Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados este sábado.
"Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio", de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre. Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de septiembre de 1978 le ocasionó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.
El procesamiento llegó luego de una audiencia en la que Zabala no se presentó, por estar supuestamente con un problema de salud. La jueza Urioste dispuso que en caso de que se certifique que su estado le impide ir a una cárcel se sustituya en forma provisoria la prisión preventiva por prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
La magistrada dio un par de horas para que un médico del Instituto Técnico Forense (ITF) evalúe la situación y convocó a una nueva audiencia el 24 de octubre para definir este punto. Sin embargo, cuando el médico del ITF fue a la clínica para evaluar la salud de Zabala no lo encontró porque estaba en su casa, por lo que fue conducido a la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos los condenados por delitos de lesa humanidad de la dictadura.
La reacción de la familia
"A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo justicia. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso", indicó en una publicación en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber.
Por su parte, Luis Alberto Heber expresó en un vídeo: "Naturalmente que el hecho de que se esté haciendo justicia nos genera paz y tranquilidad a nuestra familia, pero no podemos olvidar que atrás de esto hubo un ataque político al Partido Nacional por la resistencia que el mismo estaba haciendo a la dictadura militar".
"Nuestra familia a partir del 78 no tuvo madre; nuestros hijos no conocieron a su abuela; hoy están naciendo sus bisnietos. Lo que nos queda decir es que ha triunfado la vida frente a la muerte, ha triunfado el amor frente al odio. Para nosotros es justo que en un país estas aberraciones humanas no queden impunes. Gracias a la Justicia, aunque ha tardado pero la misma llega", agregó.
Fernando Heber, otro de los hijos de Fontana, también se pronunció al respecto. "A mis viejos, más de 40 años después, logramos darles un poco de paz con verdad y justicia. Sus hijos, nietos y bisnietos hoy agradecemos vivir en la libertad por la que ellos dieron su vida", escribió en su cuenta de X.
El caso
La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978. Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995 y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.
La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, condujeron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.
El fiscal lo acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, estrechamente comprometidos con violaciones a los derechos humanos y con "razones serias" para atentar contra quienes promovían un cambio político.
Posibles implicados
Según Perciballe, no cabe lugar a dudas de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.
El diario uruguayo El País informó que otra de las sospechosas es la exfuncionaria policial María Lemos, acusada de haber escrito unas cartas que acompañaron las botellas, pero hasta el momento no se han presentado pruebas contra ella, a pesar de que la defensa de la familia de Fontana tiene la convicción de que participó en el hecho.
La dictadura uruguaya fue un régimen que se instauró entre 1973 y 1985, caracterizado por la represión política, la violación de derechos humanos y la censura de la prensa. Durante este periodo, el gobierno militar realizó detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos.
