desmanteló para facilitar todo tipo de negocios.

Para la normativa, Wenance califica como una prestadora de crédito no financiero, al igual que numerosas mutuales y cooperativas. Amparado en ese vacío, Muszak hizo crecer su operación con prácticas ilegales, que en cualquier entidad debidamente controlada por el Banco Central, hubieran sido tempranamente detectadas. 

RainbowEx fue una estafa piramidal con epicentro en San Pedro, en la que las víctimas creían estar operando con criptomonedas, pero todo era en realidad una gran simulación. Sólo en esa ciudad cercana al Paraná, hay 20 mil damnificados. No se sabe todavía el monto total del perjuicio, pero con su last dance se llevaron 230  mil dólares más:  convencieron a los inversores de que podrían recuperar sus fondos tras depositar un cánon de 88 dólares.  

En una estafa piramidal, cada nivel se encarga de reclutar a nuevos "inversores", que luego harán otro tanto y el dinero fluye siempre hacia arriba. En un esquema Ponzi, los capitales que ingresan los nuevos inversores se utilizan para pagar los intereses de los inversores preexistentes. Pero, por una cuestión matemática básica, es insostenible a mediano plazo. 

La diferencia central radica en que en el primer modelo toda la estructura se dedica a la captación de fondos y el engaño colectivo está más o menos a la vista. En el segundo, un poco más sofisticado, los inversores creen que el dinero que perciben es el fruto de las colocaciones y la administración exitosa de su patrimonio.