Un clima de malestar y tensión se vivió este miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, durante la jura de los nuevos miembros de la Cámara de Ejecución Penal. Allí el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, su par de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, fueron insultados por trabajadores judiciales que concentraban en el lugar. La situación se da en medio de la cruzada que protagoniza el gobernador Maximiliano Pullaro para renovar la Corte Suprema de Justicia santafesina. El martes, el mandatario provincial aseguró que la Justicia “no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita” y este miércoles Rafael Gutiérrez, presidente del máximo tribunal, redobló la apuesta: “Lo que no entiende es la división de poderes, salvo que quiera algunos amigos en la Corte”. Luego de la ceremonia de jura, Bastia habló con la prensa y sus declaraciones tensaron aún más la cuerda con los cortesanos. En ese contexto, este jueves el Sindicato de Trabajadores Judiciales hará un cese de actividades por cuatro horas en toda la provincia.
La asunción de los nuevos integrantes de la Cámara de Ejecución Penal tuvo lugar el miércoles por la mañana, en el primer piso de los tribunales santafesinos. Al evento asistieron Bastia, Cococcioni y Mascheroni en representación del Poder Ejecutivo, que fueron recibidos en el lugar por un reclamo de los trabajadores judiciales, en medio de un clima tenso. También estuvo presente el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, quien tomó juramento a los nuevos camaristas. La ceremonia fue breve y transcurrió con relativa normalidad. El momento de mayor hostilidad se dio a la salida, cuando los funcionarios que responden al gobernador fueron insultados. Incluso se dieron algunos tumultos, que no pasaron a mayores.
La protesta del sindicato tiene dos aristas. Por un lado, el insistente reclamo por la demora del Poder Ejecutivo en la firma de los decretos para ingresos, ascensos, jubilaciones, cesantías, rectificaciones y concursos, que generan un sinfín de problemáticas para el funcionamiento del sistema. A lo que se le suma las consecuencias de la reforma previsional en el sector. Por estos temas vienen pidiendo una reunión con el gobernador, que hasta el momento no se concreta. Por eso, este jueves habrá un cese de actividades entre las 9 y las 13 horas en toda la provincia, donde definirán los pasos a seguir. De no haber novedades, para la próxima semana podría haber un paro por 24 horas.
Pero la concentración de este miércoles en los tribunales santafesinos tiene su capítulo aparte: desde el gremio cuestionan que los nombramientos se dan “a dedo” por el gobernador y sin seguir el orden de mérito del concurso. Se trata de la fiscal rosarina, Valeria Haurigot; el defensor público santafesino, Mario Javier Guedes; y el fiscal de Venado Tuerto, Horacio Pueyrredón. En rigor, el pliego enviado con el nombramiento de los fiscales fue aprobado a principio de septiembre por la Legislatura provincial, donde a Unidos para Cambiar Santa Fe le alcanzó con imponer su mayoría parlamentaria.
Pero las postulaciones no estuvieron exentas de polémicas. En principio, Haurigot y Pueyrredón no habían superado el examen correspondiente para concursar a los nuevos cargos, sin embargo impugnaron la decisión y el jurado terminó resolviendo en su favor. La otra crítica es que los aspirantes quedaron en el octavo, noveno y duodécimo puesto en el orden de mérito correspondiente. Desde el gremio entienden que la decisión del gobierno representa una nueva afrenta de la Casa Gris contra la Justicia.
“En el uso de facultades que tiene el gobernador elige al que quiere. Nosotros entendemos que eso es un retroceso para la cobertura de cargos que necesitan acuerdos legislativos. Por eso nos expresamos dentro de una serie de medidas de los trabajadores judiciales”, explicó Juan Pablo Langella, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, en declaraciones a Rosario/12. “Es un nuevo avasallamiento del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial”, resumió Jorge Perlo, referente de los Judiciales en Rosario, en contacto con este medio.
Desde el gobierno valoraron la creación del nuevo tribunal en el marco del paquete de leyes impulsadas durante el principio de la gestión, que buscaba trazar la política de seguridad y carcelaria de la gestión. “Mediante esta Cámara logramos un orden, porque va a ser el único órgano con la directiva de interpretar la Ley de Ejecución Penal con carácter obligatorio para todos los órganos de primera instancia”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. “Esto nos va a dar seguridad jurídica para todos los santafesinos de que el régimen penitenciario es uniforme y se aplica a todos por igual”, añadió en rueda de prensa este miércoles.
Declaraciones cruzadas
Los insultos y tumultos de este miércoles en los tribunales santafesinos no son ajenos al contexto. Este martes, durante la segunda reunión interministerial del año en el auditorio de ATE Casa España, Pullaro disparó munición gruesa contra el máximo tribunal. “Tenemos que renovar la Corte Suprema en Santa Fe, no porque (sus miembros) sean malos, no cuestiono sus fallos, pero necesitamos una Justicia moderna, eficiente, efectiva, que dé respuestas a la sociedad”, expresó y agregó: “La cima de la pirámide judicial hoy no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita”.
El nuevo round contra la Justicia se da una semana después de que el Partido Socialista presentara un proyecto de reforma judicial en la Legislatura, que tiene como uno de sus principales pilares la ampliación del número de miembros de la Corte. La iniciativa propone elevar de seis miembros actuales (dos de los cuales están vacantes) a siete. Si la propuesta se transforma en ley, el Ejecutivo podría proponer nuevos nombres para tres bancas y dejar en minoría a los tres ministros, hoy enfrentados con el oficialismo.
En ese marco, las declaraciones de Pullaro cayeron naturalmente mal en el Poder Judicial. El propio Gutiérrez salió a responderle en duros términos al mandatario provincial. “El gobernador elogió nuestros fallos. Lo que no entiende es la división de poderes, salvo que quiera algunos amigos en la Corte”, cuestionó en declaraciones a LT8. El cortesano también instó a Pullaro a iniciarle juicio político, en caso de considerar que existen motivos para alejarlo de su puesto: “Tengo 49 años en la Justicia, fui secretario, camarista, y 24 años en la Corte. Nunca tuve un sumario administrativo, ni denuncia. Creo que lo único que le interesa es poner algún amigo en la Corte”.
Este miércoles, Bastia también se refirió a ese tema y consideró que los miembros de la Corte “han consolidado situaciones que no eran acordes a las demandas sociales”. También remarcó que el tribunal hoy no está en condiciones de “llevar adelante los cambios” que el gobierno actual pretende: “Precisamente no tiene que ver con sus fallos, sino con un funcionamiento eficiente de la misma”.
Las rueda de prensa del funcionario en tribunales, que habían comenzado en un tono ameno y comprensivo con el reclamo de los trabajadores judiciales, se terminó convirtiendo en una crítica directa contra los miembros del máximo tribunal. “Nosotros no queremos cambiar la Corte para poner amigos. Lo que pasa es que eso habla más de ellos que de nosotros. Imagínense que uno ingresó porque era el primo y amigo de Reutemann, el otro el abogado personal de Reutemann y el otro se encargó de la Ley de Lemas. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que se dijo alrededor de la Ley de Lemas? Bueno, ese fue el premio para ese cortesano”, cuestionó Bastia, en referencia a Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco, respectivamente.
Rumbo al paro
En medio de todo ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales tendrá mañana un cese de tareas, con la advertencia de que profundizará su plan de lucha. “Nosotros tenemos reclamos puntuales al gobernador por la no firma de decretos del año anterior, que deja sin promoción, ascenso de gente que rindió hace más de tres años y tuvieron que volver a rendir. Es un atentado contra los derechos laborales”, cuestionó Langella. Desde el gremio sostienen que hay más de 90 cargos vacantes en la provincia y 129 decretos que esperan la firma del gobernador.
En Rosario, el reclamo tendrá como escenario los tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini. “Vamos a presentar un pronto despacho a los reclamos administrativos para la firma de los expedientes que el gobernador no quiere firmar. Si eso no avanza vamos a un amparo por mora, donde el gobernador va a tener que responderle a un juez por qué no firma esos expedientes”, explicó Perlo. “Lo más importante es que seguimos insistiendo con el respeto a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”, remarcó.
