Finalmente, el juez de Garantías Raúl López suspendió el arresto domiciliario con el que había beneficido al ex intedente Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, quien está acusado de interferir en una causa judicial en la que se investigaba el asesinato por sicarios de su hermano, César "Oreja" Martínez. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el magistrado tomó está decisión tras detectar irregularidades en el domicilio donde Martínez cumplía la prisión domiciliaria, en el pequeño pueblo de Aguas Blancas, que linda con el Estado Plurinacional de Bolivia. La decisión del juez López llegó también después de que la Unidad Fiscal que interviene en el caso presentara un recurso de apelación contra la domiciliaria. 

El Ministerio Público Fiscal detalló que la suspensión de la domiciliaria se decidió después de que observar que en la vivienda de Martínez, donde como única medida de control se implantó una consigna policial fija con un total de tres policías y guardia interna, "se venían registrando situaciones irregulares". 

Esas situaciones fueron informadas por la Policía, fuerza que detalló que en esta casa de Martínez como en la del abogado Roberto Ortega Serrano, que está acusado en la misma causa que el ex intendente y también recibió el beneficio del arresto domiciliario, "se recibían visitas de manera constante y a toda hora, con algunas personas retirándose incluso en horas de la madrugada, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de la detención domiciliaria".

Al resolver la suspensión del beneficio que él mismo había concedido antes, el juez López tuvo en cuenta una situación que no había sido considerada con anterioridad. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez señaló ahora que el conflicto en Aguas Blancas, actualmente intervenida con un plan de seguridad y frontera, "hace necesario suspender el arresto domiciliario de Carlos Alfredo Martínez, dispuesto desde el 10 de octubre de 2024". 

El magistrado reseñó que la vivienda en la que Martínez cumplía el arresto domiciliario "se encuentra en una zona de frontera donde pueden surgir conflictos, lo que podría requerir que el personal de custodia asuma otras funciones y dificultar el control por parte de la U.A.D.M.E. (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico) y la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Presos y Libertados".

Además, el juez tuvo en cuenta que la persona propuesta como garante del exintendente no se presentó ante el Juzgado para aceptar el cargo, "lo que hace más vulnerable el control efectivo de la medida". Con estas consideraciones López decidió que Martínez seguirá detenido hasta que se designe un nuevo domicilio dentro del radio de la ciudad y se presente ante el Juzgado una persona de confianza que pueda actuar como su garante.

El juez ordenó el inmediato traslado de Martínez a las dependencias de Infantería, donde quedó detenido a disposición del Juzgado.

La Unidad Fiscal ya había presentado un recurso de apelación contra la sentencia que rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La fiscalía argumentó que el arresto domiciliario no es una medida adecuada para mitigar el riesgo de entorpecimiento, ya que Martínez podría seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas desde su domicilio, utilizando tecnología a la que tiene fácil acceso.

También consideró inapropiado que el domicilio asignado para cumplir el arresto se encontrara frente a la Municipalidad de Aguas Blancas, atendiendo a que este proceso generó una gran conmoción social en el norte provincial. 

"Esta situación agrava la necesidad de implementar medidas restrictivas que garanticen el adecuado desarrollo de las investigaciones", sostuvo el Ministerio Público Fiscal, que destacó que el juez no se pronunció sobre este aspecto al conceder el arresto domiciliario, lo trató ahora al revertir ese beneficio, y añadió que esto "será analizado al considerar las medidas procesales a tomar por parte de la Unidad Fiscal".

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal adelantó que también apelará la concesión del arresto domiciliario al juez de Garantías Claudio Alejandro Parisi, quien está acusado en la misma causa que Martínez y Ortega Serrano. 

Parisi fue detenido el 2 de octubre, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento le quitara su inmunidad en calidad de juez y lo suspendiera en el ejercicio de esta función mientras analiza un pedido de destitución en su contra presentado por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, quien lo acusa por mal desempeño en sus funciones. 

El juez Raúl López le concedió el arresto domiciliario el viernes último, aunque en este caso habría previsto controles con policías y con dispositivos electrónicos. El juez Parisi tiene su domicilio en la ciudad de Orán, un poco más retirado de la frontera con Bolivia, a diferencia de Martínez, cuya casa está a 200 metros de la frontera.