Ayer se inició el estado de asamblea y apagón informático en la sede salteña de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La medida, similar en todo el país, es la reacción de los trabajadores ante los anuncios del gobierno nacional de disolución del organismo oficial y recambio de estructura a una Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Es una denominación que usa la agencia de recaudación de Catamarca”, dijo el secretario general de la seccional noroeste de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), Ramiro García Salado.

El sindicalista indicó que debieron suspender operativos ante la campaña de desprestigio que atizó el gobierno nacional en su contra por supuestos sueldos altos, “que no cobramos”, y sí cobraban funcionarios que habían sido nombrados por la gestión de La Libertad Avanza. García Salado dijo que por esta campaña los trabajadores no quieren salir a realizar operativos, por temor a sufrir agresiones. En la provincia, entre otros operativos, los controles de la AFIP han permitido detectar situaciones de esclavitud de trabajadores y trabajadoras sobre todo en emprendimientos rurales.

En uno de esos operativos la AFIP detectó en el norte provincial a trabajadores en situación casi de trata laboral. También detectó un desmonte ilegal de 11 mil hectáreas en 2013.

“El contribuyente que cumple lo hace por miedo a las sanciones”, indicó el referente gremial al sostener que con 264 trabajadores en Salta y Jujuy hay recurso insuficiente para llegar a fiscalizar a todos. “Lo que generamos es la percepción de riesgo” de que podría haber sanciones por los incumplimientos. Pero esa percepción se pierde si es que “se quiere dejar solamente el 20 por ciento de la planta” del organismo. La amenaza de despido es sobre quienes ingresaron en el gobierno anterior, en continuidad con el discurso de que son militantes kirchneristas.

El gobierno nacional, y como parte de la campaña de desprestigio, se habló de sueldos de entre 17 millones y 32 millones de pesos en el caso de los directivos del organismo. “No son más de 21 personas (las que cobran esos haberes) de los 20 mil compañeros que somos” en todo el país, dijo García Salado. A ello sumó que en general los sueldos ni siquiera llegan al diez por ciento de los expuestos por el gobierno nacional, que son de personas que pertenecen a la planta política de la AFIP.

Respecto a la regularización de trabajadores en planta permanente, el gremialista indicó que la última preselección se inició en 2022 y los últimos ingresos fueron entre marzo y mayo últimos.

Por ahora, las medidas de fuerza acordadas en todo el país están previstas hasta mañana. Mientras, se esperan reuniones con las autoridades para contar con información oficial, dado que hasta el momento solo hubo un anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni.