Se conocieron ayer nuevos datos de operativo realizado el martes por el Departamento Antidrogas Litoral Rosario de la Policía Federal, en el que se allanaron 32 domicilios en el marco de una causa que investiga el tráfico de armas en la jurisdicción más violenta del país. Los procedimientos, a cargo del fiscal Gastón Ávila, terminaron con ocho detenidos y la incautación de 56 pistolas y 66 escopetas y fusiles, la mayoría de alto calibre, indicaron fuentes policiales a Infobae. Se incautó, también, una gran cantidad de dinero en efectivo: 17,6 millones de pesos y 123 mil dólares. Pero el dato relevante que se conoció ahora con la distribución de imágenes oficiales es que entre los objetivos se encontró un taller de producción con un torno de alta tecnología empleado para fabricar repuestos para armas. La pista que dio inicio al caso, aseguran investigadores judiciales, fue un cruce de información con la ANMAC.

El fiscal Ávila solicitó mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA una serie de datos sobre compradores de armas que manejaban un volumen notable de material, compradores, por así decirlo, sólidos de papeles a simple vista. Sin embargo, sus ingresos, usualmente de poco menos de medio millón de pesos por mes, no se condecían con la cantidad de armas que compraban en el mercado legal.

En total se secuestraron 122 armas ilegales, muchas de ellas involucradas en hechos delictivos, luego de efectuar 32 allanamientos a armerías y a particulares poseedores de armas de la ciudad de Rosario. El megaoperativo sucedió tras una investigación llevada a cabo a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal de esta cartera ministerial, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024.

Por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gastón Ávila, a cargo del grupo de trabajo de armas de fuego, la Policía Federal Argentina llevó a cabo unos 32 allanamientos relacionados con la trazabilidad de armas y cartuchos que fueron utilizados en hechos delictivos. Inicialmente, se trataba de 25 procedimientos, pero en función del resultado obtenido, se ordenaron nuevos procedimientos entre los cuales se identificó una armería totalmente irregular, ubicada en Boulevard Seguí al 1700, al sur de la ciudad rosarina.

A partir del trabajo coordinado del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la fiscalía de la provincia, se logró identificar a 13 personas que efectuaron más de 5 compras de armas de fuego, en su mayoría calibre 40 y 9mm. Además, fueron detenidos ocho ciudadanos, se sustrajeron 122 armas, un chaleco antibalas, 100 cartuchos de bala calibre 40 mm, 2810 cartuchos de bala calibre 9mm., 1000 cartuchos de escopeta e identificaron a más de un centenar que no se encontraban en los domicilios declarados.

Asimismo, se secuestraron 9724 gramos de marihuana, elementos para armado de dos viveros, 10 teléfonos celulares, 17.695.000 pesos argentinos y 123.285 dólares estadounidenses.

La sospecha era que insertaban las armas en el mercado negro, para que terminaran en manos de la industria rosarina de la droga y el sicariato. “Había gente de bajos recursos que tenía registradas 30 o 40 armas, otros que compraban 1000 balas al mes y no tenían armas a su nombre”, continúa una fuente clave en el caso. También se allanó una pequeña armería ubicada sobre el boulevard Seguí al 1700, que ya había sido objeto de medidas similares en el año 2021.

Entre los detenidos se encuentra Claudio S., titular de un pequeño arsenal, que no fue encontrado por la Federal cuando allanó su casa en la zona sur de Rosario. Registrado en el rubro de demoliciones de la AFIP, Claudio S. llamó la atención de otro investigador en la ciudad más violenta del país: el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios del MPA, que le siguió el rastro como participe necesario de un crimen.

Por otra parte Federico P., que fue arrestado en la calle, un hombre de 35 años que trabaja en blanco para un fabricante de lámparas local, está acusado de haber comprado más de 25 millones de pesos en armas en los últimos quince meses, sin tener la solvencia suficiente para semejante gasto.