La resolución 1115/23 de la Unión Europea (UE), que prohíbe el ingreso de producciones que provengan de zonas desmontadas en 2020 o en adelante o de tierras donde persistan conflictos con comunidades locales, postergó su entrada en vigencia hasta el 2026.

La novedad representa una mala noticia para ambientalistas, que esperaban que se instrumente la normativa a partir del 1 de enero de 2025. Pero también genera malestar entre los productores que, en la provincia, representados por la Sociedad Rural Salteña (SRS), entienden que la disposición generará perjuicios en el sector agroexportador de soja y carne.

En 2022, cuando la resolución estaba en debate, el entonces presidente de la Sociedad Rural de la provincia, Carlos Segón, sostenía que en realidad en Salta no había demasiada producción a exportar a la UE. Sin embargo, el actual conductor de la entidad, Joaquín Elizalde, dijo a Salta/12 que se teme que esta sea una punta de lanza para que otros países emitan resoluciones similares que compliquen la exportación de productos de la provincia.

“Lo que más nos pega es la soja y la carne”, afirmó al sostener que se exportan unas 20 mil toneladas de carne de cortes de alto valor por año. El volumen de la exportación de la provincia sería de entre dos mil y tres mil toneladas al año, estimó. Otro producto exportable es la harina de soja para alimento de animales.

Tanto el referente como el director de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicaron que la postergación de la normativa tiene que ver con la necesidad de plantear la trazabilidad de los productos. Son los importadores de la UE los que tienen que verificar que aquello que compran no provenga de tierras desmontadas de manera legal o ilegal desde 2020 en adelante, o de tierras con conflictos que, por ejemplo, en Salta, puede ser con el campesinado o comunidades indígenas.

“Si hacen eso con porotos o con tabaco nos frena todo”, consideró Elizalde al manifestar la preocupación porque resoluciones de este calibre se esparzan en otros países importadores.

Al ser consultado por la situación de los desmontes y su relación con las comunidades originarias, afirmó que “las comunidades indígenas están pidiendo desarrollarse en este momento. Por eso piden el nuevo ordenamiento territorial porque ven que se está acabando el asistencialismo”.

Respecto de los cuestionamientos a las formas de producir, afirmó: “nosotros siempre producimos bien. Tenemos modelos sustentables en el tiempo. Las mediciones de carbono nos dan muy bien”. A ello sumó que el sector es “el segundo empleador más grande de la provincia”.

“Es un año más que habrá deforestación fuerte”

Giardini, por su parte, afirmó que son muchos los países que se opusieron a la resolución de la UE, por lo cual se prorrogó su entrada en vigencia. “Lo que no se negoció es que se cambien los parámetros de qué se va a prohibir”, afirmó el ambientalista. Indicó que la prórroga “no es una buena noticia porque es un año más que va a haber deforestación fuerte”, mientras se decide cómo será la modalidad para que las empresas importadoras de la UE demuestren que aquello que compran no proviene de una deforestación de 2020 en adelante.

“Esta reglamentación que debe interpretarse como una barrera paraarancelaria, redactada por mal entendidos ambientalistas, afecta a economías regionales que quedarían fuera del mercado como la producción de soja de Anta”, afirmó por su parte Marcelo Torino, de la Sociedad Rural Argentina en la reunión que mantuvo con senadores provinciales.

Torino solicitó también un “pronto tratamiento” del proyecto del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), “para redefinir áreas de la provincia que figuran en amarillo en el mapa y que pueden ser aprovechadas para una explotación racional”.

En la sesión del jueves último en el Senado de Salta, el senador provincial Marcelo Carrizo impulsó un proyecto de declaración para pedir a la Nación que a su vez solicitara que la resolución de la UE fuera postergada.