“No hay que prohibir nada, pero sí regular algunas cosas”, señala Walter Torchio. El senador de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone la creación del Observatorio Provincial sobre Inteligencia Artificial cuyo fin, asegura, no está sujeto a crear limitaciones al desarrollo tecnológico. Pero sí deja en claro que el Estado no puede ser ajeno a la temática a raíz de su incidencia en la seguridad, privacidad y control de la información de, en este caso, los bonaerenses.

La intención, remarca Torchio, apunta a crear un marco genérico al estilo de lo realizado por la Unión Europea con el objetivo de “intentar que no se escape el manejo adecuado de la herramienta”. Para trazar un paralelismo, el senador de Carlos Casares advierte lo que sucedió con la energía nuclear: “En las manos adecuadas y con el destino correcto, está bien, pero en las manos inadecuadas y con el destino incorrecto puede terminar en una catástrofe mundial”.

Esta herramienta es definida en el proyecto del legislador como “un tipo especial de tecnología de la información y comunicación, basada en la utilización de datos y algoritmos, capaz de generar aprendizaje y comportamiento considerado autónomo y/o inteligente, así como desarrollar tareas habitualmente consideradas humanas, centradas en la consecución de determinados objetivos, incluyendo diferentes ámbitos de aplicación, entre otros, la percepción, el razonamiento o la acción”.

En los fundamentos de la norma, queda plasmado que “la autorregulación de estas cuestiones no es suficiente”. ¿Por qué? “Si no sabemos quién maneja o supervisa una herramienta que tiene implicancias sobre nuestras propias decisiones hay riesgo de que se vulnere la privacidad y la transparencia”, advierte Torchio a Buenos Aires/12.

No es el único. Semanas atrás, este diario entrevistó a la investigadora mexicana asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, Paola Ricaurte Quijano quien remarcó, en referencia a la IA, que son “tecnologías no funcionan porque por definición no son exactas, tienen errores”. 

En relación a experiencia donde se incorpora la IA a la toma de decisiones dentro de los gobiernos, tal como lo pregona el actual Gobierno nacional, Ricaurte advierte que “esos errores siempre caen en las poblaciones que no están representadas por esos sistemas, para las que no fueron diseñados, que son las mujeres, las distintas identidades sexogenéricas, las personas racializadas, las que tienen algún tipo de discapacidad”. “Es decir, estas tecnologías funcionan para un ser humano estándar que no somos nosotras”, resalta.

Sobre su uso, además, hay experiencias recientes en la Argentina y, particularmente, en la provincia de Buenos Aires. En San Martín, un joven de 17 años y estudiante del Colegio San Agustiniano de San Andrés vendía a través de una plataforma fotos de sus compañeras alteradas con inteligencia artificial para que parecieran desnudas.

Con este marco, Torchio afirma el valor de la IA para, por ejemplo, avances en materia de salud. “Quizás podemos tener un desarrollo en 24 horas que de otra manera sería en 30 años, pero es importante saber quién lo maneja y cómo lo maneja”.

En estos momentos, la iniciativa está en manos de los asesores en las comisiones de la Legislatura, pero Torchio aclara que la ley no será aprobada “sin el visto bueno del Gobernador”. “Es necesario ir avanzando en esta cuestión que, a diferencia de lo que pasó con la PC que tardó más tiempo para que su uso sea masivo, pero ya con la internet este proceso fue más rápido, con las redes más rápido y hoy, lo de la IA, es arrollador y tiene que ver con la vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, apunta.

Sin prohibición

“No hay que prohibir nada, pero sí regular algunas cosas, porque cuando quiere prohibir el efecto que se produce es el contrario”, señala Torchio. El ex intendente casarense explica que viene estudiando el tema desde el año pasado y, agrega, que ya hay varios proyectos de ley en el Congreso Nacional referidos a la regulación de la IA. Entre ellos, uno del diputado nacional y ex ministro de Salud provincia, Daniel Gollán, con quien Torchio se reunirá en los próximos días para intercambiar miradas e información.

A su juicio, el Observatorio tiene que ser una herramienta para estudiar la IA y así, tanto el gobernador Axel Kicillof, como legisladores, especialistas y la sociedad bonaerense, cuenten con datos precisos respecto al desarrollo de este nuevo instrumento. “Es necesario contar con un conocimiento más amplio y poder democratizarlo para que esto pueda llegar al público en general”, subraya.

Torchio hace hincapié en que un mal manejo de la IA puede traer aparejado un “resultado nefasto”. Y, pone sobre la mesa, la privacidad. En este sentido, hay un dato particular que recientemente publicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): el 48 por ciento de las PyMEs argentinas vinculadas a la seguridad invirtieron en IA o tecnologías de Internet de las Cosas.

“Ya sabemos que hay cosas por las que estamos invadidos, como el celular donde consultás por un tema y después aparecen publicidades sobre el tema, entonces, creo que hay que respetar derechos de las personas”, remarca el senador de UxP. “La realidad es que si el Estado dice quiero que IA resuelva determinadas cuestiones pero se resuelven según los intereses de alguien, me parece que es la sociedad la que debe discernir”, agrega.

Además, advierte sobre cómo el desarrollo de esta herramienta puede y va a reacondicionar el mercado laboral. “Antes esto, ¿de qué manera vamos a preparar la sociedad?”, se pregunta Torchio. “Hoy la logística de algunos galpones las hace la IA con robots, en algunos restaurantes las comidas son preparas por robots y a algunos se los preparan para servicios domésticos”, detalla el legislador del interior bonaerense.

“No hay que encender una luz como que acá no pasa nada, hay que ver cómo nos preparamos y qué herramientas ponemos a funcionar. En esto, considero, el Estado no puede estar ausente. En esta materia central, el Estado debe tener un rol importante. De observarla y, seguramente, abordar líneas de regulación, que no se afecte la privacidad, el crecimiento inclusivo y los derechos humanos”, concluye Torchio.

El proyecto

Más allá de la propia creación del Observatorio, el proyecto desarrollado por Torchio establece principios rectores del desarrollo e implementación de la IA. Entre ellos, están la igualdad, el crecimiento inclusivo, el respecto por los derechos humanos, la privacidad, la supervisión por parte de seres humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, la educación y la sensibilización.

El quinto artículo de la iniciativa señala que el Observatorio tendrá a su cargo “el estudio y análisis de las experiencias internacionales, nacionales y de otras provincias argentinas en su materia, a los efectos elaborar propuestas regulatorias actualizadas y que guarden coherencia con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”. Además, establece que el órgano elaborará un informe anual para cumplir estos objetivos.

Respecto a sus funciones, recaerá en su responsabilidad el análisis del diseño y funcionamientos de algoritmos de la IA, aumentar la capacidad para reaccionar desde el ámbito estatal para seguir el paso de la innovación y avance tecnológico, consultar especialistas y solicitar informes sobre diversos temas de la IA a distintas dependencias del Estado.

Sobre la composición, el Observatorio tendrá 4 senadores y 4 diputados, y seis representantes del Poder Ejecutivo provincial que provengan de las áreas de ambiente, ciencia y técnica, justicia y derechos humanos, salud, seguridad y educación. También cuatro representantes de ONG con especificidades en políticas de regulación de IA, y, también, cuatro representantes de universidades nacionales con sedes en la Provincia y con áreas dedicadas a la materia.

Además, prevé la incorporación de representantes de la Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta el posible avance de la IA en las actividades jurídicas.

Todos los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem.