La segunda jornada del juicio a la banda de Los Monos estuvo signada por lo que en rigor pasó fuera del tribunal. El inicio de la primera jornada se demoró por la protesta de ocho detenidos que exigieron no pernoctar en el Centro de Justicia Penal donde se lleva adelante el juicio. Lograron retornar cada día a la cárcel de Piñero. Esta situación fue condenada por el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, quien entendió que si los acusados deciden sobre dónde estar alojados "hay un paso a un crimen organizado que construye su propia cárcel como en Colombia". Carlos Varela, abogado defensor de Monchi Cantero, sintió "vergüenza de que él haya sido decano de la Facultad de Derecho de dónde egresé. Lo primero que debería hacer es volver al secundario y aprender Instrucción Cívica y empezar a respetar el sistema republicano de gobierno, donde el Poder Ejecutivo no puede tener injerencia en el Poder Judicial. Me parece que lo ha olvidado. En este país hay una falta de memoria inmediata. Hoy este gobierno provincial hace lo mismo que hace un tiempo le criticaban al gobierno nacional anterior" disparó sin tapujos.

Ya dentro de la misma sala de audiencias, también hubo tela para cortar: es que los abogados defensores de los principales acusados de la banda cuestionaron en sus alegatos, la labor del juez Juan Carlos Vienna, quien abrió la investigación sobre el grupo criminal tras el asesinato de Martín "El fantasma" Paz. Carlos Edwards y Fausto Yrure, expresaron que "Vienna ha sido funcional al contexto político institucional donde se reclamaba mayor activismo en la lucha contra el narcotráfico y la violencia urbana".

Los letrados señalaron que el magistrado tuvo una actuación "parcial y arbitraria para responder a un contexto político signado por la detención del ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli, y por su relación personal con Luis Paz, padre de Martín", asesinado en septiembre de 2012. "Nuestra teoría del caso será la del fraude a la imparcialidad" agregaron.

Varela, en representación de Ariel Máximo Cantero padre, dijo "que no hay pruebas" en contra de su cliente y que lo encarcelaron "por portación de apellido, pese a que había formado otra familia y tiene cinco hijos".

 

Al Viejo Cantero lo encarcelaron "por portación de apellido", dijeron sus abogados.

 

Los abogados coincidieron en calificar de "exagerados" los pedidos de penas que hicieron el martes los fiscales. Al respecto, contrastaron los siete años que la defensa había acordado con la Fiscalía para Ariel "Guille" Cantero en el juicio abreviado que finalmente no se concretó con los 24 que ahora pide la parte acusadora. "¿Cuándo estaban desvariando? ¿En aquel entonces o ahora?", se preguntó Yrure.

La posta la tomó la fiscal de Cámara, María Eugenia Iribarren, quien retrucó que no era cierta esta afirmación. "A Guille Cantero le había pedido una pena de nueve años en un abreviado que nunca fue aprobado. Pero ahora se revisaron las causas y se recalificó el rol del imputado que tiene ahora una nueva imputación y otro pedido de pena", remarcó la fiscal.

Pero fueron los dichos del ministro Silberstein, los que encendieron una nueva polémica: "Quiero expresar la absoluta disconformidad del gobernador para abajo y de todo el Poder Ejecutivo" con la decisión del tribunal de aceptar los traslados diarios a Piñero. Y rescató así la tarea del Poder Ejecutivo, que "los metió presos, construyó el edificio del Centro de Justicia Penal que tienen cárceles dignas y conformes a los estándares internacionales, y garantizó que este juicio se hiciera. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es oponerse a la decisión de los jueces que resolvieron hacer lo que los imputados les piden".

El abogado Varela fue muy duro también en réplica. Planteó que "esto se ha convertido en una escenificación casi teatral. Lo que podría haber sido una obra de teatro dramática y sofisticada, se ha transformado en un grotesco por la intervención de cuestiones y personas exógenas a lo que debiera ser la normal tramitación de una audiencia. Como persona del derecho me indigna que un ministro de Justicia quiera llevar contra el alambrado a un tribunal para que varíe su decisión. Eso es una injerencia clara del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".

El abogado observó que el gobierno se transforma "en lo que ellos mismos critican y deberían dejar que tanto los jueces, los fiscales y los abogados podamos desenvolvernos dentro de lo que son las reglas del mundo jurídico. Que ellos se manejen dentro del mundo de la política que, por lo que veo, está más cerca del vedettismo de un programa de espectáculo que a la política seria".

En rigor ayer mismo se informó que desde la próxima semana, los días lunes, martes y miércoles, cuatro de los imputados, Guille Cantero, el Viejo, Monchi y Leandro Vilches dormirán en el mismo edificio donde son juzgados. Mientras el jueves, al término de las audiencias regresarán a la cárcel de Piñero. Una forma salomónica de emparejar la decisión del primer día.

En la tercera audiencia fijada par hoy está previsto que hagan uso de su derecho a declarar Monchi Cantero y Lorena Verdún (ex pareja del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, otro de los líderes del grupo señalado como narcocriminal). En cambio, Ariel Máximo Cantero, alias Guille, recién regresaría para la audiencias del lunes.

Por otro lado, los jueces aceptaron ayer el pedido de Emanuel Chamorro para no asistir al resto de las audiencias y se suma a los doce (sobre 25 imputados) que ya lo habían solicitado, entre ellos El Viejo Cantero y algunos de los policías involucrados.