La Policía Federal realizó ayer 29 allanamientos en distintos puntos de Rosario por pedido del fiscal provincial Gastón Ávila, que investiga el mercado negro de armas de fuego, entre ellos una armería ubicada en bulevar Seguí al 1700, en la zona sur. El resultado de los mismos  fue el de siete personas detenidas. Todo el operativo está relacionado con la trazabilidad de armas y cartuchos que fueron utilizados en hechos delictivos. También fueron identificadas personas cuyos perfiles económicos no se condicen con las adquisiciones realizadas, destacaron desde el MPA.

De acuerdo al comunicado enviado desde el Ministerio Público de la Acusación, esta investigación se inició a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024.

 Los procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en abril de 2024.

A partir de un trabajo coordinado desde el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del MPA, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y la Policía Federal, se identificaron a personas cuyos perfiles económicos no se condecían con las adquisiciones realizadas.

Con estos procedimientos, el fiscal Ávila busca acreditar los mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales. Se presume que los siete detenidos serán imputados en los próximos días en el Centro de Justicia Penal.

No es la primera vez que se avanza sobre una armería en una causa provincial impulsada por el Ministerio Público de la Acusación. En agosto de 2021, el dueño de una armería situada en Presidente Juan Domingo Perón y Avellaneda fue acusado penalmente por haber registrado salida de cartuchos a nombre de personas que estaban autorizadas, pero que las entregaban a otras que no tenían permiso. 

 El convenio entre el MPA, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ANMAC y SAIB tiene como objetivo reducir la circulación ilegal de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por el Ministerio Público de la Acusación es el abordaje de los mercados ilegales de armas de fuego relacionado directamente con las violencias altamente lesivas como ser homicidios, heridos de armas de fuego, balaceras, etc.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en la armería Bordoni, ubicada en bulevar Seguí al 1700 (entre España e Italia, de barrio Matheu), comercio que ya fue allanado algunos años atrás en el marco de otra investigación relacionada con la presunta provisión de armamento y municiones a bandas delictivas.

Cabe recordar que en agosto de 2021 el dueño de una armería de la zona oeste fue detenido y su negocio allanado por orden de un fiscal que investigaba la venta de cantidades asombrosas de balas en una operatoria que está por fuera de los controles reglamentarios de la agencia que regula esta actividad comercial.

El local allanado era la armería Carmona, ubicada en Presidente Perón al 4100. Los fiscales de la Unidad de Balaceras comprobaron que realizaba anotaciones falsas en los libros que este tipo de comercios debe asentar los movimientos comerciales. Esos registros son exigidos por la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar) que es la autoridad de aplicación de la actividad.

Lo que se pudo comprobar es que varios de los que figuran como compradores legítimos, que son los habilitados para adquirir balas, no compraron. La conducta atribuida al comerciante buscado fue aprovechar las identidades de la base de datos de la armería para utilizarlas (nombre, apellido, documento, carné de legítimo usuario) a fin de descargar ventas. Eso permitía blanquear la salida de las balas que, estiman los investigadores, se derivaban a terceros en el mercado negro.

Lo que demuestra esto es, a criterio del fiscal interviniente Pablo Socca, la falta de control en el despacho de proyectiles, y lo fácil que resulta despachar desde un mostrador legal ventas en negro, en una ciudad que tiene en situaciones de balaceras y otros tipos de abuso de arma su principal problema de criminalidad urbana.

 En este sentido cabe recordar que en una pesquisa de setiembre 2020 se demostró que en un solo día un comprador adquirió 21 mil balas en la armería Bordoni de Seguí 1745, propiedad de un comisario mayor retirado de la policía provincial. Y que pagó por otras seis mil en una sola jornada de noviembre del año 2020. Sus compras solamente en 2020 totalizaron dos millones de pesos. Lo que se llevaba eran mayormente balas para armas 9, 38 y 45 milímetros. Son los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones.