A dos semanas de que el Gobierno nacional anunciara la “liberalización” del sistema de transporte de media y larga distancia –por el que las empresas podrán definir recorridos y frecuencias-, una encuesta realizada por el Observatorio Social del Transporte revela, justamente, que el valor del pasaje y los intervalos entre micros son las principales preocupaciones de los usuarios del servicio interurbano. Pero, además, constata que la narrativa oficial sobre el retiro del Estado y su construcción semántica como el enemigo del progreso y el bienestar no prende del todo: el 85% de los consultados considera que deben existir aportes públicos (subsidios) para que el servicio sea más accesible, y el 90% está de acuerdo con la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, creado durante el gobierno de Omar Perotti y sostenido por la gestión de Maximiliano Pullaro.

El relevamiento de opinión pública fue realizado en las dos primeras semanas de este mes sobre un universo de 1.500 personas, residentes en 70 localidades de la provincia de Santa Fe.

De acuerdos a los resultados publicados por el Observatorio Social del Transporte, el 75% de los usuarios utiliza el transporte público para trabajar o estudiar. El 25 restante se subi a un bondi para realizar actividades personales o recreativas. Del universo medido, el 50% utiliza diariamente los sistemas de transporte público urbano o interurbano.

Sí al Estado

Un dato saliente de la encuesta ahonda en la mirada de los usuarios de los servicios de transporte de pasajeros en relación al papel del Estado en su administración y funcionamiento.

Ante la consulta “¿estás de acuerdo con que el Estado aporte dinero para que el servicio sea más accesible?”, el 85% de los que respondieron la encuesta afirmó que sí.

Respecto de la continuidad de Boleto Educativo Gratuito, que utilizan tanto estudiantes como docentes, el porcentaje de aceptación es aún más alto: 90% de los consultados.

La decisión del gobierno de Javier Milei de reducir significativamente los aportes estatales a los sistemas de movilidad público hizo que, en Rosario, el valor del boleto se incrementara un 400% en lo que va del año.

El Ministerio de Economía nacional difundió los resultados de las cuentas públicas, que en septiembre volvieron a ser superavitarias. La quita de los subsidios al transporte y el traslado de los costos a los usuarios también cooperaron a ese resultado positivo: las partidas nacionales destinadas a ese ítem se redujeron un 29,1% en septiembre, según los datos publicados por la cartera que conduce Luis Caputo.

El último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) sobre el Índice de Servicios Públicos, de junio pasado, revela las consecuencias de la política de Milei sobre el sector.

El nivel general del uso de los servicios –que también contempla electricidad, gas, agua y peajes- se redujo un 8% interanual. El transporte de pasajeros, en particular, cayó en junio un 14,5%, según el informe del organismo estadístico santafesino. En marzo llegó a su techo de caída, con 33% en relación al mismo mes de 2023.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno nacional a ese estado de cosas en el transporte de pasajeros de media y larga distancia fue el anuncio de desregulación del sistema desde la primera semana de octubre. Entre otros puntos, la nueva normativa permite la definición de rutas, horarios y tarifas por parte de las empresas prestadoras.

Tarifas y frecuencias

El tiempo que transcurre entre el paso de un micro y otro es la principal preocupación de las y los santafesinos encuestados por el Observatorio.

“La frecuencia aparece como el primer problema (84%) siendo el costo de la tarifa el segundo (72,7%)”, señala el informe difundido por la diputada provincial del bloque “Santa Fe sin Miedo” del PJ, Lucila De Ponti. “También surge el estado de las unidades como un problema a considerar (47,1%)”, agrega.

“De la encuesta surge claramente que el principal problema es la baja frecuencia, lo que se explica por una falta de unidades o mala organización de las empresas buscando reducir costos y afectando negativamente a los usuarios”, explicó De Ponti.

La presidenta de la comisión de Transporte de la Cámara baja provincial agregó que “si bien el costo de la tarifa aparece como un problema, queda claro que si el sistema funcionara mejor, más personas lo usarían y la disconformidad de los actuales usuarios no sería tan grande”.

Entre quienes no utilizan el sistema de transporte, el 57,5% de los consultados respondió que no lo elige por la baja frecuencia y las demoras. El 45%, en tanto, no lo hace por considerar los recorridos “insuficientes”.

“En ambos grupos se alcanzó un acuerdo del 90% cuando se les preguntó si de existir la opción del tren la elegirían”, señala el trabajo.

“Estos problemas sólo pueden resolverse con el control del Estado para que las empresas cumplan con su parte, teniendo en cuenta además que más del 60% de los recorridos son realizados por una sola de ellas”, aseguró la legisladora.

En esa línea, añadió que “sabemos que hay que dotar a la Secretaría de Transporte de la provincia de más y mejores herramientas para que esto suceda, por eso venimos impulsando la discusión de una nueva Ley de Transporte para que, por ejemplo, los contratos sean adjudicados a través de licitaciones públicas con pliegos transparentes que estipulen con claridad cuáles son los requisitos que las empresas tienen que cumplir en la prestación del servicio”.