Luego de lo que fue la reelección de Claudio Chiqui Tapia como presidente de la AFA de manera casi unánime —sólo Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata no votaron a su favor— el gobierno de Javier Milei lanzó su contraataque contra la entidad de Viamonte y el fútbol argentino: busca ahogar económicamente a los clubes y forzar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La reelección de Tapia en la AFA
El gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia y a raíz de un pedido de Talleres de Córdoba, había resuelto suspender la reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de la AFA. Sólo se le había permitido aprobar los estados contables, el presupuesto de gastos para 2025 y el informe de comisión fiscalizadora y balance.
Pero la AFA de todas maneras llevó adelante la asamblea, en la que Tapia fue reelecto casi por unanimidad, se anularon los descensos para 2024 y se mudó el domicilio social de la entidad: pasó de Viamonte 1366 a Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, justamente para quedar fuera de la jurisdicción de la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, uno de los más interesados en la privatización de los clubes. También se modificó el estatuto para permitir cinco mandatos en lugar de los cuatro establecidos hasta ese entonces.
El contraataque del gobierno de Milei: ahogo financiero y desembarco de las SAD
A pocos meses de finalizar su gobierno, Mauricio Macri impuso cambios en el DNU 1212/03 emitido por Eduardo Duhalde. El mismo establecía una serie de beneficios impositivos para los clubes de fútbol. La administración de Cambiemos llevó del 6,5% al 7,25% la alícuota que se le cobraba a los clubes por venta de entradas, ingresos de derechos de TV y venta de jugadores.
Pero lo más grave no fue eso. Los clubes pagaban montos muy reducidos por aportes y contribuciones (PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Sistema Previsional y Asignaciones Familiares). Pero con los cambios decretados por Macri, las instituciones tuvieron que comenzar a girar el 14% de su masa salarial al Estado. Además, se le quitó el beneficio a los colegios que dependían de los clubes. El plan era simple: apretar a los clubes y a la AFA para introducir las SAD.
En octubre de 2023, Alberto Fernández y Sergio Massa publicaron el DNU 510/2023 que restituía los beneficios fiscales para los clubes: si bien llevaba la alícuota al 7,50%, se incluía a todos los clubes de todas las categorías, inclusive al fútbol femenino. También se abrió un sistema registral con pautas para refinanciar las deudas acumuladas producto del cambio de 2019.
Milei quiere copiar el mencionado plan de Macri, pero de manera más radical y firmó un nuevo DNU, publicado este martes en el Boletín Oficial, que viene a derogar el 510/2023. Se les dará un plazo de 6 meses a los clubes para readecuarse al nuevo sistema.
El objetivo es desfinanciar a los clubes y a la AFA, los cuales se han plantado prácticamente en unanimidad contra el avasallamiento institucional del gobierno nacional que no tiene otro objetivo que el de imponer por la fuerza el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino. Los más perjudicados serían los clubes más pequeños y con menos recursos.
El miedo a las sanciones de la FIFA
Tanto FIFA como CONMEBOL, al igual que todas las grandes asociaciones deportivas, tienen reglamentos muy explícitos en cuanto a que prohiben las intromisiones de los Estados. Las sanciones pueden incluir la eliminación de los clubes argentinos y de la Selección de sus respectivas competencias.
En diciembre de 2023, el gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que incluyó cambios en la Ley del Deporte. Se destacan la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas y la obligación de las federaciones, asociaciones y confederaciones de cambiar sus estatutos —quieran o no—, los cuales hasta el momento solo reconocen a las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Si bien las entidades deportivas tienen tiempo hasta agosto de 2025 para cambiar sus estatutos —que hoy prohiben las SAD—, el Gobierno dispuso que "no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley". Entonces el Gobierno no solo las obliga a cambiar sus estatutos, sino que en el mientras tanto las obliga a desobedecer el vigente.
De hecho, hace unas semanas la FIFA advirtió que la AFA podría sufrir sanciones si el Gobierno mantiene firme su intervención en el estatuto. Y no es porque la entidad que rige el fútbol mundial esté en contra de las SAD, sino que rechaza de manera contundente que sea el Estado quien intervenga en la toma de este tipo de decisiones y no las propias federaciones.
Es así que en el Gobierno saben que deben moverse con cautela, ya que no pueden exponerse a ser los responsables de que, por ejemplo, River quede descalificado de la Copa Libertadores y de que la selección argentina no pueda jugar las Eliminatorias y quede descalificada del próximo Mundial.
